Militares de EEUU son acusados de delitos sexuales en Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia reclamó esta semana a las autoridades de su país información relacionadas con presuntos abusos sexuales de militares de Estados Unidos contra niñas y adolescentes entre 2003 y 2007. Los casos fueron denunciados por la Comisión Histórica del Conflicto Armado.

Esa Comisión está conformada por 12 expertos, seis seleccionados por el Gobierno y seis por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y surgió de los diálogos de paz que llevan a cabo las partes beligerantes en Cuba.

El estudio, que tiene 809 páginas, sostiene que entre 2003 y 2007 ocurrieron al menos 54 casos de abuso sexual contra menores de edad ejecutados por soldados norteamericanos. Las víctimas eran de las localidades de Melgar y Girardot, ubicadas en el centro del país y próximas a la base militar de Tolemaida, una de las que utilizan las fuerzas armadas de EEUU en el país sudamericano.

Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo colombiano, fue quien elevó el pedido de información sobre el estado las investigaciones en torno a tales hechos. A su vez, instó a la Cancillería y al ministerio de Defensa a interpelar a las autoridades de Estados Unidos para esclarecer los acontecimientos mencionados en el informe.

«Estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes», enfatizó el funcionario en un comunicado. Otálora añadió que «existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables».

Este es el segundo escándalo que involucra a militares estadounidenses en Colombia en pocos meses. Hace tan solo dos semanas la directora de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) debió renunciar ante la publicación de un informe del Departamento de Justicia de EEUU que indicó que 13 agentes de la DEA participaron durante varios años en “fiestas sexuales” con prostitutas contratadas con el dinero de los cárteles de la droga colombianos en edificios gubernamentales.