13 mayo, 2015
El Congreso investigará las aptitudes psicofísicas del juez Fayt
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó iniciar un proceso para investigar el estado de salud del ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt debido a la polémica desatada a partir de la acordada del máximo tribunal del pasado 21 de abril.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó iniciar un proceso para investigar el estado de salud del ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt debido a la polémica desatada a partir de la acordada del máximo tribunal del pasado 21 de abril.
En aquella oportunidad la Corte resolvió renovar el mandato de Ricardo Lorenzetti como presidente del organismo y, en los documentos, figuraba la presencia del doctor Fayt. Sin embargo, al poco tiempo esto fue desmentido y se informó que el magistrado no estuvo en aquel encuentro y firmó la acordada desde su casa.
Esta situación derivó en una serie de planteos respecto a la capacidad del juez de seguir ejerciendo su cargo a los 97 años de edad. Más aun cuando la Corte se encuentra, actualmente, en una situación irregular al estar compuesta por cuatro jueces cuando la legislación establece que deben ser cinco.
Por este motivo, y con el voto mayoritario del oficialismo, la comisión que preside la diputada mendocina Anabel Fernández Sagasti aprobó un expediente presentado por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando se desempeñaba como senador nacional solicitando «la apertura de un proceso investigativo sobre el Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Fayt, a fin de que proceda a evaluarse su capacidad psicofísica actual».
Las medidas recomendadas por la presidencia de la comisión y aprobadas por 17 votos contra nueve (con cinco ausentes), consisten en invitar a una serie de periodistas, entre ellos Horacio Verbitsky de Página/12 y Leonardo Scolpatti y Sergio Paz de Radio América. Estos deberán informar sobre los artículos realizados respecto al tema, entre los que se encuentra un audio del propio ministro Fayt, realizado en los últimos días.
Además, serán citados a declarar el secretario General y de Gestión de la Corte, Jorge Kraut y Cristian Abritta respectivamente, los empleados de la Secretaria Privada de Fayt, su chofer y los secretarios letrados de la Corte Suprema.
Finalmente, también deberá asistir el perito calígrafo de la Corte Suprema de Justicia para verificar la firma del juez Fayt durante los últimos tres años.
Al momento de abrir la discusión, y a pesar de su reticencia a tratar el tema, diputados opositores tomaron la palabra. En ese sentido el legislador del PRO, Pablo Tonelli afirmó que «la única imputación que se le hace a Fayt es la de ser viejo. Y ser viejo no es una causa que esté prevista para iniciar un juicio político».
La respuesta vino a cargo de Luis Cigogna: «Conozco al juez Fayt hace más de 40 años, fui su alumno. Es un absurdo decir que con esto estamos estigmatizando a los mayores. La ley establece la edad de jubilación para todos los trabajadores, porque es obvio que a medida que avanza la edad se van reduciendo las facultadas. Hay datos que indican que él no estaría en condiciones de cumplir sus funciones».
Además añadió que «la objeción no es que firmó en su casa. Es que el señor Lorenzetti le hizo decir cosas que no dijo. Habló de que hizo propuestas en una reunión, algo que era imposible porque no estaba. Nadie está imputándole al Fayt una actuación incorrecta».
Margarita Stolbizer, del GEN, dijo a su turno que «se debe rechazar in limine el pedido contra Fayt, puesto que para iniciar un procedimiento de Juicio Político se debe cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional que fija como causas: mal desempeño de sus funciones, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de crímenes comunes. Ninguna de estas tres están hoy invocadas contra Fayt, sino solo la discriminación por la edad del magistrado».
Esto no se condice con lo planteado por el constitucionalista Eduardo Barcesat quién sostuvo hace unos días que la Corte firmó “un acta que no se corresponde con el contenido de los hechos. Lo cual implica una falsedad ideológica del instrumento público que es un hecho penalmente tipificado”.
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