Autoridades de la UBA imputadas por casos de corrupción

El martes 22 de septiembre el fiscal federal Franco Picardi imputó a 40 autoridades y funcionarios de la UBA por negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La investigación que puso al descubierto los negocios espurios de los “Buenos Muchachos de la UBA”, tal como la titularon al presentarla el pasado 24 de junio en el programa Minuto Uno, fue inmediatamente tomada y profundizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Luego de la emisión del programa periodístico de C5N el Área de Delitos contra la Administración Pública del organismo, coordinada por el fiscal Milton Khaski, dispuso una investigación que concluyó que las operaciones ilícitas denunciadas “no resultan ser aisladas, sino que por el contrario, conforman un conjunto de maniobras ilícitas cometidas por funcionarios públicos que desempeñaron distintos cargos estratégicos en esa casa de estudios, y por personas cercanas a ellos”.

En base a la denuncia de la Procelac, que detalla elementos que configurarían delitos tales como negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el fiscal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5, decidió imputar a 40 funcionarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre los que se destacan el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, el secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti, y el ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías también de la Facultad de Económicas, Sergio Gastón Ricardo.

Los tres, también asesores de Martín Lousteau -por lo que también se investiga la derivación ilícita de fondos de la universidad para el apoyo de la campaña electoral del candidato a jefe de Gobierno por la coalición ECO-, son acusados de utilizar sus cargos jerárquicos en la UBA para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las que mantenían vínculos directos.

Giusti, quien fue secretario de Hacienda de la UBA y candidato a legislador porteño por el PRO, se había visto obligado a renunciar a su cargo de decano de la Facultad de Ciencias Económicas en abril de este año, envuelto en escandalosas denuncias de corrupción.

En aquél momento el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Adrián Lutvak, apuntaba que había una “verdadera crisis institucional y política” de la UBA en el que “el caso de Económicas no es aislado, ya que hace un mes vimos la renuncia del vicerrector Darío Richarte por sus vínculos con la SIDE y Stiuso, y hay decenas de conflictos abiertos por falta de presupuesto y persecución política”.

El requerimiento de instrucción del fiscal Picardi describe una operatoria ilícita de contrataciones millonarias con fondos públicos para empresas amigas elegidas a dedo que fue posible gracias a la anuencia de los directivos del área administrativa del Clínicas Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli. La denuncia de Procelac sostiene al respecto: “Podría inferirse que ellos fueron designados estratégicamente en ese cargo para favorecer sus intereses privados y de su círculo de confianza”.

Las contrataciones irregulares involucran a un conglomerado de empresas entre las que se destaca Medipack S.A., constituida en 2003 por Diego Pellegrini, cuñado de Sergio Gastón Ricardo, que entre 2008 y 2014 obtuvo 69 contratos por más de 11 millones de pesos. Esta operatoria de contratos dirigidos a miembros del “círculo íntimo” de los funcionarios investigados no se acaba en el Hospital de Clínicas. También se pudieron comprobar maniobras similares en el Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna), del que Ricardo fuera director entre 2009 y 2014, período durante el cual Medipack le facturó más de 140 mil pesos.

La investigación además señala que en la Facultad de Ciencias Económicas también se planteó un esquema de contrataciones irregulares a través de Lucas Cipcic, presunto testaferro de Yacobitti. Aquí la implementación se dio mediante una presunta red de consultoras que cobraban sin ofrecer contraprestación alguna. Para ese armado habría sido clave la designación Ricardo como secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad.

La investigación de la Procelac va más allá de las figuras de Giusti, Ricardo y Yacobitti, planteando la responsabilidad no sólo de los funcionarios cómplices de la UBA (en algunos casos designados específicamente para encubrir esta red de ilícitos) sino también la de miembros del conglomerado de empresas involucradas, en algunos casos parientes de los principales denunciados.

Durante estos años de irregularidades los imputados han evidenciado un crecimiento de sus patrimonios “de manera apreciable e injustificada”. La imputación de Picardi sostiene: “Dicho incremento patrimonial se habría configurado mediante la utilización del dinero ilícito para solventar ostentosos viajes y gastos diarios, como así también para adquirir bienes inmuebles, vehículos de alta gama y hasta una aeronave, tanto a su nombre como a nombre de las sociedades y de las personas que fueron descriptas como su círculo íntimo”.

Según Picardi “estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal, y dejar de lado el tan preciado bien común por el que deben velar”.