El acuerdo entre la provincia de Santa Fe y los narcos

Por Carlos del Frade. El 26 de mayo de 2013 era asesinado a la salida de un boliche de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez (al sur de Rosario y separada solamente por el arroyo Saladillo, tal como Avellaneda lo está de Capital Federal), Claudio “el Pájaro” Cantero. El líder del principal grupo mayorista de cocaína de la provincia de Santa Fe.

El dueño del local bailable, “Infinity Night”, Diego Oscar “el Tarta” Demarre, sería fusilado en el mediodía del 27 de mayo. Desde un primer momento se creyó que el matador era uno de los hermanos del Pájaro, Ariel Máximo Cantero, más conocido como “el Guiye”.

Tres jueces y una fiscal sostuvieron que había pruebas suficientes para que “el Guiye” fuera procesado por homicidio con premeditación y alevosía, con una potencial pena de cadena perpetua. Sin embargo, en enero de 2015, la viuda de Demarre, Betiana Quitana, cambió la declaración y liberó al ahora jefe de “Los Monos”.

El 15 de abril de este año, parte del poder judicial y político de la provincia de Santa Fe, selló un acuerdo por juicio abreviado contra catorce integrantes de la banda y le cambió la carátula al Guiye. Lo trataron de partícipe necesario. De cadena perpetua a nueve años, sumando asociación ilícita y el nuevo rol asignado en el asesinato de Demarre porque faltaba “plataforma fáctica”, como dijeron los redactores del acuerdo por el juicio abreviado.

En esta semana previa a la feria de invierno, este cronista accedió a fragmentos de una filmación hecha con cámara oculta, presumiblemente realizada en la división Judiciales de la Jefatura de Policía de la ciudad de Rosario.

Era una larga entrevista al Guiye. En una de esas imágenes, ante dos sugerencias concretas de los policías sobre su protagonismo como matador de Demarre, Ariel ni se inmuta. En la primera cita sonríe, baja la cabeza y se percibe cierto movimiento de asentimiento. En la segunda mención que se le hace sobre sus disparos contra el ex bolichero, tampoco niega y, previamente, pregunta cómo es la cuestión del peritaje de un arma porque su papá mató a cuatro personas y no había saltado nada. Todo eso en una filmación de un poco más de un minuto.

La difusión de este material causó revuelo, especialmente en el interior de los tribunales provinciales rosarinos.

La decisión política, sin embargo, parece estar firme desde principios de años: el Guiye Cantero recibirá el beneficio de la duda y su condena no pasará los nueve años que serán muchos menos por el tiempo que ya lleva detenido.

La principal organización narco y homicida rosarina, en tanto, sigue funcionando y el problema serio es el mensaje que queda en la sociedad.

Parte del poder político y judicial pactó con Los Monos. La banda tendrá como beneficio del acuerdo por juicio abreviado nada menos que la libertad antes de tiempo pero queda una duda fundamental y pesada. ¿Qué ganaron esos sectores políticos y judiciales santafesinos con este acuerdo?.
Es necesario repasar el acuerdo entre Los Monos y parte del poder político y judicial de la provincia.

* La banda asume haber cometido «…homicidios, homicidios calificados, lesiones, extorsiones, amenazas, amenazas coactivas, daños, cohechos, encubrimientos, contando dicha asociación con una organización interna estable con funciones definidas y una existencia anterior a la fecha del 8 de septiembre de 2012» (fecha del asesinato del Fantasma Paz).

* Las 14 personas que asumen ser parte de esta organización criminal reciben penas de tres a nueve años. La mayoría quedará en libertad en poco tiempo.

* En ninguno de las 39 páginas del acuerdo de la «apertura de procedimiento abreviado» se menciona la palabra narcotráfico y solamente cinco veces surge el término «estupefacientes».

* Ariel Máximo Cantero, «el Guiye», acusado de haber dado muerte a Diego Oscar Ramón Demarre, «mediante múltiples disparos efectuados al aludido con un arma de fuego calibre 9 mm, el 27 de mayo de 2013, a las 12.30, en Bulevar Seguí y Maipú», según la causa 448/13 que tuvo a su cargo la doctora Alejandra Rodenas, recibe el beneficio del cambio procesal «conforme la plataforma fáctica atribuida y los elementos probatorios recolectados, la calidad de partícipe secundario» ya que «no se acredita que el accionar el acusado haya sido el determinante de la consumación del hecho».

