Venezuela y Colombia llaman a consulta a sus respectivos embajadores

Inesperadamente, luego de una reunión bilateral entre las cancilleres de ambos países y que fue catalogada como positiva por las funcionarias, este jueves Venezuela y Colombia retiraron a sus respectivos embajadores aumentando la tensión tras el cierre de la frontera decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los embajadores convocados son: por Colombia Ricardo Lozano y por Venezuela, Iván Rincón. A su vez el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó a la canciller María Ángela Holguín a convocar una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para “contarle al mundo lo que está sucediendo”.

Por su parte la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó que los avances alcanzados en la reunión con su par María Ángela Holguín en Cartagena “se vean frustrados por la soberbia de sus autoridades”. Asimismo, dijo a través de su cuenta de Twitter que revisarán integralmente sus relaciones con Colombia, “en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y la guerra económica”.

La iniciativa de llamar a consulta al embajador fue tomada en primera instancia por Bogota y así lo informó a través de las redes sociales.

#AtenciónFrontera Canciller llamará a consultas al embajador en Venezuela por orden de @JuanManSantos.

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) August 27, 2015

Poco más de una hora después Caracas anunciaba la misma decisión respecto al titular de su sede diplomática en el país vecino.

Siguiendo instrucciones del presidente @NicolasMaduro hemos llamado a consulta a nuestro Embajador en la República de Colombia, Iván Rincón

— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) August 28, 2015

¿Por qué Venezuela cerró su frontera?

Tras un atentado contra una patrulla en la frontera con Colombia el presidente Maduro ordenó el cierre de la frontera y declaró el Estado de Excepción en en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad, Urdaneta e Independencia del Estado de Táchira. Allí se ordenó el despliegue de la Operación de Liberación del Pueblo (OPL), acciones en las que participan los cuerpos militares y policiales de manera combinada.

La decisión de Caracas generó todo tipo de discursos y especulaciones. Los medios de comunicación hegemónicos continuaron con su campaña de desprestigio acusando al gobierno venezolano de autoritario por la deportación de 1118 colombianos indocumentados que vivían en los distritos fronterizos. A su vez el actual senador y ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, acusó a Maduro de promover “el odio contra ciudadanos colombianos”.

Sin embargo, en los hechos se demostró que la resolución fue muy efectiva. Por un lado el lunes fue capturado uno de los autores del ataque a los militares venezolanos, Wilmer Alexis Tarazona, un venezolano de 27 años. Al día siguiente cayó el paramilitar colombiano Diego Burgos luego de enfrentarse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El detenido portaba una granada, municiones y pequeñas cantidades de droga.

Además mediante la OPL se hallaron e incautaron “material paramilitar en casas que servían de refugio para contrabandistas; adentro de las viviendas había altas sumas de dinero, aparatos electrónicos y uniformes militares”, según informó el portal Telesur y 11 personas relacionadas con el contrabando también fueron apresadas.

Otro hecho que cobró notoriedad en los últimos días fue la problemática de la enorme cantidad de colombianos y colombianas que emigran cotidianamente a Venezuela pero ahora se encuentran impedidos de hacerlo. Tan solo en lo que va de 2015, 121 mil personas de nacionalidad colombiana han cruzado la frontera escapando de la crítica situación política, social y económica de su país.

La situación cambió a ambos lados de la frontera. Mientras que en Venezuela se registró una disminución de los delitos comunes así como también comenzaron a aparecer productos de primera necesidad que escaseaban (como resultado del desmantelamiento de las redes de contrabando), del lado colombiano pasó lo opuesto.

Cúcuta, la región de Colombia que linda con Táchira en Venezuela, recibía gran parte de los productos venezolanos subsidiados que cruzaban la frontera de manera ilegal, entre ellos el combustible. Esto produjo que en los últimos días haya faltante y se generen largas colas en las estaciones de servicio. Situación similar vivieron el resto de los comerciantes que vendían los productos traídos desde el vecino país mediante el contrabando.

Esta situación ha tensado la relación entre ambas naciones y si bien parecía que la reunión entre las cancilleres había significado un avance, la decisión del gobierno de Santos de este jueves va en el camino inverso.

Más allá de esto, el viernes se realizará una movilización en Caracas para respaldar las acciones del gobierno. Bajo el lema de “Venezuela exige respeto”, la convocatoria partirá desde diferentes puntos de la ciudad hacia el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) “para defender el derecho de los venezolanos y colombianos que residen en el país a vivir en paz”.