Bachelet: segundo tiempo de “realismo sin renuncia”

A mediados de julio la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, convocó a la prensa para comunicar la nueva estrategia de su gobierno. “Es un momento para revisar lo hecho y rectificar lo que sea necesario. Sabemos que hemos cometido errores y hemos podido tener fallas importantes”, reconoció.

Bachelet fue explícita en señalar que en lo que queda de gobierno no podrán cumplir con todo el programa de la Nueva Mayoría, ese que tuvo un inédito apoyo de 62% en las últimas elecciones presidenciales. “La administración estatal no estaba preparada para procesar cambios estructurales”, señaló. Pero la principal razón esgrimida fue la situación económica, que no le permitirá al gobierno contar con los recursos que tenía previsto. Una frase teñida de ambigüedad es lo que marca el segundo tiempo para Bachelet: “Esto es realismo, sin renuncia”.

¿Cómo llegó Bachelet a tener que reconocer que los cambios estructurales que prometió no se llevarían a cabo? La situación política en Chile en el último año y medio ha dados giros inesperados.

Estalla la corrupción

A fines de 2014 se destapó una verdadera caja de pandora de la relación entre política y dinero. A través de boletas ideológicamente falsas -servicios prestados que no existieron en realidad- Penta, uno de los principales holdings financieros del país (con negocios en educación, salud y pensiones, entre otros), financiaba ilegalmente a partidos ligados a la derecha chilena. La investigación permitió a la Fiscalía descubrir que la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), la principal minera no-metálica del mundo, utilizaba el mismo formato para evadir impuestos y financiar ilegalmente a la política, tanto a la derecha como a la Nueva Mayoría.

SQM es dirigida por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, quien hizo su fortuna en dictadura y adquirió la codiciada empresa cuando fue privatizada en 1987. Casi como un símbolo de la transición pactada en Chile, Ponce Lerou tejió poco a poco sus redes de influencia en el mundo político, tanto con la derecha como la antigua Concertación (coalición gobernante entre 1990 y 2010). Tanto que su empresa -que en su directorio tiene a hombres como Juan Antonio Guzmán y Hernán Buchi, ex ministros de Pinochet- tiene 11 millones de dólares en boletas sin justificar.

A todo esto se suma otro caso de corrupción que involucra directamente a la familia de la presidenta. En enero se supo que la empresa Caval, de propiedad de su nuera, Natalia Compagnon, obtuvo un crédito de 6.500 millones de pesos chilenos del Banco de Chile, propiedad de Andrónico Luksic, cabeza del grupo económico más grande de Chile. El préstamo se oficializó un día después del triunfo de Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales de 2013 y tras una reunión personal entre Compagnon, su marido e hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos y el propio Luksic.

El dinero era para la compra de unos terrenos en Machalí, que se valorizarían tras la aprobación del cambio del plan regulador de la región. Un caso de especulación inmobiliaria que dejó a Caval con una millonaria ganancia y una investigación judicial por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Ambos casos han marcado la política chilena. La presidenta enfrenta hoy una desaprobación de 70% y por el caso SQM se vio obligada modificar su equipo político completo, removiendo a hombres clave como Rodrigo Peñailillo (involucrado en el financiamiento ilegal de la campaña de la actual mandataria) y Alberto Arenas, representantes de la nueva camada de dirigentes de la Nueva Mayoría, esa coalición que dejó atrás a la Concertación y se perfilaba con una agenda de reformas estructurales en el modelo chileno como la educacional y la constitucional.

Bachelet decidió volver a lo que Chile conocía: Jorge Burgos, histórico concertacionista, pasó al ministerio del Interior y Rodrigo Valdés, economista del FMI, al ministerio de Hacienda. Movimiento de tinte neoliberal que fue aplaudido por el mundo empresarial.

Es la economía

La reforma tributaria aprobada el año pasado reflejó el nivel de influencia que tienen los poderes económicos en la política. Críticos de una reforma que limitaría un poco sus beneficios tributarios, la presión fue tan grande que el gobierno -sin la necesidad de hacerlo, pues contaba con los votos en el parlamento para aprobarla- modificó la reforma después de un acuerdo con los principales gremios empresariales.

Y en este segundo tiempo del “realismo sin renuncia”, las reformas se han moderado. El actual proyecto que “moderniza las relaciones laborales”, impide que la negociación colectiva sea por rama o sector económico, manteniendo uno de los históricos pilares del Plan Laboral de la dictadura. El ministro Valdés se ha encargado de calmar al empresariado, preocupado porque la reforma afectaría a la producción y la creación de empleos. Así es como, por ejemplo, si bien se elimina el reemplazo en huelga, se establece la existencia de “servicios mínimos” para el funcionamiento de la empresa.

La reforma educacional pasa por una situación similar. La presidenta reconoció que la prometida gratuidad era inviable. Ahora, se financiará al 50% de la población más pobre, mediante un nuevo sistema de financiamiento que no cambiará el marco normativo vigente. Es decir, habrá gratuidad bajo el mismo desregulado sistema en el que se maneja hoy la educación superior. El financiamiento requerirá de una serie de requisitos para las instituciones de educación superior, pero incluirá tanto a las públicas como las privadas.

Este panorama se corona con el regreso de uno de los históricos. Ricardo Lagos, ex presidente entre 2000 y 2006, época recordada por las concesiones y consolidación del modelo neoliberal chileno, volvió con todo. En entrevista con El Mercurio señaló: “La gente me dice que vuelva para poner orden”.

Lagos, un estatista, es reconocido por su aceptación transversal en la élite chilena. “Los empresarios aman a Lagos”, fue una de las frases célebres de su período presidencial. Hace una semana visitó La Moneda, invitado por Jorge Burgos, mientras Bachelet estaba fuera del país. El ministro del Interior ha recalcado más de una vez la importancia histórica de la Concertación. Un regreso al discurso de la vieja guardia que, tal como tituló El Mercurio, se personifica en torno a una figura: “Lagos, fuerte y claro”.

Francisco Parra