La OEA y su nuevo secretario general: Entre la reforma y la defunción

Este miércoles el ex canciller uruguayo, Luis Almagro, fue elegido por 33 votos a favor y una abstención, como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue el único candidato que se presentó con una propuesta que intenta conciliar los intereses estadounidenses y latinoamericanos.

Mediante una asamblea general extraordinaria, los países miembros de ese organismo multilateral dieron el visto bueno a Almagro para sustituir al chileno José Miguel Insulza que estuvo al frente de la OEA durante diez años (2005-2015) y cuya gestión termina oficialmente el 25 de mayo próximo. Almagro, de 51 años, es abogado y fue canciller de Uruguay durante el mandato de José Mujica (2010-2015).

Al asumir, el nuevo secretario general dijo que tiene el objetivo de «facilitar y trabajar por una renovación» en la OEA y que de cara a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá el mes de abril, abogó «por un hemisferio sin exclusiones».

Esto fue en referencia a que una de sus propuestas (en consonancia con la nueva política exterior estadounidense) es reincorporar a Cuba, expulsada en 1962 por su adhesión al marxismo-leninismo lo cual fue considerado «incompatible» con el sistema interamericano. Sin embargo, hay que recordar que en los últimos años se hicieron propuestas serias y el propio gobierno de La Habana rechazó volver al organismo.

La urgencia de la reforma

«Si la OEA no se reforma morirá como un dinosaurio», afirmó el ex ministro de relaciones exteriores y vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein meses antes de declinar su candidatura a la secretaría general del organismo.

Y es que en los últimos años el ente multilateral ha perdido gran parte de su legitimidad. La emergencia de gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina trajo aparejado un alejamiento de la política exterior impulsada por Washington en la región y, como consecuencia, un debilitamiento de la OEA como institución rectora de esas políticas.

En paralelo, los países latinoamericanos impulsaron nuevos organismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba), entre otras.

Para rematar, en 2005 fue elegido por primera vez como secretario general de la OEA un candidato que no era el predilecto de EEUU. Si bien Insulza no fue un opositor a la diplomacia norteamericana, si se manejó con cierto margen de autonomía.

Todo esto llevó a modificaciones importantes en las relaciones exteriores entre los países del continente, pero la OEA no modificó su estructura ni se adaptó a los nuevos tiempos.

La reacción estadounidense: Cambiar para que nada cambie

El gobierno estadounidense no es tonto, eso hay que tenerlo siempre presente, por eso ha estado trabajando en una modificación de la OEA aunque, obviamente, afín a sus intereses.

Durante el año 2013 el Congreso de EEUU aprobó una ley de «de reforma y revitalización» de la OEA a propuesta de una comisión bipartidista de cuatro senadores. Según esta legislación, la política de Washington respecto al organismo no es definida por el Ejecutivo sino por la ley, lo que le posibilita a los representantes estadounidenses negarse a cualquier propuesta que no se atenga al texto.

La normativa exige, entre otras cosas, que el secretario de Estado identifique el camino para «la adopción de reformas necesarias que prioricen y refuercen la competencias centrales de la OEA». ¿Cuáles son esas competencias?, simple: «El fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de disputas regionales, la asistencia y observación electoral, el fomento del crecimiento económico, la cooperación para el desarrollo y la facilitación del comercio», entre otros temas.

Sin embargo, la ley apunta a un problema que preocupa más al Congreso norteamericano: la cuestión financiera. Hay que recordar que Washington aporta más de la mitad del presupuesto del organismo multilateral, por eso la normativa ordena establecer «un enfoque que asegure que la OEA adopte efectivamente un proceso presupuestario basado en resultados», a fin de ir eliminando las funciones «que no sean necesarias».

Un futuro poco venturoso

La ley norteamericana se la pega de frente con los proyectos del nuevo secretario general, pero sobre todo (y más importante aun) resulta inadmisible para el resto de los países que las competencias y funciones de la OEA e incluso sus reglas presupuestarias las decida una ley del Congreso de EEUU.

A esto hay que sumarle, como explicó el periodista y ex diplomático panameño Nils Castro, que «tampoco es admisible que cualquier reforma de ese organismo se conciba sin tener en cuenta que buena parte de dichas funciones y competencias ahora son mejor ejercidas por otras organizaciones regionales que incluso gozan de mayor legitimidad, como la Celac y la Unasur».

Por eso para el analista «la promesa de que la nueva secretaría de la OEA adoptará una política de mayor diálogo y complementación con las organizaciones regionales y subregionales latinoamericanas y caribeñas está muy bien, pero no basta».

No obstante, Castro plantea que la OEA puede cumplir todavía un rol teniendo en cuenta que a diferencia de la Celac y la Unasur «lo que distingue a la OEA es que incluye a Canadá y Estados Unidos y, por ello, puede conformar un espacio continental de diálogo y concertación Norte-Sur. Ambas partes necesitan ese espacio y es esto lo que puede ofrecerle un destino distinto».

Habrá que ver como se suceden los acontecimientos, pero la próxima Cumbre de las Américas será una prueba de fuego. Washington llegará con la intención de revitalizar el organismo pero el contexto no lo favorece. La reciente agresión a Venezuela, rechazada ampliamente por casi todos los países del continente, le augura una cumbre compleja.

Santiago Mayor – @SantiMayor