Cuestión de salario, el fondo de las negociaciones paritarias

No por ser año electoral el 2015 tendría que ser distinto. En números casi constantes desde que volvieron las «paritarias libres», o lo que se quiera significar con ello, en más del 80% de las oportunidades en las que representantes gremiales y empresarios se sentaron en la misma mesa, lo hicieron para discutir cláusulas salariales.

No es extraño entonces que desde la Argentina de febrero de cada año, cuando los docentes comienzan a entablar las primeras negociaciones, hasta la Argentina de julio, cuando hacen lo propio los camioneros, se discutan mayoritaria y casi exclusivamente porcentajes de aumento salarial. Se discuten así pisos, techos, vigencia, retroactividad, escalonamientos y un sinfín de etcéteras que sólo tienen como objetivo recomponer el ingreso general de los trabajadores, aunque sin exigir una mejora en las condiciones generales de labor.

Misma prioridad tiene durante el primer semestre de cada año el propio Ministerio de Trabajo, llamado por la Ley 14.250 a controlar los acuerdos celebrados por las partes. Si se cumplieron las formalidades y el acuerdo no viola el orden público ni afecta el interés general, será entonces homologado. Ninguna novedad: la norma, sancionada en 1953, es punto de referencia ineludible para concluir que las negociaciones entre trabajadores y empresarios fueron –históricamente– de todo excepto libres y siempre se hallaron sujetas al control del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que un acuerdo, estrictamente salarial o no, que pactara nuevas condiciones menos favorables para los trabajadores no debería ser homologado por el Ministerio. Allí, entonces, su rol de celoso custodio del orden público laboral. Pero si, en sentido completamente contrario, el nuevo acuerdo pactara condiciones sumamente más beneficiosas –por caso, un aumento salarial del 50%–, el mismo Ministerio, con su mismo rol fiscalizador, su mismo respaldo jurídico y desde la misma oficina, bloquearía su vigencia escudándose en el denominado “interés general”.

Mismo interés general, se sabe, que se tiene en miras cada vez que un gobierno pretende demarcar los límites de los aumentos salariales para evitar así determinados impactos en la economía. Meramente dialéctica o no, caben pocas dudas de que un punto central en las discusiones salariales versión 2015 fue, efectivamente, si aumentos por encima del 27% atentaban contra ese interés general.

En suma, la discusión en la Argentina fue si un sector que presiona, negocia y acuerda un incremento salarial significativo, tiene que acortar sus pretensiones para no provocar una ola de convenios similares por parte de otros gremios y estimular así, por ejemplo, un consecuente aumento generalizado de los precios.

Ahora bien, si el Poder Ejecutivo está legalmente autorizado a cercenar un acuerdo paritario, vale preguntarse cuál es el alcance de la libertad que tienen las partes para negociar. La respuesta, en forma de ejemplo: mientras que los acuerdos salariales alcanzados este año por los trabajadores de comercio, metalúrgicos, de la construcción, estatales y encargados de edificio, que promediaron un 27%, fueron presentados en un acto oficial en Casa Rosada, el mismo gobierno se negó en un principio a homologar el aumento del 36% conseguido por la Federación de Aceiteros.

Lo mínimo

Lo que sí acontece generalmente en el segundo semestre del año es el establecimiento del nuevo salario mínimo. En la reunión del Consejo del Salario del año pasado, por ejemplo, la referencia salarial tuvo un aumento del 31%. Y puesto que el incremento fue anunciado en aquel entonces como una conquista ejemplar para la región, resulta extraño que su acuerdo se realice cada año al término de las negociaciones paritarias sectoriales y no al principio para servir como referencia.

En rigor, el referido aumento del 31%, anunciado por el Ministerio de Trabajo en septiembre pasado, no sólo no sirvió como pauta salarial para las negociaciones de 2015, sino que tampoco, por definición y práctica, tuvo un impacto masivo en los trabajadores: sólo alrededor del 2% se beneficia por lo general del aumento del salario mínimo.

Lo dicho, por un lado, porque los mínimos salariales fijados en los convenios sectoriales suelen ser más altos que aquel piso y, por otro, porque su incremento impactaría mayormente en los trabajadores del sector informal, cuyos sueldos son siempre más bajos, pero su precariedad constituye un obstáculo para acceder al reclamo efectivo.

¿Y lo máximo?

Dejando ya asentado que el Ministerio de Trabajo puede recortar los acuerdos paritarios, una característica constante en las negociaciones es que las discusiones se limitan, casi exclusivamente, a cuestiones salariales.

Al respecto, en el año 2006, un grupo de expertos en relaciones laborales –convocado especialmente por el Ministerio– elaboró una serie de sugerencias sobre diversos temas y, al tratar la cuestión de las negociaciones colectivas, fue bastante severo. Pero sin entrar a considerar las críticas sobre el desempeño de buena parte de los negociadores, lo cierto es que los expertos manifestaron su preocupación por la falta de discusiones paritarias sobre temas como la triangulación en las contrataciones, el trabajo no registrado, la igualdad de género, la no discriminación, el ambiente y la seguridad en el trabajo, etcétera.

Para mínimos y para máximos, queda claro, las negociaciones paritarias tienen sus límites, no sólo por lo intereses contrapuestos de las partes, sino también por el rol que juega el propio Ministerio. Pero tanto como sus límites, también tiene variantes, alternativas y todo un abanico de posibles temas no salariales para considerar. Qué negociar, qué no, qué temas plantear primero, qué reivindicaciones después, todos, absolutamente todos, forman parte del conflicto, pero también son elementos para construir la solución.

Federico Dalponte