10 junio, 2015
Conferencia de la FAO: Los premios del Hambre
El lunes la presidenta Cristina Fernández realizó un discurso en la 39° Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Un repaso por las políticas de producción de alimentos, la soberanía alimentaria y la legislación que rige sobre el campo y sus habitantes.

El lunes la presidenta Cristina Fernández realizó un discurso en la 39° Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El motivo del discurso fue agradecer la distinción que otorgó al país dicha institución, al ser Argentina una de las naciones que mejor ha contribuido a la meta 1.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre”.
Sin embargo, pese a que no ha trascendido en los medios masivos, no es una distinción que haya sido entregada solo a la Argentina. Como bien consta en la página web de la FAO, son 72 los países que han alcanzado la meta de reducir a la mitad la proporción de hambrientos. Algunos de ellos son: Bolivia, Costa Rica, Laos, Mozambique, Nepal, Islas Salomón, Suriname, Uzbekistán, Angola, China, República Dominicana, Gabón, Malí y Myanmar.
En el caso argentino, se la distinguió por haber sido uno de los 12 países que logró una “prevalencia de la subalimentación inferior (o cercana) al 5% desde 1990”. En esa situación se encuentran también: Arabia Saudita, Barbados, Brunei Darussalam, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kasajstán, Líbano, Republica de Corea, Sudáfrica, Túnez y Turquía.
Estos datos están disponibles en el informe sobre “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (2015)” que la misma agencia publica todos los años. Su análisis es importante para dimensionar la distinción entregada a nuestro país. Pero más importante puede ser, el análisis de algunos elementos del discurso presidencial realizado en Roma.
La discusión sobre el hambre
La alocución de la mandataria estuvo centrada en la distribución del ingreso como variable central en la lucha contra el hambre. “Creemos realmente que el problema del hambre radica hoy en una inequitativa distribución de la riqueza”, sostuvo.
Esto es un avance frente a los enfoques centrados en la «disponibilidad de alimentos». Combinando liberalismo económico y teoría malthusiana de la sobrepoblación, pequeños sectores lograron promover décadas atrás la “revolución verde” en todo el mundo (para que las existencias físicas de alimentos sean cada vez mayores). Sin embargo, es necesario aclarar que de la misma FAO se desprende que hay alimentos disponibles para alimentar toda la población mundial desde hace mucho tiempo atrás (o como lo demostró el médico brasilero Josué de Castro a mitad del siglo pasado en sus libros Geografía del Hambre y Geopolítica del Hambre).
A pesar de ello, se sigue argumentando la importancia de aumentar la producción (sin importar sus costos). De ello no escapa la prédica presidencial, ya que como bien sostuvo Cristina Fernández: “Tenemos una capacidad para producir alimentos para más de 400 millones de personas, cuando apenas somos 41 millones de personas, este año vamos a volver a batir récords en materia de cosecha”.
Esto no representa una contradicción, ya que al centrar la discusión sobre el hambre en la distribución del ingreso, nos olvidamos de preguntarnos quiénes, cómo y para qué producen los alimentos. Pasamos a centrar el eje de la discusión en el consumo. Así, llegamos a plantear que la solución en la batalla contra el hambre es “incentivar el consumo”. Y es por ello que el grueso del discurso realizado por la presidenta se basó en las políticas sociales (AUH, PROGRESAR, entre otros) y no en las agroalimentarias.
Otro elemento fuerte de la intervención presidencial fueron las políticas comerciales. Sin cuestionar quienes son los que producen y exportan, la presidenta elevó críticas a las barreras paraarancelarias, incluyendo en ellas varias medidas sanitarias tomadas por países que reciben producción agroalimentaria argentina.
Sostuvo que “subsidios y barreras paraarancelarias a través de falsas medidas fitosanitarias, son otro de los problemas. ¿Por qué? Porque no permiten la libre competencia en materia alimentaria”. Este dejo de liberalismo, se contradice con el reclamo que la misma presidenta realizó en las oraciones siguientes en relación a la necesidad de regular la especulación con los alimentos.
Sostuvo que “es inconcebible que haya mercados a futuro en materia de granos y entonces se especule si vendo la cosecha o no. Debería, en materia alimentaria, haber regulaciones globales. No para quitarle nada a nadie, no para socializar nada, pero una cosa es no socializar y otra es especular”.
Así, el discurso quedó centrado en la defensa de las políticas sociales que promovieron el consumo y en la defensa del rol de “líder agroalimentario” del país, es decir de las exportaciones argentinas y por lo tanto de los sectores que las realizan.
Distribuir el ingreso, pero no los recursos
Llama la atención que siendo un discurso centrado en las políticas para combatir el hambre, no haya mención alguna a la distribución de los recursos productivos, necesarios para desconcentrar la producción y hacer más accesible los alimentos.
Tierras, semillas, aguas, biodiversidad, maquinaria agrícola apropiada para la pequeña producción, son reclamos que la Vía Campesina eleva desde el año 1996. En ese año surge la propuesta de soberanía alimentaria como “la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos”.
Esa idea-fuerza se plasma hoy en día en varias iniciativas gubernarnamentales. Un claro ejemplo de ello es la sanción de la “Ley de Agricultura Familiar”, votada en diciembre pasado por el Congreso Nacional. Sin embargo, a casi seis meses de ese hecho, todavía no ha sido reglamentada y según denuncian las organizaciones del sector, los recursos económicos previstos por la ley (luego de sucesivos reclamos) no serán efectivamente ejecutados. En cambio, si se prevé poner en marcha sectores del Estado para fiscalizar el “comercio ilegal de semillas” con la amenaza al “uso propio” por parte de los productores.
Fernando González – @FerNarso
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