CABA: Licencia por violencia de género para trabajadoras de la ciudad

Desde este 21 de julio las trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho al «usufructo de una licencia de 20 días hábiles, para quienes sean víctimas de violencia de género». La licencia se logró en el marco de las negociaciones paritarias entre el Gobierno de la Ciudad y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba).

De esta manera la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el cuarto distrito que la dispone. El primero fue Chubut, cuando en abril de 2014 la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) logró establecer un artículo específico del Reglamento de Licencias, que no sólo permite a la docente ausentarse los días que necesite, sino que además facilita el inmediato traslado ya sea a otra ciudad o a otra provincia, si la situación lo requiere. En octubre de ese mismo año también se implementó en Santa Fe luego de una intensa campaña llevada a cabo por la Secretaría de Géneros de CTA Rosario.

Recientemente, a comienzos de julio, el municipio de Morón implementó una licencia especial de diez días hábiles por violencia contra las mujeres para las trabajadoras de la administración pública.

Llamar a las cosas por su nombre

La necesidad de tomar una licencia por violencia de género puede darse por diferentes motivos: recuperarse de agresiones y lesiones físicas y/o emocionales, acudir a las instancias legales, recurrir a la atención jurídica y/o psicológica, enfrentar una mudanza para dejar la casa que comparte con el agresor -ya sea en el mismo distrito o, incluso, en otra localidad-, entre otras. Estas acciones son sugeridas y acompañadas por los equipos interdisciplinarios que acompañan a cada mujer.

El hecho de que hoy no exista una licencia específica que se adapte a las necesidades complejas de la situación de violencia de género revictimiza a las mujeres ya que deben recurrir a cualquier otra de las licencias existentes, a través de la figura de la licencia médica o psiquiátrica, disfrazando la violencia de género en otro padecimiento, tal vez inexistente o secundario.

El problema particular de la licencia psiquiátrica es que, luego, puede ser utilizada por parte del agresor como argumento en contra de la mujer víctima en alguna instancia civil o penal, como la custodia de los hijos/as, por ejemplo. Además, el vacío legal permite continuar invisibilizando y estigmatizando esta problemática social creciente al dejarla recluida al ámbito privado y no abordarla integralmente.

El debate legislativo

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hay en la actualidad diversos proyectos presentados. La diputada Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) fue la primera en presentar uno el año pasado que modificaba por un lado la Ley N° 471 de Empleo Público y por el otro el Estatuto del Docente, incorporando en ambos casos la Licencia por Violencia de Género por el tiempo requerido. Además, establecía el «derecho a la reducción de la jornada y/o el reordenamiento del tiempo de trabajo y/o cambio de lugar del mismo», en caso de ser necesario.

Al igual que con muchos otros asuntos pendientes relacionados con la temática, la masiva marcha de #NiUnaMenos permitió desobstaculizar el debate en la Legislatura. Tanto el Frente para la Victoria como el Pro presentaron también proyectos que instauraban la licencia, aunque sólo para el ámbito docente. Sin embargo, y a pesar de que se trató en reiteradas ocasiones en la Comisión de Educación, todavía no se ha llegado a un consenso.

Uno de los principales puntos de conflicto tiene que ver con la posibilidad de traslado. Desde los sectores más progresistas argumentan que esta posibilidad es fundamental para la protección efectiva de la víctima, ya que de no permitirse la misma queda expuesta a un posible ataque por parte del violento, que conoce su lugar de trabajo. Si bien existen las medidas de restricción, es sabido que muchas veces las mismas no alcanzan. El argumento de quienes se oponen remite fundamentalmente a cuestiones prácticas, como los acuerdos interjuridiccionales.

El otro punto en discusión refiere a la certificación necesaria para adquirir la licencia. El proyecto del Pro obliga a las víctimas a presentar la denuncia judicial correspondiente en un plazo no mayor a las 48 horas. En cambio, los proyectos de González Gass y del FPV son más flexibles al respecto.

Ambos establecen que la víctima sólo deberá presentar un certificado emitido por los servicios de atención y asistencia a las víctimas, ya seam nacionales o locales. Esta propuesta toma en consideración las subjetividades de las víctimas, quienes muchas veces no están preparadas para realizar la denuncia en plazos tan cortos.

Ninguna de estas dos cuestiones, traslado y flexibilidad de la certificación, fueron incluidas en el acuerdo logrado por Sutecba. En el mismo se establece que la licencia «será otorgada en todos aquellos casos que se encuentren denunciados y judicializados». Además, la licencia será sólo de 20 días hábiles, es decir que presenta un límite acotado de tiempo.

Jazmín Bergel Varela – @jarubv