Los derechos humanos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires

La situación en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran alojadas personas privadas de su libertad, llegó a una situación de crisis según denunció Eva Asprella, Coordinadora del Equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con Radionauta FM 106.3.

En la última década se registró un incremento de personas detenidas en cárceles, algo prohibido por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2005. Mientras hace dos años había 900 personas, hoy ese número alcanzó las 2195. Según datos del propio gobierno provincial el sistema como máximo soporta mil detenidos.

Este aumento de personas detenidas, presentado desde el oficialismo provincial como una solución a la problemática del delito y la inseguridad, de la mano de la Emergencia en Seguridad sancionada durante 2014, no es una respuesta efectiva ante el problema señalado, sino una solución mediática. “Se trata de instalar que mayor cantidad de personas detenidas es mayor seguridad”, indican desde el CELS.

Para Asprella “no se trata solamente del aumento en la cantidad de gente presa en las cárceles, lo cual de por si es preocupante, sino que también esto tiene un reflejo en las condiciones bajo las cuales estas personas están alojadas. Esto influye en las prestaciones de salud, en la falta de comida, en las situaciones de violencia”.

“Se piensa que mostrar números sobre cantidad de detenidos o abatidos, en términos muy bélicos, en una lógica de la guerra” es la solución, apuntó la integrante del CELS e indicó que el aumento en el índice de detenciones no está conectado de ninguna forma con la baja del delito, “esos números que mostró el gobernador como el éxito de su política de seguridad lo que muestran es el fracaso”.

Según la entrevistada “lo que termina pasando es que tenemos en las cárceles un montón de pibes jóvenes, de los barrios más humildes, que se pasan detenidos mucho tiempo, donde en la mayoría de los casos no se llega a determinar si ellos tuvieron algo que ver con el delito. Son a estos jóvenes que se los muestra como el resultado de una política exitosa en materia de seguridad”.

Estos mismos jóvenes detenidos en condiciones inhumanas provienen, de acuerdo a lo que señala Asprella, de contextos vulnerables, no solo por la situación económica en la que viven, sino también por la falta de capacidad para tener una defensa fuerte que resista los embates de los discursos punitivistas.

“Hoy lejos de bajar la cantidad de detenidos, de presentar políticas que tengan que ver con la prevención de la violencia en las cárceles, con la salud, con condiciones mínimas de alojamiento, se trabaja al revés. Del 2007 a esta parte el aumento en la cantidad de detenidos ha sido del 16%. Ese es un aumento demasiado grande para un sistema penitenciario que no resiste esa cantidad de personas”, indicó la Coordinadora del Equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del CELS.

Por otra parte, sostuvo que ante el colapso del sistema penitenciario, el gobierno provincial optó por poblar los calabozos de las comisarias. El servicio penitenciario bonaerense cuenta, según detallan desde el organismo, con una sobrepoblación carcelaria del 70%, alcanzando en mayo de 2014 el récord de detenidos de los últimos 15 años, 33.166 personas. De estas, el 60% está detenida preventivamente, sin condena judicial.

Ante esta situación Asprella señaló que el CELS no solo denunció estas situaciones en su informe anual, sino que presentó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH exhortó al gobierno a que se plantee políticas de prevención para que no haya más muertos ni heridos en las cárceles de la provincia.

La integrante del CELS destacó que “algunas cuestiones de ahí surgieron. La procuración sacó una guía de investigación de hechos de tortura que no existía, los fiscales no investigaban bien esto y permitía más impunidad y más violencia, pero para nosotros el análisis hoy es que no se trabajó en profundidad sobre lo que la Comisión Interamericana ordenó y además se tomaron algunas medidas que hicieron que explote la cantidad de detenidos”.

La respuesta pasa por trabajar desde la gestión pública en términos respetuosos de los derechos de las personas: “De ninguna manera nosotros planteamos que no hay que tomar medidas en relación a la inseguridad, al contrario se planteó una discusión seria sobre la inseguridad y de dar respuesta a la sociedad en un reclamo genuino”.

Entre estas medidas se destacan una reforma de la policía y control de la misma, de sus facultades y funciones, enfocada hacia la investigación de las grandes redes de ilegalidad. Y una reforma del Ministerio Público Fiscal de la provincia, análoga a la realizada a nivel nacional con el organismo dirigido por Alejandra Gils Carbó, mediante la creación de procuradurías especializadas en los grandes delitos y las grandes redes de ilegalidad.