Congreso “Provida” en la UNC: las libertades que nos faltan

Bajo el lema “No más Silencio” el próximo 27 y 28 de agosto se realizará en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) un nuevo Congreso Provida, organizado por estudiantes nucleados en Universitarios Por la Vida. La oposición estudiantil y del movimiento de mujeres y un debate sobre el modelo de universidad.

El Congreso retoma su continuidad luego de tres años, en un momento donde la discusión sobre la legalización del aborto, a diez años del nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es un debate instalado en la agenda pública.

La visibilización de la lucha por la legalización del aborto, enmarcada en la lucha que miles de mujeres enfrentan diariamente contra la violencia y la opresión, fue también una de las banderas presentes en la multitudinaria marcha del “Ni Una Menos”.

A su vez, en este último período, organismos internacionales como Amnistía Internacional y Fondos de Población de las Naciones Unidas, han tomado entre sus manos la despenalización del aborto como eje de trabajo, presionando a los gobiernos de los países latinoamericanos a adecuarse a las normas y tratados internacionales que promueven los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

Dentro de este marco, no es inocente que un Congreso de estas características se realice en la ciudad de Córdoba, lugar donde el derecho al aborto no punible fue declarado inconstitucional por la justicia provincial al fallar a favor de un amparo presentado por el Portal de Belén. Su principal representante, Aurelio García Elorrio, quien presentó el amparo en el año 2012, es el fundador de la organización y director académico del nuevo Congreso Provida que se realizará el próximo 27 y 28 de agosto.

Tampoco es casual que el congreso se realice en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales en el centro de la ciudad de Córdoba, entendiendo el lugar estratégico de referencia y legitimidad que brinda la casa de altos estudios en la provincia. En este sentido, resuenan algunas cuestiones de fondo: ¿qué lugar ocupa la educación pública en este debate?

Por una universidad pública, gratuita y ¿laica?

“La Universidad es el espacio de formación de los futuros profesionales, el espacio de quienes influirán en la sociedad y en la vida de todas las personas con su accionar en diferentes campos”. De esta manera inicia su invitación al evento el grupo de Universitarios por la Vida, organización que nuclea en el espacio estudiantil a uno de los sectores más conservadores  y activos en la lucha contra la despenalización del aborto en la provincia de Córdoba.

Y continúa: “Una formación integral no se desentiende del valor de la familia, espacio natural donde crecemos”. Por eso, el Congreso pretende abarcar desde la modificación del Código Civil y la objeción de conciencia de los y las profesionales, a los problemas actuales de las familias, el amor adolescente y la nueva “revolución cultural en defensa de la vida”, en la cual la organización estudiantil y el Portal de Belén son sus principales portavoces.

Dentro de estas concepciones -poco inocentes a pesar de sus nombres- se esconde una clara intención de incidir en el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos a través de la formación de profesionales objetores de conciencia.

De esta manera, el III Congreso Provida no sólo se manifiesta en contra de la despenalización del aborto, sino que en su propuesta impone un modelo de familia y de regulación de las relaciones sociales que lejos de ser una “cultura” en pos de la vida, es una cultura de la opresión.

El fortalecimiento de la idea de “mujer=madre” invisibiliza a su paso, por ejemplo, todo el proceso por el cual una mujer decide interrumpir voluntariamente un embarazo, desde la falta de conocimiento previo o el restringido acceso a métodos anticonceptivos, hasta las relaciones de poder y fuerza dentro de las relaciones sexuales entre los sujetos.

Abarcar el aborto desde la complejidad de las relaciones sociales implica pensarlo como un tema de salud pública, una problemática política que existe y se lleva a miles de mujeres por año por las condiciones en las cuales se practican los abortos clandestinos, pero a la vez como una lucha incesante por la emancipación de la mujer, donde la maternidad sea un destino a elegir y no una obligación.

En el ámbito de la salud, la formación de profesionales que actúan en base a sus convicciones religiosas afecta de manera directa la autonomía de la usuaria de un servicio público de salud, al obstaculizar por motivos religiosos y morales el acceso a las mujeres a la información, a indicar métodos anticonceptivos o proveer la medicación correspondiente, e incluso a practicar un aborto en los casos donde es legal, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal.

En el plano jurídico se sobrepone la formación de profesionales en materia de “derechos del niño por nacer” contra los derechos de una vida digna y plena en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Ante los nuevos protocolos y guías para el acceso al aborto no punible, los reclamos por parte de organizaciones internacionales para que Argentina se adecúe a las normativas que aseguren el acceso al aborto, es claro que la ofensiva de los sectores antiabortistas debe generar nuevas estrategias.

Por eso la decisión de hacer este tipo de Congreso en la universidad pública no es para nada inocente. A pesar de que la UNC se haya declarado públicamente a favor de los tratamientos necesarios para la despenalización del aborto en el año 2010 y haya apoyado actividades enmarcadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las disputas en torno a la orientación del conocimiento que brinda la universidad sigue siendo un tema que provoca grandes debates al interior de la casa de estudios.

El movimiento estudiantil, lejos de quedarse al margen de la discusión, presentó en la última sesión del Consejo Superior, un rechazo a la realización de la actividad en los espacios de la Universidad Nacional de Córdoba. La consiliaria por el Frente 20 de Diciembre, Gabriela Giacomelli, presentó sobre tablas un repudio.

La repercusión de esta discusión no tardó en llegar a los representantes de los sectores conservadores que salieron en defensa de la actividad,  justificando que la Universidad debe “garantizar que se escuchen todas las voces”.

El debate iniciado en el Consejo trae consigo un debate de fondo que la “pluralidad de voces” no puede esconder: la necesidad que tienen algunos sectores de orientar la producción académica y el perfil profesional de los y las estudiantes a las ideas conservadoras que rigen y mantienen el sistema patriarcal dominante por sobre nuestros cuerpos y nuestras propias subjetividades. Así, intentan desconocer las necesidades de nuestro pueblo y, en este caso en particular, del movimiento de mujeres.

Agustina Juarez Marcos, desde Córdoba