La cadena nacional y el debate sobre el presupuesto universitario

Por Martha Linares*. Este miércoles la presidenta Cristina Fernández realizó en cadena nacional un balance positivo de la política de financiamiento de las universidades nacionales de los últimos años. En el 2003 el presupuesto destinado a las mismas era de 1992 millones de pesos, actualmente se afirma que es de 42 mil 117 millones de pesos. Además se han abierto 15 nuevas universidades a la comunidad, aumentando el presupuesto para becas de 600 millones de pesos en 2003 a 6800 millones en la actualidad.

La precisión de estos números, con la inflación actual y los necesarios cálculos que deben hacerse en función de las modificaciones en la medición de la misma, no debe impedirnos reconocer el incremento presupuestario y analizar estas afirmaciones.

¿Cómo es posible que se continúe denunciando desde distintas universidades del país la falta de presupuesto? El 77% de estos aumentos se otorgaron a las universidades nacionales. Hablamos de dos millones de estudiantes que se benefician actualmente de estas políticas, sin embargo es el movimiento estudiantil el principal actor que argumenta que esto no es suficiente.

Es que aún tomando todos estos datos, vemos que el dinero destinado por cada estudiantes es de 300 pesos por año. No es necesario argumentar porque se trata de un monto insuficiente sino más bien es necesario explicar como siguen funcionando las universidades a pesar de este presupuesto.

La respuesta la encontramos en lo que se llama “recursos propios”, es decir la búsqueda de recursos en el mercado. Aquí y en cualquier lugar del mundo las empresas buscan el beneficio económico, es coherente pensar en que si estas invierten en la universidades lo harán en búsqueda de lo mismo. La contracara de estos aumentos presupuestarios y los recursos propios es ¿quien decide cómo se gasta este dinero?

Los recursos propios no tienen ningún espacio de deliberación y quedan por tanto fuera de debate, de ahí que unos pocos se beneficien de aquellos que cada facultad pueda gestionarse. Mientras que los fondos del tesoro nacional que recibe cada universidad se discuten en los consejos superiores, ámbito de debate del que participan estudiantes, graduados y profesores. La palabra profesores debe entenderse como quienes han sido convocados a concursos por parte de las autoridades y no como docentes. Docentes son también los miles que no gozan de ciudadanía universitaria, como los y las que trabajan ad-honorem, y por lo tanto no tienen voz ni voto.

La actual ley de educación superior menemista vigente (votada en 1995) estipula que esta minoría absoluta cuente con la mayoría automática en cualquier decisión conformando el 50% de lo consejos superiores. Es decir que no se trata sólo de aumentar el presupuesto sino de pensar cuánta es la población a la que se pretende beneficiar y quienes deciden cómo se gasta este presupuesto.

El estudiantado de las universidades nacionales es en su mayoría una población trabajadora precarizada. Ya no hablamos de personas que sólo se dedican a estudiar. Entendemos que las políticas de acceso y permanencia como la conquista del boleto educativo en la provincia de Buenos Aires deben celebrarse y resignificarse en un nuevo contexto.

Por todo lo antes mencionado el debate que lleva adelante el movimiento estudiantil excede lo presupuestario y pretende ser más profundo. Incluye también discutir las consecuencias concretas de la ley de educación superior en nuestra formación.

Ciencia aplicada para el proyecto

La cadena nacional tambien incluyó premios a científicos y científicas argentinas, la reivindicación de la inversión en ciencia aplicada en el fortalecimiento de la industria nacional y la necesidad de vincular la ciencia a las necesidades de la gente.

El debate sobre cuales son las necesidades en una sociedad de consumo no es menor. Las necesidades de la industria y los sectores agropecuarios (se presentaron ferrocariles para el traslado de semillas entre otros) ¿Son las necesidades de la gente? Definir cuales son las necesidades sociales es parte de debates teóricos-ideológicos, no sólo de intereses de sectores.

En este momento en nuestro país conviven dos modelos científicos. Por un lado el cientificista -que de forma excelente describió Oscar Varsavsky- basado en el planteo de que se debe investigar por el mero hecho de generar nuevo conocimiento, suponiendo erróneamente que la ciencia es neutral y que no se mueve por intereses. Por otra parte, en los últimos años, el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología ha impulsado un modelo que podemos ubicar dentro del mercantilista donde lo que importa es investigar según las necesidades de las empresas (idealmente pymes, que permitirían crear o fortalecer la famosa burguesía nacional).

Este modelo no permitió favorecer la industrialización, ya que las prioridades han sido el mejoramiento de la producción primaria (semillas más resistentes, mejoramiento del procesamiento o como transportarlas, etc.), ni la diversificación de nuestra economía, ni la búsqueda por salir de la primarización de la misma.

En nuestra opinión ninguno de estos modelos aporta lo necesario para lograr transformaciones estructurales en nuestro país. El cientificista es un modelo supuestamente despolitizado, que termina cediendo totalmente nuestra soberanía científico-tecnológica a los intereses del imperialismo (o de los “países centrales” como decía Varsavsky). El mercantilista intenta direccionar la ciencia, rompiendo con la idea de neutralidad, pero la direcciona en un sentido que profundiza la extranjerización y la primarización de nuestra economía, y tampoco permite lograr una soberanía científico-tecnológica.

Resulta necesario pensar un modelo alternativo y superador, que tenga como objetivo solucionar problemáticas sociales y plantearse proyectos estratégicos que permitan generar transformaciones estructurales en nuestro país (producción pública de medicamentos, diversificación de la matriz energética, etc).

Aquí es donde podemos relacionar dos elementos que parecen no tener puntos de encuentro. En la universidad son las designaciones de docentes e investigadores con dedicaciones exclusivas las que permitieron dar un salto cualitativo en lo que a investigación se refiere. Este tipo de cargos permiten al menos cierta autonomía por parte de las casas de estudio, ya que pueden ser concursados en base a criterios propios.

Los indicadores muestran que, actualmente, las universidades no sólo no disponen de recursos suficientes para la investigación, sino que tampoco han utilizado los que tienen de forma tal de poder generar grupos de investigación con línea propia. Los cargos de dedicación exclusiva que existen, casi no tienen diferencia con los del CONICET.

Por eso insistimos en que para poder pensar en líneas propias de investigación estas deben debatirse en ámbitos realmente democráticos si pretendemos que las universidades cumplan con los intereses de la población argentina que es, al fin y al cabo, quién las solventa.

* Dirigente nacional estudiantil de La Mella y ex presidenta de la FUBA – @marthitalinares