Ser millonario, requisito para alcanzar la presidencia

Una maliciosa pregunta sobre sus ahorros en dólares lo llevó a decir: «Cada quince días estaba en Europa, corría en Montecarlo, en Atlantic City con Donald Trump, iba a Miami para los grandes premios, viajaba por todo el mundo. En fin, tenía un buen pasar».

El buen pasar al que se refería el entrevistado es similar al que atraviesa en la actualidad, pues, figure o no en una declaración jurada, comparte con su compañero Donald Trump el privilegio de ser uno los principales candidatos a la presidencia de su país.

La cita, publicada en el diario Tiempo Argentino en 2013, en efecto refiere a dos millonarios. Uno es el ya nombrado precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, dueño en Atlantic City del hotel y casino “Trump Plaza”; el otro, el interpelado, es obviamente Daniel Scioli.

Su reciente promesa de declarar públicamente su patrimonio luego de las primarias renovó un debate habitual en los últimos tiempos. Nadie duda de la fortuna del candidato, pero sí se cuestiona su escasa transparencia, su obstinada permanencia en la penumbra, su incapacidad de demostrar –en definitiva– que no la forjó sorteando la ley.

Sin embargo, los años invertidos en debatir sobre el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios velaron la otra discusión, la del legítimo incremento patrimonial, ese que no tiene reproches legales, ese que es incluso bien visto en determinados círculos pero que constituye la síntesis de una tendencia nacional: hay que ser millonario para aspirar a la presidencia.

Así entonces hay millonarios impulsores de las paritarias libres, millonarios postulantes del endurecimiento de las penas, millonarios represores de la protesta social y hasta millonarios con discurso invertebrado, adaptable a las diferentes circunstancias. Pero en cualquiera de los casos, indefectiblemente, la riqueza personal es la condición mínima, la carta de entrada que le permite a un argentino soñar seriamente con ser presidente.

La fortuna de los que quieren ser

Con la prodigiosa exactitud que sólo confieren los centavos, Sergio Massa informó en 2014 poseer exactamente 2.768.320,92 pesos. Contando en su haber con un par de propiedades a orillas del delta del Río Paraná, una camioneta y cuatro cuentas bancarias diferentes, el candidato del Frente Renovador aprovecha las posibilidades del oficio elegido.

Desde fines de la década de 1990, –cuando trabajó con Ramón “Palito” Ortega en la Secretaría de Desarrollo Social y, luego, cuando fue electo diputado provincial–, el tigrense amasó la fortuna y el poder político que le permiten desde hace dos años dedicarse exclusivamente a su ambición presidencial.

Ambición, por cierto, que comparte con el ingeniero Macri, dueño de un patrimonio de 60 millones de pesos y dos millones de dólares. Su declaración de bienes, presentada este año ante la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, se destaca por sus inversiones inmobiliarias, sus acciones en sociedades comerciales del rubro agropecuario, préstamos realizados por más de 30 millones de pesos y hasta inmuebles en el extranjero.

De igual modo, aunque alejados del sueño presidencial, el peronista José Manuel De la Sota y el radical Ernesto Sanz integran también el selecto grupo de millonarios que se dedican a tiempo completo a la actividad política.

El actual gobernador de Córdoba declaró, a fines de 2014, un patrimonio de más de 4,5 millones de pesos entre dinero en efectivo, inversiones financieras, acciones, un inmueble que representa un cuarto de su fortuna y una lancha con motor fuera de borda.

Por su parte, también en 2014, el senador mendocino declaró poseer cinco inmuebles, cuatro terrenos y tres autos que, junto al dinero en efectivo y otros tantos dólares, suman algo más de 2,6 millones de pesos.

La fortuna de los que fueron

¿Puede cualquier ciudadano, incluso con el respaldo de su agrupación política, disputar la presidencia? Ojalá, pero lo cierto es que desde la sanción de la Ley 25.118 de «Ética en el ejercicio de la función pública» todos los presidentes declararon ser millonarios al momento de asumir el cargo.

El primero en estar obligado a presentar su declaración patrimonial fue Fernando De la Rúa. En plena vigencia de la convertibilidad, declaró una fortuna de tres millones de pesos, repartidos en dos inmuebles, una veintena de terrenos, acciones en una decena de empresas, títulos financieros, autos y caballos.

Al radical le siguieron el paso los acaudalados peronistas Adolfo Rodríguez Saá, quien declaró más de 3,3 millones de pesos, Eduardo Duhalde con 2,7 millones en su haber y Néstor Kirchner –devaluación monetaria mediante– con una fortuna de más de siete millones de pesos.

En suma, el carácter elitista de las principales candidaturas constituye un problema diferente al del enriquecimiento ilícito: inquieta que un presidente se corrompa y se enriquezca, por supuesto, pero también es repudiable que el propio sistema político se encargue de filtrar a los aspirantes que no pertenecen al sector más acomodado de la sociedad.

Cada uno evaluará si ser millonario y dedicarse a la actividad política constituye en sí mismo un disvalor, pero caben pocas dudas de que los postulantes ricos tienen más recursos, más tiempo y menos preocupaciones que los postulantes pobres. Y aunque a este 2015 le faltan varios meses todavía, todo indica que en diciembre un nuevo millonario asumirá el cargo que deje la millonaria Cristina Fernández, quien lo recibió del millonario Néstor Kirchner, éste a su vez del millonario Eduardo Duhalde, etcétera.

Federico Dalponte – @fdalponte