El Gobierno español justifica su apoyo a la dictadura argentina

Para el gobierno conservador de Mariano Rajoy la relación diplomática entre la España de la transición y la dictadura militar argentina estuvo “más allá de la permanencia en el poder de un tipo u otro de gobierno”. Así La Moncloa entiende que el apoyo político, económico y financiero que el Estado español brindó a la Junta Militar no admite ninguna rectificación o corrección.

«¿Cuál fue la colaboración económica y política del gobierno español con la dictadura del general Videla en Argentina?», fue la pregunta que hizo el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. La consulta se realizó cuando el diario español Público difundió una serie de documentos, secretos hasta el momento, que demostraron la relación del rey Juan Carlos I y el gobierno de Adolfo Suárez con el gobierno de facto.

El Ejecutivo español justifica que las relaciones bilaterales “se mantuvieron conforme con el principio de universalidad de relaciones diplomáticas entre Estados y similares a las mantenidas con el resto de países del continente iberoamericano”.

Sin embargo todavía queda por responder a la pregunta que el diputado Josep Nuat, de Izquierda Plural, formuló sobre las 56 condecoraciones a represores argentinos y funcionarios por parte del rey Juan Carlos I.

Apoyo económico y financiero

Según Público fue el mismísimo rey Juan Carlos I quien recibió en su despacho al embajador argentino, el general Leandro Enrique Anaya. De tal encuentro el embajador informó que el rey “dijo que España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina”. Cuatro días después Madrid retomó la compra de carne argentina paralizada seis años antes.

De la visita a España de Martines de Hoz, ministro de Economía argentino, el dueño del Banco Santander decía: «Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado”. “El nuevo Gobierno argentino nos ha ofrecido devolvernos las sucursales de Córdoba y Rosario que nos fueron expropiadas en 1973”, agregaba.

De aquella visita la investigación de Público destaca el Acta final de conversaciones firmada en diciembre de 1976 por el ministro de Comercio de España, José Llado, y Martínez de Hoz. Luego de tres días de negociaciones ambos países se comprometían a “poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera”. Así Argentina compraría “bienes de equipos españoles, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario por un valor global de 290 millones de dólares”.

Por su parte el Banco Exterior de España abría una “línea especial de crédito” para las “compras argentinas de un valor máximo de 150 millones de dólares». Además el gobierno español se compromete a entregar a la dictadura, “un crédito en condiciones concesionarias, por un valor de 50 millones de dólares”.

Según otro documento dentro de la misma investigación entre Argentina y España en 1977 se produjo «un notable incremento del comercio global que alcanza los 450,8 millones de dólares, cifra que no registra precedentes hasta el presente».

Todo tiene un precio

Tal vez por esos números positivos o por estar saliendo de 40 años de dictadura franquista, el gobierno español desestimó los informes sobre violaciones de Derechos Humanos en Argentina.

En una nota sobre desaparecidos y detenidos españoles, bajo el sello de “muy reservado”, la Embajada de España, en octubre de 1976, explica cómo en Argentina “fuerzas paralelas detienen o desaparecen personas de las que sus familias no vuelven a tener noticias”. También deja claro que si bien los desaparecidos pueden pertenecer a grupos políticos o gremiales “no se puede afirmar que hayan desarrollado actividad guerrillera o propiamente subversiva”.

A su vez dejaba clara la distinción entre detenidos y desaparecidos. Sobre los segundos detalla que “lo más común es que las detenciones se hacen en las horas de la madrugada por gente armada que se presenta como policía de paisano, y a veces con traje militar de ‘fajina’. Suelen llevarse a los detenidos con los ojos vendados a un lugar desconocido”.

El propio rey de España recibió correspondencia de los familiares de los españoles desaparecidos. «Nos permitimos dirigirnos a Vuestra Majestad por el siguiente problema que nos aqueja. Con fecha 28-10-76, aproximadamente a las 24.00hs, un grupo de hombres armados vestidos de civil, que dijeron pertenecer a un comando del ejército sin exhibir ningún tipo de identificación, irrumpieron en nuestra vivienda», dice la carta que Jesús Ortiz de Murúa y su mujer acercaron a la embajada española aprovechando la visita del rey al país en noviembre de 1978.

A esta y otras cartas la Casa Real respondió con un escueto párrafo: “Su majestad el rey, me ha encargado acusar recibo de su carta y dar traslado de la misma al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Presidencia de la Cruz Roja España”.

Intercambio de medallas

Por eso son necesarias las respuestas. Sobretodo cuando los últimos documentos publicados por el medio español dan cuenta del intercambio de condecoraciones entre el régimen militar y la incipiente democracia española.

Mientras que la Junta Militar entregó distinciones al rey Juan Carlos I, al presidente socialista Felipe González y a otras personalidades entre las que destacan un ex ministro franquista y la fundación Marcelino Botín (dueño del Banco Santander), el Estado español otorgó 56 condecoraciones. Cuarenta y tres a represores y 13 a civiles que desempeñaban cargos diplomáticos. Dicha cifra hace de España el país con mayores distinciones al gobierno genocida.

Entre las mismas destaca el Collar de la Orden de Isabel la Católica que el propio monarca le entregó a Videla. La Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco que recibieron el dictador y el almirante Massera. El brigadier Orlando Capellani fue distinguido por la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

La nómina continua con Armando Lambruschini, Roberto Eduardo Viola, Juan Carlos Medrano, Eduardo René Fracassi. Pero también miembros civiles de la dictadura como Julio César Carasales, representante argentino en OEA.

Ninguna de estas distinciones han sido revocadas por el Estado español. Por lo pronto no parece que el gobierno del Partido Popular se cuestione retirarlas ni hacer una revisión crítica de las relaciones diplomáticas que su país sostuvo con un gobierno genocida como la última dictadura cívico-militar argentina.

Luciano Coccio, desde Barcelona – @LuchismoD