Seis meses de la masacre de Ayotzinapa: Los 43 siguen sin aparecer

Ya pasó medio año desde que 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y desaparecidos en el Estado de Guerrero, al sur de México. En este marco padres, madres y familiares siguen exigiendo al gobierno que los entregue con vida y este jueves llevan a cabo distintas acciones de protesta.

Los manifestantes participarán primero de un acto frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito Federal y luego se movilizarán hacia el Monumento a la Revolución. La acción frente al INE tiene como objetivo presionar para evitar la celebración de comicios en el Estado de Guerrero, hasta que no se esclarezcan los hechos.

Según informó Telesur, voceros de las familias informaron que las conversaciones con el Gobierno Federal están rotas desde hace tiempo y que no se han contactado tampoco con la Procuraduría General de la República (PGR).

«Hay indicios de que están vivos, puede ser que estén en el campo Militar Número 1 en la ciudad de México o en algún cuartel en el estado de Guerrero, que las instituciones internacionales exigen que sean revisadas», apuntó Meliton Ortega, representante de las familias afectadas.

Historia de un secuestro

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Estado de Guerrero, policías locales al mando del alcalde José Luis Abarca (hoy detenido), atacaron con armas de fuego a estudiantes normalistas con saldo de seis muertos y más de una veintena de heridos. Durante la madrugada 43 de los jóvenes fueron arrestados y llevados por la policía hasta el vecino municipio de Cocula, donde fueron entregados al grupo narco Guerreros Unidos.

Recién diez días después, el 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto informó que ordenaba al Ejército, la Armada, la Policía Federal y la Gendarmería sumarse a la investigación que, hasta entonces, estaba en manos de la misma policía responsable de la desaparición.

A fines del año pasado y habiendo encontrado el cuerpo de solo uno de los normalistas, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, presentó una serie de testimonios, pruebas de pericias y forenses, entre otras, para concluir que la «verdad histórica», era que los 43 de Ayotzinapa habían sido asesinados por los sicarios de Guerreros Unidos.

Esto le significó un debate con los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, habiendo sido convocados para la investigación, cuestionaron los métodos periciales utilizados por la PGR.

La «verdad histórica» del procurador lejos de convencer a los padres de los desaparecidos, produjo la multiplicación de las protestas y marchas en todo el país. Los familiares han enfocado desde hace un tiempo la búsqueda en los cuarteles militares, lo cual ya ocasionó un enfrentamiento frente al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala y en otras dependencias.

Toda esta situación llevó a la destitución del procurador y su reemplazo por la senadora Arely Gómez que, en uno de sus primeros pronunciamientos y ante el reclamo nacional e internacional, aseguró que el caso sigue abierto.