Semana clave en el litigio con los fondos buitre

Este lunes comienza una semana clave en la definición de cómo se articulará el conflicto entre Argentina y los fondos buitre de cara a los meses por venir. Por un lado este 2 de marzo vence el plazo estipulado por el juez de Nueva York, Thomas Poole Griesa, para que los tenedores de bonos en default que integran los denominados “me too” (que no entraron en el canje pero tampoco litigaron contra la Argentina) se unan al fallo con sentencia favorable que ya recibieron los fondos buitre el año pasado.

Durante el mes de febrero, Griesa habilitó a los bonistas que no entraron en el canje a presentarse en su juzgado para ser parte del fallo emitido en febrero de 2012. En aquella ocasión, siendo la primera sentencia a favor de los buitres, el juez neoyorquino tomó la resolución que la Argentina debía pagarle a los fondos NML Capital y Aurelius la suma de 1330 millones de dólares, en efectivo y de forma inmediata.

El juez apelaba a una interpretación forzosa de la cláusula pari passu (de tratamiento igualitario), por la cual el país debía reconocer de igual manera tanto a los acreedores con bonos en default que habían canjeado los mismos durante los años 2005 y 2010, como a aquellos que habían decidido quedarse al margen y litigar en tribunales extranjeros.

El resto de la historia es harto conocida, con la Corte Suprema de Estados Unidos decidiendo no entender en el caso y de esta manera dejando firme la sentencia Griesa, y la posterior negociación con el mediador Daniel Pollack.

Este lunes el 6% de tenedores de bonos en default pero que no litigaron contra el país pueden unirse a aquella sentencia favorable a Paul Singer y compañía. La Argentina por su parte tendrá hasta el 17 de marzo para realizar su presentación sobre el tema en los tribunales norteamericanos.

La deuda total que resultaría de sumar lo que reclaman los fondos buitre junto a todos lo que pasen a integrar el fallo se desconoce. Mientras algunos la cifran en menos de 10 mil millones de dólares, otros la creen cerca de los 15 mil millones y algunos auguran se acerca a los 20 mil millones de dólares.

Esta necesidad de incluir a todos los bonistas ya había sido hecha promediando el año pasado por uno de los abogados que representa a la Argentina, Carmine Boucuzzi, y deja entrever lo que se afirmó siempre desde Economía, o se negocia con el conjunto de los acreedores que no entraron en el canje, el 7%, o no se abre ronda de negociación alguna.

Sin embargo este año, y luego de caída la RUFO, desde el equipo económico no hubo mayores precisiones y todo quedó circunscrito a lo actuado por el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H).

Esta semana, por otra parte, también habrá una nueva audiencia para decidir si Griesa habilita de manera excepcional, por cuarta vez, al Citibank para destrabar un nuevo vencimiento de pagos. En esta ocasión el banco será acompañado por The Clearing House, una asociación bancaria que se presentará bajo la figura de amicus curiae (Amigo de la Corte), y por medio de la cual se busca que el juez habilite de manera definitiva estos pagos, evitando tener que pasar cada vez por sede judicial.

Revisión del desacato

El jueves 26 de febrero desde el Palacio de Hacienda presentaron ante Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la apelación contra la orden de desacato librada por Griesa en septiembre de 2014.

En aquella ocasión desde los tribunales de Estados Unidos se ordenó el desacato judicial, acusando a la Argentina de violar el fallo judicial al haber aprobado la Ley de Pago Soberano, que desplazaba al Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario y ponía en su lugar a Nación Fidecomisos.

En el comunicado difundido desde el Ministerio de Economía se afirma que “en el escrito presentado hoy, Argentina refuta la moción de los fondos buitre, quienes de manera maliciosa y contradictoria con la propia campaña de difamación que han iniciado, dicen ahora que la Corte de Apelaciones no debería ni siquiera dar trámite ya que la declaración de desacato del Juez Griesa no reviste ninguna importancia, y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica”.

La cartera conducida por Axel Kicillof cuestiona a su vez que la decisión de Thomas Griesa implica una violación de soberanía y una intromisión en los asuntos de un país extranjero, por parte de un juzgado norteamericano.

En este sentido agrega que “la presentación de la República Argentina explica que la renuncia a la inmunidad consentida en los Bonos emitidos en los años 90 no le confieren a la justicia de Nueva York la facultad para revisar actos realizados por la República en su carácter de Estado Soberano en su propio territorio; y que, de acuerdo a la propia opinión del gobierno de los Estados Unidos, la legislación de dicho país no habilita a sus tribunales a siquiera analizar la validez de los actos de otros Estados Soberanos dentro de sus propios territorios, y mucho menos de dictar órdenes de desacato en relación a dichos actos soberanos”.

¿Arreglo sin pago en efectivo?

Mientras se espera la presentación de los me too y la posterior audiencia con el Citi, este domingo los fondos buitre dieron a conocer que durante el mes de enero le ofrecieron al gobierno nacional un arreglo por los 1330 millones de dólares, que no contempla un pago en efectivo e inmediato, como históricamente reclamaron para dar solución al fallo judicial.

Leandro Navarro – @navarro_lean