América Latina

27 julio, 2015

Comienza el juicio contra campesinos por la Masacre de Curuguaty

Doce los campesinos paraguayos serán juzgados este lunes por la mañana en el comienzo del juicio oral por los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012 conocidos como la Masacre de Curuguaty. Se espera que el proceso que se desarrollará en Palacio de justicia de Asunción de Paraguay dure alrededor de un mes y finalice el 28 de agosto del corriente.

Doce campesinos paraguayos serán juzgados este lunes por la mañana en el comienzo del juicio oral por los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012 conocidos como la Masacre de Curuguaty. Se espera que el proceso que se desarrollará en Palacio de Justicia de Asunción de Paraguay dure alrededor de un mes.

Los cargos por los que se acusa a los campesinos son: invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio en grado de tentativa. Entre los procesados se encuentran: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López Peralta,  Alcides Ramón Ramírez, Juan Carlos Tillería y Felipe Nery Urbina acusado de frustración a la persecución penal.

La masacre ocurrida hace tres años luego de que un procedimiento policial y fiscal procediera a desalojar tierras denunciadas por ocupación en Marina Kue, distrito de Curuguaty, dejó un saldo de 11 campesinos y seis policías muertos, además de varios heridos. A su vez, a raíz de los hechos se produjo una crisis institucional que generó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo tras un juicio político asumiendo en su lugar el entonces vicepresidente Federico Franco.

Desde la Coordinadora Derechos Humanos Paraguay en un informe sobre el caso de Marina Kue señalaron alguna serie de irregularidades en la investigación de los hechos que comenzarán a ser juzgados este lunes. En primer lugar, sostienen que “los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez fueron directores del operativo que se desplegó aquel 15 de junio” y que luego “formaron parte del equipo de investigación” de los hechos. Si bien Aguilar fue separada más tarde, indican que ésta marco las líneas de investigación que aún continúan presentes.

En segundo lugar, señalaron que la escena del crimen fue contaminada antes de su inspección y que además se procedió con negligencia. Además, revelaron que no se abrieron líneas de investigación para examinar las situaciones de abuso de las fuerzas policiales en la ejecución de las víctimas como en el tratamiento a los heridos a pesar de que se realizaron denuncias por esto último.

El Servicio de Paz y Justicia de América Latina (SERPAJ) también cuestionó el proceso judicial al considerar que, “desde el día de la masacre los campesinos imputados fueron puestos en prisión preventiva”. Al mismo tiempo, el organismo evidenció, “la inexistente protección judicial frente a las denuncias presentadas por amenazas, detenciones arbitrarias y amedrentamiento de los campesinos que no se encuentran privados de su libertad”.

Para el SERPAJ, “es necesario que la justicia esclarezca la propiedad de las tierras”, a las que adjudicó que “pertenecían al Estado y no a la familia del empresario Blas Riquelme”, que solicitó el desalojo.

A su vez, desde la organización instaron a la justicia a que el proceso judicial sea “transparente, imparcial, que asegure el respeto por la dignidad y la vida humana”. También establecieron que es fundamental la presencia de observadores de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales en la instancia judicial para garantizar un proceso justo.

Desde la Coordinadora de Latinoamericana de Organizaciones del Campo- La Vía Campesina (CLOC- LVC) indicaron que junto con una comitiva de observadores de Brasil, Colombia, Chile y Argentina van a acompañar los días de juicio que se desarrollen, “para garantizar un procedimiento penal y fiscal enmarcado en la ley y denunciar públicamente cualquier irregularidad”.

Por otro parte, manifestaron que las organizaciones que integran la CLOC- VIA Campesina exigen una serie de reivindicaciones como: la recuperación de las tierras de Marina Kue sobre las que sostuvieron que “fueron usurpadas y explotadas ilegalmente por la firma Campos Morombí cuyos dueños provienen de la oligarquía simpatizante de la dictadura militar”; la indemnización a las familias victimas de la masacre; la nulidad del juicio y la libertad a los presos y presas políticos por el caso; el esclarecimiento por las muertes de los campesinos y el asesinato de uno de los testigos clave (Vidal Vega), así como el castigo a los verdaderos responsables.

Según la CLOC, la masacre ocurrida en Paraguay se constituyó en “el emblema de la lucha por la tierra y el territorio”. Así como también, “la resistencia contra el agronegocio que en su afán de lucro, desaloja, contamina y mata sin reparos”.

Noemí Romero – @Noi_Romero

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