Perú: criminalizan a manifestantes contra proyecto minero

El Ministerio Público de Perú denunció a tres personas y solicitó que sean detenidos preventivamente, por presuntamente haber participado en protestas violentas contra el proyecto minero de Las Bambas en la provincia andina de Cotabambas, que han dejado cuatro muertos y decenas de heridos.

Los acusados son Justino Chiclla Quispe, Edwar Quispe Cuno y Asunto Huamaní Huamán. Los tres fueron imputados por la supuesta comisión de los delitos de disturbios, daños agravados a la propiedad privada y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Según informó el portal Telesur, fue el fiscal adjunto provincial, Walter Vilca, quien «solicitó al Juzgado Mixto de la provincia la prisión preventiva por nueve meses contra los tres imputados, quienes están detenidos en las dependencias de la Seguridad del Estado en la ciudad de Abancay». Además, otras 18 personas que habían sido detenidas durante los enfrentamientos quedaron a disposición de la Fiscalía para ser citadas a declarar «las veces que sea necesaria su presencia».

A pesar de las importantes manifestaciones que llevan ya una semana, el Gobierno peruano afirmó que el proyecto minero iniciado en 2004 no se detendrá. El escenario principal de las manifestaciones se da en Cotabambas, donde se desarrolla el proyecto de producción de concentrados de cobre de la transnacional china MMG.

El conflicto se generó porque en 2013 hubo un cambio de concesión en el proyecto y los empresarios modificaron el estudio de impacto ambiental, lo que se tradujo en la cancelación del mineroducto y la construcción de una planta de molibdeno. Esto ha sido rechazado por la comunidad campesina, la cual denunció que el transporte del material afectará el medioambiente en la zona. Además, bloquearía uno de los accesos de agua más importante en el distrito Chalhuahuacho.

En lugar de abrir un canal de diálogo -como solicitó el propio gobernador de la región de Apurímac (dentro de la que se encuentra Cotabambas), Wilber Venegasel- el gobierno suspendió las garantías individuales, las reuniones públicas y el libre tránsito en toda la región.

Se prevé que el sepelio de las cuatro víctimas de la represión policial se lleve a cabo este jueves, hecho que también fue denunciado por los manifestantes, a quienes tardaron dos días en entregar los cuerpos.