España: Contra el terrorismo, más terroristas

El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobaron un pacto antiterrorista sin consenso parlamentario ni definición de terrorismo, pero con una reforma del Código Penal que establece la cadena perpetua para este delito.

“Tenemos muchos nuevos amigos: el Papa, la reina Isabel II, Putin. Me da risa”, había dicho Bernard Holtrop, un integrante de Charlie Hebdo, al ver la foto de los mandatarios en la manifestación de París por los atentados.

Uno de esos nuevos amigos era Mariano Rajoy, presidente de España y líder del PP. Otro, que no pudo estar en la foto pero sí quería, era Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Entre ambos, con más oportunismo que responsabilidad de Estado, firmaron un pacto antiyihadista que el jueves pasado el Congreso aprobó como ley orgánica. El acuerdo promueve una reforma del Código Penal que afecta los delitos de terrorismo.

Una de las medidas más polémicas es la aplicación, a los delitos de terrorismo con causa de muerte, de “la máxima pena privativa de la libertad recogida en el Código Penal”. Con la reforma que el PP ya había aprobado en enero con mayoría propia, esto significa la prisión permanente revisable o cadena perpetua.

Otro punto crítico es la redefinición de “terrorismo”. Con conceptos tan amplios y vagos no queda claro qué actos que hasta ahora tienen una baja gravedad penal pueden pasar a ser considerados terrorismo. El artículo 573 estable como delitos de terrorismo “desórdenes públicos” u otros contra el patrimonio para «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» o, simplemente, «alterar gravemente la paz pública».

A su vez se castigará «con independencia de que se realice o no en el seno de un grupo u organización terrorista», con fin de combatir los nuevos modos de terrorismo como el “lobo solitario”. Será delito de terrorismo desplazarse al extranjero para incorporarse a una organización o colaborar con ella.

También “se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos” cuando los hechos se cometan con las finalidades referidas en el artículo 573.

Con respecto a Internet, el artículo 575 dice que se castigará con la pena de prisión a quien, con el fin de capacitarse, “consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea cuyos contenidos estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista”.

Pedro Sánchez no quería que el PSOE se quedara afuera de un pacto antiterrorista, pero sabía lo difícil que sería sostenerlo con la inclusión de la polémica “prisión permanente revisable”. Por lo cual negoció una cláusula: “El presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal”.

Asimismo el socialista hizo pública la voluntad del partido de recurrir la condena una vez que vuelvan a ser gobierno. Aunque el diputado vasco Mikel Errekondo, de Amaiur, le preguntó en la sesión parlamentaria: “¿Cuándo será eso?; es entrar en el terreno del esoterismo político. Hemos conocido en esta cámara al PSOE defendiendo posiciones diametralmente opuestas”.

“Chapuza”, “oportunista” o “electoralista” fueron también los calificativos del resto de grupos parlamentarios, quienes no fueron tenidos en cuenta al momento de firmar el acuerdo y ninguna de sus enmiendas presentadas. “Contra todo tipo de terrorismo se requiere de un consenso social y político, que es exactamente lo contrario que los pactos entre PSOE y PP hacen a espaldas de la sociedad», criticó Joan Coscubiela de Iniciativa per Catalunya Verd.

La utilidad de la reforma

El ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que esta iniciativa es una respuesta a “un llamamiento de las Naciones Unidas a todo el mundo”. Lo cierto es que cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas firmaron un comunicado que dice: «Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresi

Mientras que el ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que esta iniciativa es una respuesta a “un llamamiento de las Naciones Unidas del todo a mundo”. Lo cierto es que cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas firmaron un comunicado que dice: «Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión».

En una entrevista para televisión, el portavoz de Jueces por la Democracia Joaquim Bosch, advirtió que la reclusión perpetua es ineficaz para disuadir una persona que está dispuesta a morir en un atentado.

Además calificó de inconstitucional la medida. “Nuestra Constitución establece que las condenas deben estar orientadas a la reinserción social y también prohíbe expresamente las penas inhumanas o degradantes. Este tipo de condenas no son eficaces. No parte de una idea de justicia, parte de una idea de venganza”.

Acerca del endurecimiento de las penas, el ministro de justicia Rafael Catalá, aseguró que “es un sentir social muy extendido en España” y que los españoles “consideran que la respuesta debe ser muy contundente”. Bosch, por su parte, advierte sobre el “populismo penal” que manipula las sentimientos más primarios de las personas con fines electorales y que no hay que dejarse engañar por los interés partidistas.

Con este pacto PP-PSOE, ya son tres las reformas legales en materia de seguridad que trata el Congreso español desde diciembre. En el Senado ahora también está en tratamiento la reforma integral del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente llamada “ley mordaza”. Ambas fueron aprobadas por los populares gracias a su mayoría absoluta. «Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España», afirma el informe de expertos de la ONU.

Luciano Coccio, desde Barcelona – @LuchismoD