Un paro en un año electoral

Por Ulises Bosia. Terminó el paro y su contundencia fue total. La Confederación de Trabajadores del Transporte encabezó la huelga y garantizó la imposibilidad de viajar, algo que fue cuestionado por algunos funcionarios y periodistas con argumentos liberales, pero que en realidad forma parte de las más elementales herramientas de los trabajadores y trabajadoras para defender sus intereses.

A diferencia de otras situaciones ante las que eligió esperar que se disipen, el gobierno nacional actuó desde temprano para enfrentar políticamente la medida de fuerza gremial. Primero dispuso que Máximo Kirchner diera una larga entrevista radial a Víctor Hugo Morales para intentar disputar la agenda de los medios de comunicación. Y en segundo lugar la propia presidenta utilizó la cadena nacional para contestar el paro desde La Matanza.

Estas respuestas demuestran que no es lo mismo para el gobierno nacional recibir un golpe por parte de la embajada norteamericana, de sectores patronales o del “partido judicial” que de sectores del movimiento obrero que, para peor, en la mayoría de los casos fueron aliados políticos durante buena parte de su gestión. La presidenta continúa así con la política de enfrentamiento con una parte importante de los gremios, que comenzó con la ruptura con Hugo Moyano en 2012.

La argumentación de Cristina se apoyó sobre dos ejes. En primer lugar planteó una falta de “solidaridad” de quienes pagan ganancias a sus hermanos de clase que no alcanzan un salario bruto de 15 mil pesos o que trabajan “en negro”.

Esta argumentación asume como un hecho la fragmentación estructural de la clase trabajadora. Es cierto que sus causas fueron originada por las políticas neoliberales desde 1976 y que se replican a lo largo y ancho de este mundo del capitalismo del siglo XXI. Pero al mismo tiempo es difícil comprender que un gobierno vigente hace 12 años no responsabilice al menos en parte a sus políticas de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

No alcanza con decir que “hay cosas que faltan”, una verdad que vale para cualquier gobierno en cualquier tiempo y lugar. Es necesario ir más allá y hacer una evaluación seria de las limitaciones de las políticas aplicadas por el kirchnerismo y formular un programa que permita terminar con el trabajo no registrado, con los salarios inferiores a la canasta familiar, con las jornadas extenuantes de trabajo, con las largas horas de viaje al trabajo en condiciones paupérrimas, con la dificultad para acceder a una vivienda digna y propia y con todas las grandes necesidades del pueblo trabajador.

De otra manera sólo queda aceptar la realidad como el mejor de los mundos posibles y asumir el discurso de la presidenta: apelar a una redistribución de la riqueza al interior de la clase trabajadora. Que los trabajadores y trabajadoras privilegiados resignen una porción de sus ingresos para hacer posibles las políticas públicas sociales y los planes de asistencia.

¿Por qué no es posible recuperar los aportes patronales que Domingo Cavallo redujo en los años noventa? ¿Qué necesidad existe de que el impuesto a la herencia derogado por Martínez de Hoz en la dictadura no pueda volver a ser reimplantado? ¿Cuál es la razón de que la renta financiera continúe exenta?

En lugar de rechazar el reclamo, la presidenta bien podría abrir una discusión sobre estos temas, permitiendo un debate sobre lo que a lo largo de estos 12 años no se hizo: una reforma impositiva que termine con los impuestos al consumo y a las ganancias como base de las arcas del Estado.

No es casual que no exista ningún dirigente gremial en la Argentina que afirme que el reclamo por ganancias no sea justo. Hasta oficialistas como Hugo Yasky lo reconocen. También Caló debió dar libertad de acción a sus seccionales. Y La Fraternidad y la UTA que lideraron el paro se encuadran en la CGT oficialista.

La argumentación se corre así al segundo de los ejes de la cadena nacional de la presidenta: en realidad “no se trata de reivindicaciones obreras, sino de hacer oposición”. Es decir, el reclamo quizás hasta pudiera ser justo, pero no es la verdadera razón de la medida de fuerza, cuyo objetivo es desgastar al gobierno.

No se puede ser ingenuo en esto. Una medida de fuerza de la magnitud del paro de este martes siempre va a ser utilizado políticamente y se dará una disputa entre distintos sectores para ver quién puede capitalizarlo.

La mayor parte de la dirigencia sindical argentina combina sus preocupaciones sectoriales -que siempre juegan un papel, incluso cuando muchos dirigentes ya no vivan como sus representados y se hayan convertido en una burocracia empresarial de la peor calaña- con la búsqueda de reacomodarse ante el recambio presidencial bajo el ala de variados proyectos patronales.

El propio reclamo de ganancias en sí mismo no es la puerta para un cambio positivo de la situación de la clase trabajadora, porque perfectamente puede ser incorporado al interior de una propuesta política reaccionaria, como lo demuestra el Frente Renovador. Pero al mismo tiempo es muy difícil que un planteo político que defienda los intereses del conjunto del pueblo trabajador no incluya alguna propuesta para dar cuenta de este reclamo. ¿No serían diferentes las cosas si los sectores progresistas, populares y de izquierda que integran el kirchnerismo plantearan propuestas al respecto como parte de la interna del Frente para la Victoria?

Si uno sale de una óptica estrecha del mundo de la política y mira la situación desde el punto de vista de un trabajador cualquiera que paga ganancias, ¿qué opciones existen? O bien plegarse al paro junto a dirigentes gremiales con los que habitualmente no tiene una gran simpatía por un reclamo justo, o bien rechazar el paro y dedicarse a esperar la posibilidad de que el gobierno recapacite por su cuenta. Queda claro cuál fue la elección concreta este martes y es difícil cuestionarla. Pero sería equivocado creer que ese mismo trabajador ya tiene claro a quien va a votar en agosto y octubre.

@ulibosia

Foto: Gerardo Viercovich