ONGs contra Venezuela

Un documento firmado por una serie de ONGs el 9 de septiembre ha circulado por distintos medios. En el, se denuncia al gobierno de Venezuela por supuestas “violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera entre Colombia y Venezuela”. Entre estas organizaciones figuran algunas de origen argentino, entre las que se destaca, el CELS.

“Durante las deportaciones se registraron prácticas estigmatizantes hacia los migrantes y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Las deportaciones colectivas, la decisión del gobierno de Venezuela de declarar el estado de excepción en una zona fronteriza, el cierre de la frontera y la forma en la que se está controlando la zona son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”, manifiesta el documento firmado por 33 organizaciones de Venezuela, Colombia, México, Guatemala, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Chile y Bolivia.

Sin embargo, no se establece a qué tipo de acciones concretas se refieren como tampoco se presentan denuncias formales que den cuenta de estas acusaciones. Hasta el momento, ningún tipo de denuncia se ha formulado en las instituciones estatales pertinentes, como así tampoco se han registrado casos en los que niños y niñas hayan sido separados de sus padres. Sin embargo, las cadenas informativas de Colombia y todo el continente latinoamericano han transmitido este mensaje de manera permanente, desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera Táchira-Cúcuta, el pasado 19 de agosto. Las razones de esta medida, fundamentadas en un ataque paramilitar contra funcionarios de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, son por su parte, obviadas u ocultadas.

Actualmente, no se han registrado más de 1100 personas deportadas. Todas están vinculadas con actividades ilegales y no poseen documentación migratoria. Asimismo, se derribaron tres casas en territorio venezolano, que eran centros de prostitución, narcotráfico, depósito de armas e incluso, una de ellas poseía calabozos para cautiverio de secuestrados.

Derechos humanos y ONGs

¿Por qué, entonces, estas “organizaciones no gubernamentales” se pronuncian categóricamente sobre este tema? Esta pregunta nos lleva irremediablemente a indagar sobre los puntos en común que las agrupan y, fundamentalmente, a cuestionarnos a quiénes representan estas ONGs.

Las “organizaciones no gubernamentales” son figuras -jurídicas o no- que se arrogan la representación de la “sociedad civil” o “tercer sector”. En Argentina, las primeras ONGs surgen durante el período democrático iniciado en 1983, pero su florecimiento se establece en la década de los ’90.

Financiadas por “donantes”, se encargan de sugerir políticas públicas a los Estados, investigar y establecer proyectos de desarrollo en materia social o representar a la “sociedad civil” en ámbitos internacionales. No obstante, no existen mecanismos claros que den cuenta de la representación real, ni existen procesos jurídicos que establezcan quiénes pueden conformarlas.

No es casual, por su parte, que estos tipos de formatos -que pueden expresar a distintos sectores de la sociedad, independientemente de su poder adquisitivo o interés- hayan sido la expresión que el modelo neoliberal instaló como “interlocutores válidos” de los sectores por fuera de Estado.

Pero, ¿qué tienen en común las organizaciones firmantes del documento? Lisa y llanamente, sus patrocinadores. Es decir, coinciden en ser financiadas por las mismas entidades. Para tomar algunos casos como ejemplo, vemos que PROVEA, organización que ha participado activamente en procesos desestabilizadores en Venezuela, recibe financiamiento de fundaciones y organismos radicados en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Australia, Finlandia, Noruega, Suiza, Alemania y España.

Esta ONG declara que recibe dinero directamente desde organismos, empresas y Estados, entre los que figuran la Fundación Ford, la farmacéutica Fundación Merck, Open Society Institute y varias embajadas de países extranjeros y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La organización Open Society Institute es dirigida por George Soros, quien se ha dedicado a construir su fortuna a partir del ejercicio financiero vinculado a las guerras de Medio Oriente y al desarrollo de proyectos energéticos en América Latina, siendo uno de los principales promotores del Plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional SudAmericana). Soros es uno de los diez hombres más ricos de Estados Unidos, según la revista Forbes, fortuna que desarrolló mediante su capacidad en el mundo de la estafa mundial.

Coincidentemente, el CELS, organización argentina de reconocida trayectoria que firma el documento, indica en su página web, recibir aportes por Fundación FORD (Estados Unidos), Amnistía Internacional, Embajada Británica en Buenos Aires, National Endowment for Democracy (NED – EEUU), John Merck Foundation (EEUU) y la Unión Europea, entre otros.

Lo llamativo reside en que, preocupadas por los derechos humanos, nada dicen sobre la situación de desplazamientos forzados en territorio colombiano. Colombia, actualmente, es el segundo país con mayor cantidad de desplazados por conflictos bélicos en el mundo con más de seis millones de desplazados.

Asimismo, las ONGs omiten mencionar que en Venezuela habitan más de 5.600.000 colombianos, de los cuales 170 mil han sido beneficiados con una vivienda social a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o que casi diez mil han aprendido a leer y escribir a través de la Misión Robinson.

Tampoco se han pronunciado por la situación extrema que están viviendo en la actualidad los refugiados sirios, víctimas de violencia institucional sistemática y muertes constantes en su ingreso a territorio de la Unión Europea. La pregunta, entonces, se mantiene: ¿a cuál sociedad civil representan?

Por su parte, otra serie de organismos de derechos humanos de Argentina como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el premio Nobel Adolfo Perez Esquivel y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (LF), entre otros, se han manifestado con un mensaje más ligado a la realidad cotidiana de los pueblos de ambos países. Asimismo, vinculan el conflicto generado en la frontera colombo-venezolana con un contexto geopolítico donde Libia, Siria, Europa y el paramilitarismo colombiano no están ocultados.

Estas organizaciones, que no son financiadas por los entes anteriormente enunciados, no temen al denunciar claramente una cara del conflicto que ningún gran medio en Colombia y en gran parte de nuestro continente ha abordado:

“De todas las degradaciones humanas que el conflicto armado ha deparado a Colombia, el paramilitarismo es una de las peores consecuencias y enfrentarlo del modo más firme es un aporte inconmensurable a la vigencia de los derechos humanos en Venezuela y una muestra de que se puede frenar y derrotar al paramilitarismo si hay voluntad política. Es una gran lección para el pueblo y gobierno colombiano”.

Por Micaela Ryan – @LaMicaRyan