* El suboificial de la policía provincial que acepta formar parte de esta banda asesina, Juan «el Chavo» Maciel, formó parte de la selección de uniformados que nutrieron la Secretaría de Delitos Complejos a cargo de Ana Vigilione, cuando ya integraba Los Monos. ¿No merece la población santafesina una explicación de parte de la funcionaria que, por otra parte, tuvo que prestar declaración en la causa porque varios de los integrantes de la Secretaría sostuvieron que todo lo que hacían era con el conocimiento de la jefa?

* Que el punto 1 del acuerdo sostiene que «en razón de haber arribado a un acuerdo respecto de los hechos delictivos penalmente reprochados, su calificación legal, la pena y su modalidad de cumplimiento; todo ello conforme lo que seguidamente se pasará a exponer». Ese acuerdo, sin embargo, no responde a la pregunta de por qué parte del poder político y judicial le otorgan este beneficio a una banda que se reconoce como asesina múltiple. Este documento es el acta de capitulación del poder político y judicial ante las bandas criminales y narcos. Se abre, entonces, una etapa histórica de inimaginables consecuencias.

Mientras tanto, en las calles de la ex ciudad obrera, portuaria, ferroviaria e industrial, los pibes matan o son matados a edades cada vez más tempranas.

Los grandes sectores políticos ciudadanos, con algunas excepciones, vienen guardando un silencio bastante parecido a la complicidad.

“En Santa Fe, cada vez más jóvenes cometen delitos y a más temprana edad. En lo que va del año, sobre 8.261 personas detenidas por distintas situaciones delictivas, 1.583 eran menores de edad, casi el 20% del total. El número sube al 50% en el caso de las detenciones que hizo la policía por contravenciones al Código de Faltas (delitos menores): hubo 1.884 menores demorados sobre 3.351 detenciones. En el gobierno provincial detectaron además que bajó a la franja de 11-12 años la iniciación en el delito, algunos como soldaditos de búnker de drogas y otros como portadores de armas por su condición de inimputables para la legislación penal”, decía la nota de tapa del diario La Capital, de la ciudad de Rosario, el domingo 28 de junio.

Desde este mismo lugar, algunas semanas atrás, se había escrito sobre “las edades de las violencias” en relación a la presencia de las armas y la ausencia de esperanza en la vida de las chicas y los chicos en el segundo Estado de la Argentina.

Para el secretario de Seguridad Pública, el gendarme Gerardo Chaumont, «si bien no tenemos a mano los datos de períodos anteriores, no hay ninguna duda de que aumentó la participación de los menores en la comisión de delitos en la provincia de Santa Fe… la clave pasa por seguir apostando a un abordaje social y educativo de estos menores. La solución transita por sacarlos de la calle y llevarlos a la escuela a la jornada ampliada», sostuvo.

El dato estadístico, presentado de esa forma, “cada vez más jóvenes cometen delitos y a más temprana edad”, puede llevar, una vez más, a la peligrosa y cobarde mirada de acusar a las chicas y los chicos de ser responsables de una realidad social que, en definitiva, es consecuencia de las generaciones más grandes.

Una vez más puede aparecer el discurso de cuidarse de los pibes en lugar de cuidar a los pibes, como tantas veces insistiera el querido poeta militante Alberto Morlachetti.

Porque hoy las policías provinciales, ausentes de los 32 años de democracia, siguen siendo cajas podridas donde hay algunas manzanas sanas, exactamente al revés de lo que dice el sentido común. Pero detrás de ellas está también la corrupción de nichos políticos, empresariales y judiciales que jamás son denunciados desde las instituciones republicanas.

Porque si una nena o un nene cometen delitos a los 11 años es como consecuencia de la brutal indiferencia de los sectores con responsabilidad institucional que han resignado el rol transformador de la acción política.

Porque a los chicos hay que cuidarlos, no cuidarse de ellos.

Porque los chicos volverán a sufrir como consecuencia de este acta de capitulación llamado, eufemísticamente, acuerdo de juicio abreviado.