Un año sin los cuarenta y tres

Por Micaela Ryan. En la tarde del jueves 24, a dos días de que se cumpla un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres y sobrevivientes se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto. En este encuentro, plantearon ocho propuestas y exigencias para el desarrollo de la investigación.

La propuesta central se basa en la creación de una unidad especial de investigación sobre el caso, exigiendo el apartamiento inmediato de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Agencia de Investigación Criminal, sobre las cuales pesan grandes sospechas de ocultamiento y manipulación de pruebas.

La nueva unidad especial de investigación estará en dependencia directa con la Procuraduría General de la República (PGR) y debe contar con la participación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esta unidad tendrá dos objetivos: la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y el inicio de una investigación para revisar las manipulaciones y ocultamientos que han existido sobre la causa a lo largo de un año.

En el documento dirigido al presidente Peña Nieto afirman que: “No confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre, que los encuentre ya”.

Desde la noche del miércoles 23 de septiembre hasta las vísperas del 26, los padres de los estudiantes desaparecidos llevan adelante una huelga de hambre como gesto de rechazo ante las manipulaciones sobre la investigación y la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto en octubre de 2014.

El sábado 26 los familiares de las víctimas y sobrevivientes de Ayotzinapa marcharán desde la residencia presidencial Los Pinos hasta la Plaza del Zócalo, en lo que se prevé una multitudinaria movilización. El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, anunció que durante la marcha no habrá presencia de granaderos y que el operativo policial se cernirá únicamente al ordenamiento del tránsito.

Un año de encubrimiento y manipulaciones

Hace un año, más de 80 estudiantes normalistas de la Escuela Rural “Raúl Isidoro Burgos”, de Ayotzinapa, Estado Guerrero, viajaban a la ciudad capital de Iguala con el objetivo de recolectar fondos para cubrir las necesidades de su escuela, olvidada por el Estado mexicano, como casi todo lo que es derecho legítimo del pueblo.

Pero la desidia estatal era poco frente a lo que encontraron: un ataque a fuego abierto de fuerzas paramilitares del cartel “Guerreros Unidos” actuando en complicidad con las fuerzas de la policía estadal. Luego, 43 de los 80 estudiantes fueron detenidos forzosamente bajo un operativo absolutamente ilegal, en el que no se implementó ninguno de los mecanismos protocolares y de rutina.

Los estudiantes fueron secuestrados y llevados hasta el 27 Batallón de Infantería de Iguala y luego desaparecidos, hasta la actualidad. Las instalaciones del Ejército fueron el lugar donde los estudiantes fueron vistos por última vez.

Durante las primeras semanas posteriores a las desapariciones, el presidente Peña Nieto no se pronunció sobre el caso que estaba aturdiendo al país. A un mes de ocurridos los hechos, la PGR denunció que los estudiantes fueron detenidos por agentes policiales de Guerrero y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”. Según esta versión oficial, el grupo parapolicial los habría asesinado e incinerado sus restos físicos, anulando la posibilidad de comprobar estas afirmaciones mediante investigaciones genéticas. Para las instituciones gubernamentales, el caso se daba prácticamente por cerrado.

Pero esta versión fue rechazada con contundencia por los familiares de los estudiantes y los sobrevivientes, quienes hasta hoy apuntan a otras rutas de investigación que deben ser investigadas y que están siendo omitidas por las autoridades responsables.

Recientemente, el 16 de septiembre de 2015, la PGR dio a conocer los resultados de una investigación realizada por la Universidad de Innsbruck (Austria), en la que se establece una alta coincidencia genética de restos encontrados en fosas comunes con el estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz. Sin embargo, los peritos del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) -que participan de las investigaciones en representación de los familiares de las víctimas- no respaldan esta versión debido a la ausencia de elementos que logren sustentarla.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dio a conocer en mayo pasado que algunos de los cien detenidos por el caso Ayotzinapa habían denunciado torturas para que se declararan culpables respecto al caso.

Las cifras de la muerte en México

El crimen de Estado cometido contra los estudiantes y sus familias, revelaron ante los ojos de millones de personas, la profunda crisis institucional y humanitaria por la cual atraviesa el país mesoamericano. El entramado de encubrimientos, ilegalidades y crímenes cometidos por el gobierno dirigido por Enrique Peña Nieto no ha podido ser ocultado por las estrategias comunicacionales y psicológicas implementadas por Televisa y CNN.

Hoy, México se desangra, y eso no es secreto ni para su población -que rechaza en un 77% la gestión del presidente- ni para el resto del mundo.

Durante lo que va de 2015, en promedio desaparecen 11 personas cada 24 horas en territorio mexicano. Una mujer es asesinada cada tres horas y media. En la última década, 80 periodistas fueron asesinados y 17 fueron desaparecidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce la existencia de 27.243 personas desaparecidas en la actualidad.

El caso de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado desató una ola de movilizaciones en el Estado Guerrero, mientras que forzó a que muchos gobiernos e instituciones internacionales reconozcan la gravedad humanitaria por la que atraviesa la población de ese país.

Organizaciones y familiares de víctimas del narcoestado se han sumado a la lucha de los padres de Ayotzinapa, tal como plantea el último punto de sus reclamos: “Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México”, en el que se exigen la inclusión de las familias de desaparecidos en el debate de la Ley General de Desaparición Forzada.

La claridad y la contundencia de los elementos enunciados por los familiares y sobrevivientes de Ayotzinapa a un año de su desaparición, brindan signos de esperanza en un panorama desolador y terrorífico: la evidencia de un pueblo que persiste en su lucha por verdad y justicia.

Así lo manifiesta el último párrafo del texto, dirigido a Peña Nieto: “Mientras que no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos; mientras las víctimas no seamos tratadas con dignidad; mientras los asesinos no sean detenidos y castigados; mientras los narcopolíticos sigan gobernando; mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!”

@LaMicaRyan