16 marzo, 2015
España rechaza extraditar represores franquistas
Para el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, durante la dictadura de Francisco Franco la pena de muerte no era delito, los hechos prescribieron y España podría juzgarlos.
El gobierno español deniega la extradición a Argentina de 20 personas -entre ellas ex ministros franquistas- reclamada por la jueza María Servini de Cubría por presuntos delitos durante la dictadura de Franco. Se anunció el pasado viernes luego de una reunión del Consejo de Ministros.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una rueda de prensa argumentó los motivos de rechazar el pedido argentino para que miembros del gobierno franquista compadezcan en nuestro país: principios de jurisdicción preferente, doble incriminación y extinción de responsabilidades.
Aunque Servini de Cubría pidió la extradición en base al principio de justicia universal para perseguir delitos que no fueron juzgados, el ministro español defendió que la jurisdicción preferente es aplicable porque «esas personas están en España y los delitos que hipotéticamente cometieron fueron en territorio español».
Catalá también apela al principio de doble incriminación para señalar que los hechos que la jueza argentina atribuye a los ex ministros, como firmar condenas de muerte, «no eran delito según la legislación de la época”. Por último, para el titular de Justicia, aunque los delitos se hubieran cometido, “habrían prescrito”. A diferencia de Servini, Catalá no entiende que sean delitos de lesa humanidad por lo que ya prescribieron al transcurrir más de 15 años.
El pasado octubre Servini de Cubría había ordenado la detención y extradición de 20 personas vinculas a la represión y crímenes de la dictadura de Franco. La jueza quería tomar declaración indagatoria en el marco de la causa penal abierta a raíz de la denuncia presenta en 2010 por familiares de víctimas del franquismo.
En esta veintena de personas hay ocho ex ministros entre los que destacan Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976; Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento en 1974-75; Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975.
En su mayoría se los acusa de ser responsables por la muerte de cinco trabajadores, en marzo de 1976, durante una represión policial en la que también hubo 150 heridos de bala; la muerte del anarquista Salvador Puig Antich, último ejecutado con garrote vil en España, y de los últimos fusilados por el régimen. Ambos casos en septiembre de 1975 en Madrid, Burgos y Barcelona.
Además pidió el arresto del ex capitán de policía armada Jesús Quintana Saracíbar, también por la muerte de esos cinco trabajadores en 1976.
Al ex capitán se le suman otros siete ex policías. A saber: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter por diversos casos de torturas.
La lista termina con Carlos Rey González, miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los ex jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer. Este último denunciado por la desaparición de un bebe, en noviembre de 1967, en el hospital donde ejercía.
Luciano Coccio, desde Barcelona – @LuchismoD
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