Corte Suprema: el derecho a huelga y un debate irresuelto

Seguramente la más famosa fue la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para debatir los puntos conflictivos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esa no fue la única. Desde su nueva conformación, el máximo tribunal hizo de las audiencias públicas un hábito, del cual el caso «Orellano» es su más reciente ejemplo.

Hace dos semanas, en la sala de audiencias de la calle Talcahuano, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se sentaron a escuchar y discutir sobre la titularidad del derecho de huelga: particularmente, si un grupo de trabajadores puede tomar medidas de acción directa contra su empleador sin el respaldo de su sindicato.

Al margen de las posturas ideológicas de cada uno, lo cierto es que por momentos pareció estar discutiéndose lo obvio. En efecto, excepto por la exposición de Daniel Funes de Rioja –vicepresidente de la Unión Industrial Argentina–, el resto de los participantes opinó en el mismo sentido: el derecho a la huelga está en cabeza de los trabajadores y no es sólo potestad de sus organizaciones gremiales.

Curiosamente, también acordó con ese precepto el abogado Horacio Desimone, representante de la empresa Correo Oficial de la República Argentina, pese a que en 2009 despidieron a Francisco Orellano, obrero de la planta de Monte Grande, precisamente por participar de una huelga no convocada por el sindicato.

Así, durante una hora, y con la excepción referida, en ese sentido expusieron Ricardo Cornaglia (Universidad Nacional de La Plata), Julio Fuentes (Asociación de Trabajadores del Estado), León Piasek (Asociación de Abogados Laboralistas), Pablo Micheli (Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma), Liliana Constante (Asociación de Abogados de Buenos Aires) y Alejandro Ferrari (Central de Trabajadores de la Argentina de los trabajadores).

Los aplausos a Lorenzetti

El primero en exponer su versión del caso en concreto fue el abogado de la empresa, Horacio Desimone. Ante la mirada de los tres jueces, el expositor informó que durante dos semanas los obreros realizaron asambleas en pleno horario de trabajo, pese a que su sindicato discutía por esos días la actualización de la escala salarial en paritarias formales.

Pero tan pronto como quiso continuar con el relato, el ministro Maqueda lo interrumpió. Le preguntó por qué creía que los trabajadores no habían recurrido a su sindicato en vez de tomar por sí mismos las medidas de fuerza, por qué la empresa no negoció con ese grupo de obreros que paralizaban la planta de Monte Grande y si hubo gestiones por parte de los empleadores antes de comunicarle el despido a Francisco Orellano.

Según Desimone, la empresa advirtió al obrero sobre la prohibición de realizar asambleas en los lugares de trabajo, aunque reconoció que ellos, los empleadores, no consideraban que esas manifestaciones hubiesen configurado una huelga.

Tras esa definición, llegó la intervención del ministro Lorenzetti, quien interrogó de forma tan aguda al abogado de la empresa, que incluso le valió el aplauso de los asistentes.

Preguntó primero sobre las razones del despido, pero tan pronto como Desimone respondió, volvió buscando mayores precisiones: “¿A ustedes les molestó el modo de ejercer la huelga o el ejercicio de la titularidad del derecho?”, “¿Lo que critica es el modo? ¿Entonces por qué en el telegrama (de despido) hacen referencia a la representación?”, “¿No le parece que eso es contradictorio? Es decir, si usted dice que los trabajadores tienen el derecho a ejercer la huelga y luego dice que en realidad lo que tienen es que pedir que el sindicato la declare, ¿no hay una contradicción?”.

Casi recompuesto, el abogado continuó su exposición hasta que insistió con que, para la empresa, las manifestaciones no habían configurado una “huelga declarada”. Lorenzetti lo interrumpió una vez más: “¿Una huelga declarada por quién? ¿Por las organizaciones sindicales? Pero si usted acaba de decir que la titularidad (del derecho a la huelga) la tienen también los trabajadores, entonces no necesita declararla el sindicato”.

“¿La reunión en sí misma es un acto ilegal? ¿Reunirse dentro de la empresa es ilegal?”, le recriminó la máxima autoridad judicial al abogado. Y agregó después, reprochándole que la empresa haya utilizado los calificativos “ilegal” y “antijurídico” para referirse a las reuniones de trabajadores: “¿Eso no implica llevar a una criminalización de la reunión, o de la protesta, o de la resistencia, sea respecto a la empresa, respecto al gremio o respecto a cualquier otra cosa?”.

“Esto corre el eje de la cuestión”

Tras la exposición sobresaltada de Desimone, tomó el micrófono Matías Cremonte, abogado del despedido Orellano. Y aunque tuvo menos inconvenientes para presentar sus argumentos, el final de la audiencia dejó algunas dudas.

Sobre los datos concretos aportados por la empresa, Cremonte precisó algunas cuestiones. En efecto, aclaró que durante las dos semanas de conflicto, las medidas de fuerza habían sido tomadas por el sindicato legalmente autorizado para ello, y que las reuniones llevadas a cabo por los trabajadores de la planta de Monte Grande –sin autorización de la organización gremial– sólo duraron tres días. Además, reconoció que sí, que era cierto que el sindicato con personería gremial se encontraba por ese entonces discutiendo con la empresa la escala salarial, pero que los trabajadores de Monte Grande reclamaban por cuestiones propias, independientes de las paritarias.

«Los trabajadores –explicó el abogado–, durante esos tres días, se siguieron reuniendo porque había parte de sus reivindicaciones que no habían sido tratadas en la negociación colectiva formal. No era que no estaban contentos con el aumento salarial, sino que había reivindicaciones que hacían al trabajo en ese establecimiento en particular”, señaló.

Sin embargo, la explicación torció el rumbo del debate. “Para el planteo suyo –apuntó Lorenzetti– no es tan importante la discusión sobre quién tiene la titularidad del derecho de huelga, sino el derecho de reunión”. Y agregó: “Esto corre el eje de la cuestión. No estamos discutiendo la titularidad del derecho de huelga, sino el derecho de reunión».

Hacia el final de la audiencia, sólo quedaron los intentos del abogado Cremonte por exponer las similitudes entre la huelga y las asambleas de trabajadores y las quejas de la ministra Highton de Nolasco, quien manifestó abiertamente su confusión “porque lo que están diciendo ahora no tiene nada que ver con el expediente”.

En resumen, sin plazo para resolver, todo indica que la sentencia de la Corte Suprema no llegará sino hasta dentro de algunos meses. Si allí se recogerá o no la cuestión de la titularidad del derecho a huelga, será una incógnita hasta ese día.

Federico Dalponte – @fdalponte