Continúa el conflicto con los «carreros» en Salta

A raiz de la iniciativa del gobierno municipal y la mayoría del Concejo Deliberante para prohibir la “tracción a sangre” -es decir, los caballos que tiran de los carros mediante los cuales los recicladores urbanos transportan el cartón- en la ciudad de Salta se desató un fuerte conflicto. El gobierno local rechazó ir a una mesa de diálogo y los cartoneros decidieron continuar el plan de lucha.

“Hoy se desarrolló en el Concejo Deliberante, después del corte de ruta del día martes, una reunión con todos los concejales y representantes del Ejecutivo para que no se vote la ordenanza que prohíbe directamente el trabajo de los cartoneros. De los carreros en este caso”, contó a Notas Rodrigo García, dirigente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR).

Según explicó el referente cartonero, se pasó a un cuarto intermedio, pero no ven voluntad política para destrabar el conflicto. “El problema es que hay mucho rechazo de parte del Ejecutivo y la bancada oficialista», comentó. Y agregó: «No pudimos acordar lo que a nosotros más nos interesaba que era armar una mesa de trabajo por 90 días, ya que la ordenanza la estaban haciendo sin dialogar con los cartoneros”.

No es la primera vez que la FACyR se enfrenta a este tipo de intentos de ordenanzas. En Rosario, hace apenas un mes y medio, la intendencia promovió una iniciativa semejante, «cajoneada» luego al acercarse las elecciones. En Bahía Blanca, por el contrario, se llegó a un acuerdo.

Allí fueron reconocidos, «tienen un galpón de traslado donde, a diez cuadras del microcentro dejan el caballo, agarran la carreta de mano y con eso hacen el trabajo. Después vuelven al galpón donde los caballos quedan cuidados”, indicó García.

En Salta eso es inviable. «Ni siquiera nos podemos juntar con el secretario de Gobierno. Después de 20 días de pelea, de asamblea, de cortes de calle pudimos hablar por teléfono con el compromiso de que quizás este viernes nos vamos a comunicar”, comentó.

Los carreros y cartoneros decidieron continuar el plan de lucha, pero según el análisis del referente de la FACyR, va a estar complicado porque se cruzan muchos intereses. A diferencia de otros lugares, “el problema en Salta es, más que con el negocio de recolección de la basura, con todo lo que tiene que ver con el turismo y la industria hotelera que no quiere ningún carro por lo menos en 60 cuadras a la redonda del centro de la ciudad”, explicó.

“Después la ciudad tiene otra particularidad», comentó. «Existen nueve agrupaciones proteccionistas de los animales que hacen lobby recibiendo subsidios». Y además, atrás de eso «está el negocio de Motomel que es el que en todo el país está generando estas ordenanzas para obligar a que los compañeros se tengan que comprar una moto que sale, por lo menos, 35 mil pesos y es imposible de pagar para ellos”.

Sobre los reclamos puntuales, el dirigente afirmó que lo que están pidiendo es que se suspenda la votación de la ordenanza, que se permita el libre trabajo y regularizar la situación de los recicladores urbanos. «Hay acuerdo en que los carros estén en mejores condiciones, que no se lleve a los chicos, le pedimos al Municipio las herramientas para llevar a cabo el reciclado, con eso no hay problema, el tema es que la ordenanza es completamente prohibitiva”, concluyó Rodrigo García.

Mientras que desde los municipios se plantea siempre una política de “erradicación” los cartoneros y cartoneras piden por el “reconocimiento al trabajo digno”, exigen la intervención del Estado para que “a través de políticas públicas los miles de trabajadores y trabajadoras podamos contar con los derechos que nos corresponden y de una vez por todas se deje de perseguir a los más humildes”, como afirmaron mediante un comunicado a principios de esta semana.