Organizaciones guatemaltecas convocaron a un paro nacional contra las elecciones

La crisis social y política de Guatemala se agudiza a medida que se acercan las elecciones generales del 6 de septiembre. Los casos de corrupción que involucran a distintos políticos han provocado manifestaciones masivas exigiendo la renuncia del presidente y una reforma electoral.

En este contexto la Asamblea Social y Popular (ASP) compuesta por más de 70 organizaciones civiles de Guatemala convocó a un paro nacional en rechazo a las “ilegítimas, ilegales y fraudulentas” elecciones que se llevarán a cabo dentro de poco más de dos semanas. Según el representante del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual, la protesta se realizará del 25 al 27 de agosto.

Pascual remarcó uno de los pedidos centrales de la población al considerar que el presidente Otto Pérez Molina «debe renunciar a su cargo para que sea investigado» por los casos de corrupción que involucran también a ex funcionarios del Gobierno del Partido Patriota (PP).

Por su parte Esperanza Tubac del movimiento Ajins subrayó que “las elecciones son ilegales porque los partidos políticos han violado reiteradamente la ley con campaña anticipada, violaron el artículo 113 de la Constitución, además han sobrepasado el techo del gasto de campaña». Por eso advirtió que quienes accedan a los cargos «serán personas corruptas y ladronas si los guatemaltecos no rectifican a tiempo”.

El proyecto de reforma electoral que apoyan las organizaciones sociales se encuentra trabado en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso por los partidos mayoritarios que se oponen a las modificaciones planteadas. Así lo han manifestado la mayoría de los diputados que rechazan las reformas para que tenga validez el voto nulo y la transparencia del financiamiento de los candidatos.

El 6 de septiembre Guatemala irá a las urnas para elegir un nuevo binomio presidencial, 158 diputados al Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y a los miembros de las 338 alcaldías.

Cuatro meses de crisis

Cuando el 16 de abril de este año se destapó la olla, pocos imaginaban lo que se venía. En esa fecha la Fiscalía guatemalteca y la comisión de la ONU contra la impunidad anunciaron la desarticulación de una banda de contrabando y defraudación aduanera presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Tan solo unos días después, y luego de varias movilizaciones en contra del gobierno, el diputado indígena del Movimiento Winaq de Guatemala, Amilcar Pop, denunció al presidente Otto Pérez Molina y a Baldetti por ocho delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Así el 7 de mayo el la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó de forma unánime la apertura de un antejuicio en contra de la vicepresidenta, aunque descartó avanzar en investigaciones contra el jefe de Estado. Un día después Baldetti presentó su renuncia.

Esta situación abrió un proceso de investigación sobre otros funcionarios. El viernes 15 de mayo presentó su renuncia el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. En su explicación alegó “persecución política y chantajes” por parte de integrantes del principal partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), aunque también integrantes de esta agrupación están siendo investigado por supuestos actos de corrupción.

Siguiendo ese camino, el 20 de mayo la justicia guatemalteca arrestó a los directores del Banco Central de Guatemala (Banguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tras ser acusados de un fraude por unos 14,5 millones de dólares.

El militar Juan de Dios Rodríguez presidía el IGSS desde abril de 2013 por ordenes del presidente Molina que lo había designado justamente para combatir la corrupción en esa institución. Por su parte el presidente del Banguat, Julio Suárez, fue privado de su libertad por los casos de corrupción comprobados durante su gestión.

Desde el Ministerio Público se informó que los detenidos están involucrados en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 14,5 millones de dólares a favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.

“La farmacéutica Pisa de Guatemala obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social, pero desde esa fecha han muerto 15 pacientes y otros cien se han infectado de peritonitis”, detalla el texto difundido por la fiscalía.

Poco tiempo después la Fiscalía y la comisión especial de la ONU contra la impunidad también solicitaron a la justicia local retirar la inmunidad al candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, Édgar Barquín, por estar también vinculado a varios casos de corrupción.

Según una encuesta de la empresa Prodatos, el índice de desaprobación del mandatario Otto Pérez Molina aumentó al 88% en la última semana, mientras que el de la ex vicemandataria Roxana Baldetti subió al 92%.