Griesa, el Citi y una nueva audiencia en la Cámara de Apelaciones

El juez Thomas Griesa habilitó finalmente al Citibank a pagar bonos Discount por 15 millones de dólares bajo legislación local el próximo 31 de marzo, fecha de su vencimiento. El juzgado neoyorquino “emitió una estipulación y orden por la que no impedirá al Citi que su sucursal de Argentina cumpla con sus obligaciones de procesamiento de pago”, señaló el comunicado oficial difundido.

Junto a esta decisión, la justicia norteamericana también permitirá el pago del siguiente vencimiento el mes de junio. Por otra parte se instó al banco a ejecutar un plan de salida del negocio de custodia de los bonos argentinos.

Que si, que no

La decisión de Griesa de permitirle al Citi nuevamente por única vez, o en este caso por dos únicas veces, el pago de los bonos bajo legislación local, que ya había autorizado previamente (en julio, septiembre y diciembre del año pasado) se alcanzó luego de sendas reuniones durante la última semana entre los abogados de la entidad bancaria y el juez, quien en un principio denegó esta posibilidad.

El Citi había presentado, con el apoyo de la Argentina, un escrito ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, para que se le permitiera el pago de bonos bajo legislación argentina de manera irrestricta, evitando tener que pasar sede judicial ante cada vencimiento.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el 12 de marzo Thomas Poole Griesa rechazó esa posibilidad y le impidió al banco efectuar el pago de los bonos, llevándolo ante una situación de virtual incumplimiento con la ley argentina bajo la cual opera.

Ante esta decisión los abogados del Citi solicitaron una medida de no innovar, también denegada, mientras desde el gobierno se comunicaba que cualquier violación de la normativa local seria sancionada severamente.

“El Citibank se enfrenta a consecuencias catastróficas si no procesa el pago muy pequeño (3,7 millones de dólares) que recibirá en nombre de sus clientes, el 31 de marzo de 2015”, indicaron desde el banco en uno de los documentos presentados ante el juez de Nueva York y agregaron: “Estos riesgos (por las sanciones que Argentina pudiera determinar) no son hipotéticos y ameritan el otorgamiento de la medida de no innovar (stay)”.

Desde el Ministerio de Economía se habían encargado con anterioridad de dejar en claro que en caso de acatar la decisión de Griesa y no cumplir con el giro de los fondos destinados a las obligaciones de deuda, el banco estaría “ejecutando una sentencia de tribunales extranjeros en la República Argentina, sin que la misma cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; afectando, en consecuencia, el orden público argentino”, otorgándole un plazo de 48 horas a la entidad para definir qué resolución tomaba y acompañando la medida con la designación de un veedor dispuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

A la par de peticionar ante Griesa, el Citi decidió abandonar la custodia de los bonos argentinos, para no verse sometido a futuros problemas. “Escribimos para notificar a Su Señoría, en vista de los recientes acontecimientos, que el Citibank ha decidido que su filial argentina, Citibank Argentina, desarrolle y ejecute un plan de salida de su negocio de custodia en la Argentina lo antes posible”, sostiene en un documento difundido, el banco de origen norteamericano.

Esta decisión, mas allá de las intenciones del Citi, dista de ser fácil en su realización dado que la custodia de bonos no es transferible ni puede realizarse de un momento a otro, por lo cual desde el banco exigen tiempo para llevarlo adelante. Este negocio de custodia significa el 2% de los ingresos de la entidad en el país, no revistiendo la misma un carácter significativo.

La decisión de Griesa, tras las negociaciones del jueves y viernes pasado, fue habilitar al banco para que abone el nuevo vencimiento de bonos, así como el siguiente, mientras busca la forma de desprenderse de la custodia de los títulos.

Haber continuado con aquella medida de impedir el giro del dinero hacia los tenedores de bonos habría empiojado aún más el panorama y abierto otro frente de batalla, como el que ya existe con los eurobonholders (George Soros incluido), quienes tienen sentencia favorable en la justicia inglesa, y exigen que los bonos bajo legislación europea no sean alcanzados por la forzosa interpretación de la cláusula pari passu hecha por Griesa, que benefició a los fondos buitre.

Una cita en la Cámara de Apelaciones

Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, serán parte de una nueva audiencia ante la justicia norteamericana en representación de la Argentina este 24 de marzo.

La cita en este caso responde a un llamado para que los abogados que representan al país fundamenten su apelación contra el desacato decidido por Griesa en septiembre del año pasado y cuyo alcance resultó ser limitado.

El magistrado había decidido emitir una orden de desacato al entender que Argentina “dio pasos ilegales violatorios de su fallo”. El Congreso de la Nación venía de aprobar la Ley de Pago Soberano, que desplazaba al Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario, y en su lugar se proponía para ocupar dicho rol a Nación Fidecomisos.

Aquella decisión es la que Argentina debe apelar ahora, en un nuevo capítulo de una trama que no deja de escribirse y cuyo caso mantiene en vilo al mundo de los negocios que ya lo definió como el juicio del siglo por las consecuencias que puede llegar a traer en futuras reestructuraciones de deuda.

Leandro Navarro – @navarro_lean