3 marzo, 2015
Comenzó el juicio por sobresueldos a Menem, Cavallo y Alsogaray
Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, donde se juzga a diez ex funcionarios acusados del delito de peculado cometido entre los años 1989 y 1999. Entre los imputados se destacan el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, donde se juzga a diez ex funcionarios acusados del delito de peculado cometido entre los años 1989 y 1999. Entre los imputados se destacan el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Los otros acusados son el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Defensa, Oscar Camilión; la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray; los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares), José Torzillo (Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa), Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales) y José Coronel (coordinador del Ministerio de Justicia).
En caso de ser encontrados culpables, el delito del que se los acusa tiene una pena que va de los dos a diez años de prisión.
Durante la primera jornada se leyeron los requerimientos de la elevación a juicio solicitado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y los distintos abogados defensores plantearon la nulidad del debate.
Todos los imputados asistieron este lunes a excepción de María Julia Alsogaray y Oscar Camilión, quienes se ausentaron por cuestiones de salud. De hecho, los jueces Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo tendrán que decidir en los próximos días si Camilión continúa o es apartado debido a su precario estado de salud.
La acusación plantea la presunta implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica. Uno de los objetivos de este dinero era el cobro de sobresueldos por parte de los funcionarios, para lo cual se recurrió a fondos reservados que tenían otros fines.
Por su parte, desde las defensas se objetó la realización del juicio sosteniendo la nulidad de las piezas leídas, el sobreseimiento por prescripción en base al supuesto exceso para juzgar en un plazo razonable y dilaciones. Puntualmente los abogados de Cavallo y Baeza González entienden que se trata de una conducta ya juzgada.
En el marco del debate, el abogado del ex ministro de Economía, Eduardo Oderigo, argumentó que su defendido ya fue acusado al menos cuatro veces por el uso de fondos reservados del Estado y que además pasaron «veintipico de años» de los hechos y se sigue «dando vueltas» por ello «se viola la garantía de doble juzgamiento».
El origen de esta causa se dio cuando María Julia Alsogaray admitió, en un juicio oral por enriquecimiento ilícito, que había cobrado sobresueldos al igual que otros funcionarios del gabinete del gobierno de Carlos Menem.
De acuerdo a lo que estipula el sistema de administración financiera del Estado (Ley 24153), todas las erogaciones, pagos y transferencias de los recursos comunes asignados por Presupuesto deben ser manejados a través de órdenes de pago y la “cuenta única del Estado”. Es así que la administración del órgano en cuestión emite la orden y la Tesorería General de la Nación cancela la obligación en la cuenta del acreedor.
Pero si los fondos asignados a las diversas dependencias resultan ser de carácter reservado, el dinero es depositado en la cuenta de cada organismo, que tienen acceso directo al efectivo y ni la Contaduría ni la Tesorería General poseen registro del uso ni del destino dado a los mismos.
Mediante este método, estima la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción, se llevó a cabo la extracción de fondos para pagar los sobresueldos. La acusación indica que Menem y Camilión actuaron como autores y los demás imputados como partícipes necesarios.
El juicio se reanudará el martes 10 de marzo. Si el TOF resuelve rechazar los planteos de las defensas, comenzarán las indagatorias a los imputados.
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