Ayotzinapa: la lucha continúa

Hace un año, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, 80 estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidoro Burgos”, de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, viajaban en colectivo a la localidad de Iguala cuando la policía local los interceptó. Los obligaron a detenerse sobre el camino a fuerza de una balacera a los neumáticos. Luego, encapuchados y vestidos con los uniformes reglamentarios, abrieron fuego. Cuando cesaron los disparos, 43 fueron detenidos y trasladados en camiones de la policía local al Colegio Militar, situado a pocas cuadras del lugar. Esa fue la última vez que los vieron. Hace un año, 25 estudiantes resultaron heridos, 3 fueron muertos y 43 desaparecidos.

Este fin de semana sus padres y los sobrevivientes, acompañados por campesinos, docentes, estudiantes, organizaciones sociales y autoconvocados, sembraron el Distrito Federal de México –como otras ciudades del país y del mundo– de flores, cantos y carteles con los rostros de los 43 normalistas. Caminaron bajo la lluvia durante más de cinco horas, desde la residencia presidencial Los Pinos hasta la Plaza del Zócalo. Contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuando llegaron a 43 gritaron «justicia».

Personas de distintas partes del país viajaron a poner el cuerpo a la manifestación más grande después desde el año 1968. Levantaron pancartas que decían “Fuera Peña”, señalaron a los responsables al grito de “fue el Estado” y ondearon banderas mexicanas de color negro-blanco-negro. Gritaron que el país se desangra e intervinieron las calles de la ciudad más populosa de América Latina con tinta. Marcharon sobre charcos rojos.

El caso Ayotzinapa significa un parteaguas en México. El reclamo no fue sólo por los 43, preguntaron por las decenas de miles de desaparecidos. ¿Cuántos más necesita este país para despertar? Un hombre de barba blanca y anteojos, parado solo en el cordón de la vereda, de frente al andar de la manifestación, sostenía un cartel: “Pudo haber sido un estudiante de mi clase”.

Se disfraza de “mal gobierno” el crimen estatal

“Si el gobierno le apostó al olvido, ya se jodió”, dijo uno de los padres de los normalistas al llegar a la Plaza del Zócalo, frente al Palacio Nacional. Se refería a los diversos intentos de dar por cerrado el caso que, en un primer momento, pretendieron resolverlo aseverando que la policía municipal habría entregado a los estudiantes a grupos paramilitares del Cartel “Guerrero Unidos”, quienes los habrían asesinado e incinerado, borrando así toda posibilidad de dar con sus cuerpos. Pero el argumento no convenció ni a los familiares ni a las organizaciones que exigieron y exigen: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

La respuesta a ese reclamo fue una investigación a cargo de la Universidad de Innsbruck (Austria) que el pasado 16 de septiembre fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Allí se sostuvo que se habían hallado los restos de los normalistas, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, dejó en evidencia las falencias de esa hipótesis.

Por ello, los padres de los jóvenes desaparecidos realizaron una huelga de hambre en vísperas a la reunión con el presidente Peña Nieto, en la que le exigieron un plan de investigación coordinado con organizaciones internacionales que no solo continúe con la búsqueda de los estudiantes, sino que investigue en paralelo las manipulaciones y ocultamientos que se realizaron desde un inicio.

Es que Ayotzinapa no fue un hecho aislado, no fueron solo 43 estudiantes desaparecidos. El 26 de septiembre de 2015 se mostró a ojos del mundo la violencia e impunidad con la que hoy se gobierna en México, ubicando a narcos y fuerzas armadas del mismo lado y apuntando al mismo blanco. La violencia y el miedo se expresaron durante la marcha en los rostros de los manifestantes cada vez que sonó un estruendo, cada vez que los rodeó la policía, cada vez que se produjo un disturbio.

La Escuela Rural “Raúl Isidoro Burgos” es una de las 17 Escuelas Normales que fueron creadas a principios del siglo XX y que logran mantenerse en pie, a pesar de las políticas de desfinanciamiento y desprestigio a las que son sometidas sistemáticamente. Estas instituciones tienen como objetivo formar en la docencia a jóvenes de familias campesinas y funcionan como internados donde los estudiantes estudian, viven y trabajan.

Además de los artilugios para solventarse, la escuela de Ayotzinapa está cruzada por la violencia. Fosas comunes, crimen organizado, corrupción y hasta un alcalde narco, explican por qué sus habitantes se cuestionan si en Guerrero existe un Estado de derecho.

Los días que siguieron a la desaparición de los normalistas, desenmascararon la pertenencia al Cartel “Guerreros Unidos” del alcalde de Iguala, quien decidió fugarse de la ciudad junto con su esposa y el jefe de policía.

Frente a esto, una demanda de la movilización fue la “no violencia”, dejar explícita la indignación, juntarse como hace mucho que no se juntaba tanta gente para decir basta y “cambiar todo lo que deba ser cambiado”, como decía una de las intervenciones en el monumento “El Ángel de la Independencia”. Ahí también una mujer con la cara cubierta pintó un estencil que decía que “buscándolos, nos estamos encontrando”.

Guadalupe Jotas, desde México D.F.

Fotos: Edgar Córdova