De la Corte de Apelaciones a la ONU

La disputa legal entre Argentina y los fondos buitre liderados por Paul Singer sumó nuevos episodios la semana pasada al conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, así como los resultados de una nueva reunión entre los abogados que defienden a ambas partes en los tribunales de Thomas Griesa. En el plano internacional Argentina se anotó una nueva victoria tras conocerse un informe de investigación llevado adelante por Naciones Unidas.

Entre Griesa y la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York falló a favor de la Argentina luego de cinco reveses judiciales seguidos (y unos 12 tomando a toda la justicia norteamericana), y le dio la razón al país en la apelación referida al tratamiento de los me too y la incorporación de estos acreedores al fallo favorable que los buitres tienen en la justicia de Estados Unidos desde julio de 2014.

Los me too son aquellos acreedores que durante todo este tiempo aguardaron la resolución del conflicto entre Argentina y los buitres, interviniendo tras recibir estos últimos un fallo favorable. Conocida la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no intervenir en el conflicto, dejando firme el fallo Griesa, pretendieron sumarse a la sentencia que les había dado la razón a los fondos NML Capital y Aurelius.

Griesa había dado curso a las diversas presentaciones de los me too, acrecentando la deuda argentina en unos ocho mil millones de dólares y llevando el total adeudado por el país a cerca de 15 mil millones.

La Argentina había decido apelar dicha resolución en abril de este año. El 10 de agosto pasado finalmente la Corte de Apelaciones falló indicando que el juez neoyorquino se había excedido en sus atribuciones y debía recalcular la deuda de acuerdo a lo indicado por la propia Corte en agosto de 2014.

Según la cámara de segunda instancia, Griesa nunca realizó una audiencia probatoria y “en lugar de seguir nuestra orden y adoptar un enfoque individualizado de daños y perjuicios, el tribunal resucitó la clase original de definición de los demandantes”. De aquí en adelante, y de acuerdo a lo sostenido por el fallo, Griesa deberá revisar que parte de la deuda se incorpora a lo reclamado en la sentencia original y discriminar los derechos que tienen los diferentes tipos de acreedores.

Mientras esto ocurría, en la misma semana, pero el día 12 de agosto, Thomas Poole Griesa volvió a darle un espaldarazo a los fondos buitre. Durante una audiencia celebrada entre las partes, el juez dio luz verde para la aplicación de la cláusula Discovery.

Bajo dicha figura los buitres pretenden embargar activos argentinos considerados de uso comercial que el país posee en Estados Unidos, quedando excluidos bienes diplomáticos y comerciales. El objetivo es bucear en activos pasibles de embargo para efectuar mayores nivele de presión como los ya ejercidos con el embargo de la Fragata Libertad o la casa de José de San Martin en Boulogne sur-Mer.

Sin embargo, pese a este resolución, Griesa evitó pronunciarse acerca de si los bienes del Banco Central, YPF o ENARSA fungen de alter ego del Estado argentino, como reclaman los letrados que representan a Paul Singer, y por lo tanto pasibles de embargo. Este accionar del juez del Distrito Sur de Nueva York roza la violación de la ley de inmunidad soberana (FSIA por sus siglas en inglés).

En este sentido, el ministro de Economía Axel Kicillof sostuvo que “no hay ningún bien del Estado argentino en esas condiciones (bienes comerciales). Eso es lo que ya se le explicó y sobre el punto que insisten los fondos buitre en esta etapa, para sostener la presión sobre Argentina. Entre los cuatro puntos de su presentación, pedían que el juez dijera que cualquier bien que fuera propiedad de Argentina pudiera ser ejecutado. Le explicamos al juez que los bienes existentes en Estados Unidos del Estado argentino son de uso militar o diplomático. Ahora Griesa reconoce que no son embargables pero insiste en que hagamos un listado del resto, aunque no hay ninguno”.

Fallo a favor en la ONU

Junto a la disputa legal, el conflicto con los fondos buitre se libra en distintitos planos del escenario nacional y local, entre ellos Naciones Unidas. Consumada la derrota en los tribunales norteamericanos en julio del año pasado, desde el gobierno nacional se decidió llevar el pleito a la palestra internacional, denunciando el accionar de estos actores especulativos en distintos foros y apelando al Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Fue este mismo comité el que relevó un informe presentado por la Argentina sobre el accionar de los buitres y decidió elevarlo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su tratamiento en vías de alcanzar un marco legal internacional que permita la regulación de este tipo de capitales especulativos y su impacto sobre las economías de los distintos países.

Según destaca Cancillería “el informe de investigación fue preparado por el experto suizo Jean Ziegler y contó con la contribución de expertos en derechos humanos y economía así como con la información brindada por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En el mismo se analiza el impacto negativo que los fondos buitre tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las acciones que éstos, individualmente o en conjunto, pueden tomar para enfrentarlos”.

Entre las medidas propuestas por Ziegler y elevadas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se cuenta la necesidad de evaluar la sostenibilidad de las deudas soberanas no solo bajo aspectos económicos, sino también en el impacto que las mismas puedan llegar a tener como limitantes en el accionar de los Estados en pos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

Leandro Navarro – @navarro_lean