Laura Moyano: un crimen de odio

Por Agustina Juárez Marcos, desde Córdoba. En el trayecto de una semana a Laura Moyano la mataron cientos de veces. Los medios de comunicación, el Poder Judicial, la impunidad de la policía el silencio de una sociedad que aparta, excluye y denigra día tras día a mujeres y varones cuyos cuerpos no se corresponden con los límites establecidos por la norma heterosexual.

A Laura la mataron por ser una mujer trans y trabajadora sexual de un barrio popular de la provincia de Córdoba. Ese tipo de barrios donde la violencia policial reina con el Código de faltas en mano, donde a los pibes y pibas se los llevan por usar gorra y las trabajadoras sexuales son perseguidas por las luces azules de esos móviles que andan a toda hora.

El pasado lunes 27 de julio, cuando cientos de personas llegamos al lugar del asesinato de Laura, el paso al escenario donde 72 horas antes le habían quitado la vida, no estaba encintado ni prohibido. No nos debería llamar la atención: ¿Quién quiere investigar un crimen de una mujer trans?

Nos recuerda al crimen de Vanesa Ledesma en el 2000, asesinada por la policía en una celda en Barrio General Bustos. Los datos oficiales decían que había muerto de un paro cardiorrespiratorio. En parte tenían razón: murió de un paro luego de una terrible golpiza en manos de la policía, que sus familiares y amistades pudieron comprobar una vez que les habían entregado el cajón cerrado y decidieron abrirlo para reconocer el cuerpo de Vanesa ultrajado, golpeado y violentado en las zonas de sus manos, frente y espalda. Increíblemente, aún hoy no hay responsables.

No nos debería llamar la atención, entonces, que la fiscal Liliana Copello, a menos de 48 horas de tomar la causa de Laura Moyano, diga que éste no fue un crimen transfóbico sino otro crimen de inseguridad, desmintiendo públicamente los reclamos de las organizaciones sociales y LGTTTBI que denunciaban haber visto el cuerpo golpeado en diferentes partes, incluyendo la agresión a sus genitales.

De la misma manera, no debiera llamarnos la atención que la autopsia indique que “no hay elementos” para creer que fue un crimen de odio, ni mucho menos que dicha fiscal le haya advertido a la familia y a las organizaciones que no movilicen para los días lunes y el viernes. Tampoco que la policía no sea tenida en cuenta en la investigación, cuando es de público conocimiento el hostigamiento que sufren las mujeres trans que trabajan en la calle por parte de esta institución.

Y por si los datos anteriores no bastaran para poner en duda la falta de voluntad para investigar la causa, cabe recordar que en su primer momento, se ocultó la transexualidad de Laura por parte de las autoridades.

“¿A dónde vamos a denunciar si esos que nos cuidan son los mismos que nos matan?”

El lunes una de las amigas y compañeras de trabajo de Laura sentenció: “Nosotras los denunciamos, ellos perderán su trabajo. Pero a la larga o a la corta, nos encuentran y nos matan”. “Y volvemos a la época de antes”, agregó, “cuando nos mataban, nos acribillaban, y nadie hacía nada”.

Las denuncias se realizan frente al mismo oficial que las amenaza y las persigue en un móvil, amparado por una normativa y un uniforme que le permite juzgar con su propio dedo los delitos, sin abogados ni papeles previos.

La complicidad del poder político con la policía deja a libre albedrío de un uniformado la vida de una persona. La “justicia” no llega al barrio ni a las compañeras de trabajo de Laura que son perseguidas y amenazadas constantemente.

Es así como la policía, convertida en el pilar del mito de la “seguridad” con el que actuales candidatos se pasean por las calles y la televisión, se ampara en un Código de Faltas que deja sin derechos a quienes viven y trabajan en la zona. En tiempos electorales, ¿a quién le conviene pensar que la muerte de Laura puede estar relacionada con el accionar policial?

La justicia patriarcal cierra los ojos, mientras en lo cotidiano, continúan las amenazas y las persecuciones a las trabajadoras sexuales. El Estado provincial duerme tranquilo mientras las mujeres trans, marginadas y estigmatizadas, quedan por fuera del sistema público de salud, al margen de la aceptación y el cuidado, y en manos de los asesinos y la policía que les cobra coimas que se pagan con violaciones o golpizas.

No es papel de las organizaciones sociales ni de la familia investigar el caso. Esa tarea le compete al Poder Judicial. Pero sí es tarea del conjunto de la sociedad exigir justicia por Laura Moyano. Más aún, que el asesinato de Laura deje de ser homologado como cualquier otro crimen y que sea reconocido como un femicidio con agravante por identidad de género, es decir, un crimen que nace desde el odio mismo de no poder comprender -ni querer- el cuerpo distinto.

Seguiremos demandando al Estado nacional y provincial las condiciones de vida digna para una parte de la sociedad que siempre ha vivido excluida, que su expectativa de vida no supera los 40 años.

Y tienen razón. Laura tenía tan sólo 34.

Secuencialmente, el día previo a la segunda marcha por pedido de justicia para Laura, a 200 kilómetros de la capital de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, era encontrado el cuerpo sin vida de Rita Carranza, desaparecida desde el pasado miércoles. Si bien los resultados de la autopsia aún no se informaron, familiares y amigos de la víctima declaran que Rita había estado recibiendo amenazas los días previos a su desaparición.

A dos meses del #NiUnaMenos, nos siguen faltando muchas.