La Corte Suprema y la negativa a investigar torturas en Malvinas

El pasado 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por ex combatientes de la Guerra de Malvinas para que se investiguen y juzguen delitos de lesa humanidad cometidos contra los conscriptos durante el conflicto bélico de 1982. Ahora solicitan que el Máximo Tribunal aclare y revea los motivos de su decisión.

“Esta decisión de la Corte cierra la posibilidad de investigar las torturas que venimos denunciando hace 33 años. Los argentinos tienen derecho a saber qué pasó con sus soldados en Malvinas” dijo a Infojus Noticias Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.

Fue el CECIM el impulsor de esta causa y también del nuevo recurso de aclaratoria para que el máximo tribunal del país explique por qué desestimó investigar estos delitos, tres años después de ser presentado, y reconsidere lo decidido revocando su propia sentencia.

Indignado, Alonso calificó la decisión como «una aberración jurídica, un mamarracho”. El texto al que hace alusión el ex combatiente lleva la firma de Ricardo Luis Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El secretario de Relaciones Institucionales del CECIM también subrayó que “este expediente estuvo casi tres años dormido y ahora la Corte da una resolución escueta que no trata la cuestión de fondo. Hay que contextualizarlo: esto es después del 18F, el 19 sacan este dictamen”.

Por su parte Mario Volpe, titular del CECIM, apuntó que esta causa “tiene que ver con la memoria y con el respeto de los que cayeron peleando por la patria” y se trata de “delitos de lesa humanidad”.

“He visto casos de maltrato, sin ningún motivo importante. Por ir a buscar una oveja, pero nunca por cuestiones importantes”, contó Volpe y añadió que en las más de 120 denuncias presentadas sobre torturas, vejámenes y aberraciones durante la guerra hay “desde estacamientos, picanas, enterramientos y casos de asesinato”. “Son cosas a probar, estamos diciendo que se investigue”, explicó.

La historia de la causa

En el año 2007 se hizo la primera presentación de denuncias ante el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego. En 2009 la jueza federal a cargo de la causa, Lilian Herráez, consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores. Su argumentación se sostuvo en que “cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad” por eso “lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”.

De los más de 80 militares imputados, uno de ellos acusado de tormentos a por lo menos cinco ex combatientes, Jorge Taranto, solicitó el cierre de la causa por considerar que los delitos de los que se lo acusa prescribieron.

El juzgado federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron la presentación ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Sin embargo Taranto prosiguió con su planteo hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal que dio curso al pedido consignando como “errónea” la calificación de delito de lesa humanidad de los estaqueos y otras vejaciones y devolvió el expediente a la Cámara Federal que dictó una nueva sentencia donde declaró prescripta la causa.

Fue entonces que el CECIM apeló y la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2012. Un dictamen del Procurador General interino por aquel entonces, Luis Santiago González Warcalde, recomendó al máximo tribunal considerar esos delitos como de lesa humanidad porque “la tortura y otras formas de trato equivalentes, al violar una prohibición absoluta e inderogable del derecho internacional de los derechos humanos” y por eso “constituyen tipos de atrocidades explícitamente incluidas en la categoría de crimen de lesa humanidad”.

Sin embargo, a comienzos de este año los jueces de la Corte resolvieron desestimar, es decir no tratar, el tema y de esta forma ratificar la decisión de la Cámara Federal.

Frente a esto, el día miércoles 25 de febrero los ex combatientes presentaron un nuevo recurso donde señalan que resulta «incomprensible» el fallo de la Corte y que “dicta un precedente de enorme gravedad institucional que nos ofende y de un modo incomprensible nos impide conocer y perseguir penalmente a quienes llevaron adelante las torturas y los crímenes de lesa humanidad sobre aquellos jóvenes argentinos”.

Con contundencia señalan además que «no se conoce en los anales jurisprudenciales un fallo del más alto tribunal tan incongruente y fuera de toda lógica que ofenda tan claramente al pueblo argentino».

Finalmente llaman a los jueces del alto tribunal a que “actúen con el coraje y la honestidad propios de la alta responsabilidad que les ha sido asignada” y hagan lugar a los recurso presentados porque sino se “impide continuar con el proceso reparación histórica que se merece el Pueblo Argentino”.