Nuevos acuerdos y viejos desacuerdos entre el “campo” y el gobierno

Por Patricia Sosa. El anuncio sobre la creación de un fondo de estímulo para pequeños y medianos productores significó un viraje en la relación entre el gobierno y la Federación Agraria y vuelve a poner en discusión el modelo agropecuario.

La decisión anunciada en cadena nacional por la presidenta el pasado lunes 16 de marzo sobre la supuesta segmentación de las retenciones a las exportaciones de granos es la cristalización de una nueva relación de fuerzas entre el gobierno y lo que hace un tiempo se denominaba “el campo”. La medida beneficia a quienes producen hasta 700 toneladas de granos, que para los que producen soja en la zona central del país representan, a grandes rasgos, poco más de 200 hectáreas.

Si durante el conflicto del 2008 por la 125 se hablaba del campo como un sector homogéneo y que representaba intereses idénticos, ahora se hace más claro que ese campo son y siempre fueron varios campos, y que en él conviven sectores con intereses diferentes y a veces enfrentados.

Volvamos al 2008. Frente al proyecto de ley por las retenciones móviles, las principales entidades que nuclean a los productores agropecuarios se unieron en la Mesa de Enlace. Se trataba de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Fue esta mesa la que organizó el lockout patronal y los cortes de ruta con la intención de acaparar la renta agraria en un contexto en el que el precio de la soja internacional llegó a superar los 500 dólares por tonelada.

Hace varios meses la soja viene cayendo en su precio -en el último año disminuyó un 30%- pero sobre todo el negocio se volvió menos rentable porque la devaluación del peso encareció los insumos, que en nuestra calidad de país dependiente importamos en grandes cuantías del exterior, principalmente de China y Estados Unidos. En este nuevo contexto, las megaempresas agropecuarias, que pasaron desapercibidas durante el conflicto del 2008, hace unos años se vienen retirando con mayor o menor rapidez de la producción agrícola en el país.

Sin embargo, los chacareros, curados ya de la fiebre de la soja que los tenía obnubilados, y sin la posibilidad de integrarse verticalmente ni de irse como otros grandes productores, se enfrentan ahora al dilema que nos toca a todos de lo que el boom sojero implicó: la destrucción del tejido socio-productivo del campo argentino debido a la concentración de la tierra y de la producción, las conversión de los pequeños y medianos productores en rentistas y, en fin, los desastres ecológicos que conllevó la introducción desmedida de las biotecnologías en el agro (desmontes, inundaciones).

Tarde pero seguro, los chacareros recordaron que sus intereses a largo plazo no son los mismos que los de la SRA, y mucho menos de megaempresas como Cresud o Adecoagro, que prefieren negociar entre bambalinas y no ensuciarse las manos como la antigua burguesía agropecuaria. Consiguieron con esto un apoyo económico del gobierno y están organizándose para evitar que Monsanto les cobre regalías por la utilización de la nueva semilla transgénica de soja RR2 a los que los fueron acostumbrando.

Salieron de las faldas de los que se hacen llamar “el campo” donde los tenía metidos Eduardo Buzzi (después de todo fue la mayoría de sus representados quien lo eligió), y ahora Omar Príncipe parece darle un cariz más independiente de estos sectores y más cercano al gobierno, y con ello, al Estado.

Es así como Príncipe también se reunió con las autoridades del INTA para “plantear una agenda común”. Tendremos que estar atentos a si esto es sólo una expresión de deseo o si realmente se puede hacer de esa institución que se vuelve cada vez más anacrónica un factor de desarrollo económico-territorial. Además, Príncipe ya venía consiguiendo otros apoyos al sector, como los créditos “especiales” que el Banco Nación otorgó en enero a productores de hasta 600 toneladas. Como consecuencia, es tildado de traidor por el resto de las entidades y al interior mismo de la FAA.

No tenemos que olvidar, sin embargo, que fue justamente durante el kirchnerismo que se sentaron las bases del actual modelo extractivista del agronegocio. Monsanto financió la campaña de Cristina (así como la de otros, claro), y fue durante el kirchnerismo que los pooles de siembra se expandieron cuales capitales golondrina del campo haciendo uso de la ley de contratos accidentales de arrendamiento por dos cosechas. Fue durante la era kirchnerista, en fin, que la agricultura familiar se convirtió en una especie en extinción, y ni hablar de la campesina, mientras se dieron subsidios millonarios a las megaempresas y se acordó con los grandes proveedores de insumos transnacionales.

Además, las retenciones no fueron efectivamente segmentadas, sino que la resolución 126/2015 publicada por el Ministerio de Economía crea un “Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos” bajo la tutela de la Secretaría de Comercio y de dudosa continuidad. Concretamente, se transferirá una suma pactada de manera escalonada de acuerdo a la cantidad de granos producidos (hasta 700 tn) en función de las divisas efectivamente recaudadas. Ello podría hacer entrar en conflicto a los pequeños productores que quieren cobrar el incentivo y el resto, para quienes muchas veces parece conveniente dejarlos guardados en los silos.

Este cambio de discurso respecto del agro y esta concesión a los pequeños y medianos productores (sólo aquellos actualmente registrados en la AFIP) no son suficientes para revertir el proceso de sojización y desposesión en el agro que las reformas neoliberales supieron construir, y este gobierno, profundizar. Sin embargo, podría tratarse de una oportunidad para la FAA de retomar sus banderas históricas y de recuperar ese estrato tan importante para el desarrollo del país. En cuanto al gobierno, no parece por ello estar apartándose del modelo neocolonial en el que se ha sumido al agro argentino.