A 13 años de la masacre del Puente Pueyrredón, la lucha sigue intacta

Decenas de organizaciones sociales se congregaron este jueves en la estación de tren de Avellaneda “Darío y Maxi” para conmemorar el 13º aniversario del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Colmada de un público joven, la estación mostraba el contraste entre la oscuridad que se impone al bajar del tren y los colores que van apareciendo a medida que uno se adentra en el lugar, con graffitis e intervenciones plásticas que resignifican el espacio y lo colman de esa vida que fue arrancada de las manos de dos jóvenes.

Como todos los años, se realizó una jornada cultural en la víspera del 26 de junio que incluyó paneles de debate, oradores, bandas musicales y cerró con una marcha de antorchas que dio comienzo a la vigilia y acampe en los alrededores del Puente Pueyrredón y que continuará este viernes con una concentración allí mismo para pedir el juicio a los responsables políticos de los asesinatos.

Las actividades comenzaron a las 17 horas. Entre los oradores hubo representantes de movimientos políticos y sociales de América Latina que abordaron diversos temas relacionados con las luchas y conflictos actuales. Cerca de las 20 horas se dio inicio al acto principal, en el que estuvieron presentes familiares de Darío y Maxi.

“Estamos en el puente como cada 26 de junio; con el mismo reclamo de trabajo para los desocupados, en contra de la precarización laboral, por más salud y educación. Reivindicamos a Darío y Maxi como expresión de la juventud organizada. Reivindicamos a todos los mártires de las luchas. A los 30 mil compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y a los asesinados por la represión en democracia. Ellos y ellas estarán presentes mientras nosotros sigamos luchando; en cada joven que resiste y se organiza viven las figuras de Maxi y de Darío”, se pudo escuchar en la voz de Liliana Daunes que leyó el documento unitario. Luego cerraron el acto Alberto Santillán (padre de Darío) y Vanina Kosteki (hermana de Maxi).

A continuación, se leyó un documento firmado por espacios de juventud de diferentes organizaciones que conforman la campaña «26 de junio – Día de la Juventud Militante»: “Para los poderosos no hay peor crimen que ser joven, pobre y rebelde”, sostenía y luego parafraseaba al Che Guevara: “Cada vez que sentimos en lo más hondo cualquier injusticia, recordamos a Darío Santillán”.

Las presentaciones llegaron a su fin con shows musicales protagonizados por Raly Barrionuevo, Bruno Arias y La Delio Valdez.

Finalmente, las organizaciones se encolumnaron en la ya tradicional marcha de antorchas hacia el Puente Pueyrredón, dando inicio a la vigilia que durará hasta el acto de este viernes, para pedir juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre.

La causa judicial

Luego de tres años y seis meses de lucha, que incluyeron un acampe de 40 días frente a los Tribunales, los responsables materiales de los asesinatos fueron condenados. Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, que en 2002 ejercían como personal de la Policía Bonaerense y fueron los responsables de disparar las balas que mataron a Darío y a Maxi, recibieron sentencias de prisión perpetua.

Pocos dìas antes del décimo aniversario de aquel 26 de junio, en 2012, Fanchiotti y Acosta fueron transferidos a penales de régimen abierto, a los que sólo debían ir para dormir. En diciembre de 2014 la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires finalmente confirmó el fallo de “homicidio agravado con alevosía”, ratificando la prisión perpetua para los ex-policías.

Sin embargo, los responsables intelectuales y políticos siguen sin ser juzgados. Por ese motivo en 2012 se logró la reapertura de la causa judicial que investiga estas responsabilidades, cuyo expediente estaba archivado desde 2010.

La Fiscalía solicitó recientemente el relevamiento de datos claves que no han sido investigados: información sobre las líneas telefónicas asignadas al ex-presidente Eduardo Duhalde, el total de efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el operativo, la composición de la línea de mando de las fuerzas provinciales abocadas a los dispositivos de seguridad y el cruce de llamados telefónicos de los funcionarios de la Bonaerense con los del Gobierno nacional. Todos datos que, se presume, podrían comprometer fuertemente al entonces presidente de la nación.

Hoy las organizaciones reclaman que se investigue a fondo la participación de funcionarios del Estado en los asesinatos. Se estima que con escuchas e investigaciones en las comunicaciones sumadas a testimonios clave, se podría rastrear la “cadena de órdenes” que desembocó en los disparos a Darío y a Maxi. Los principales acusados por la militancia son Eduardo Duhalde y Aníbal Fernández, quien ocupaba el cargo de Secretario General de la Presidencia. También aparecen en esa lista Juan José Álvarez, que era secretario de Seguridad Interior de la Nación en ese momento, y Felipe Solá, en ese entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Leticia Garziglia, Miranda Carrete, Lucila Matteucci y Micaela Mandel

Foto: FM La Tribu