La situación campesina en Paraguay: Soja, desalojos y muerte

Bajo la consigna “Paraguay en pie por una patria nueva”, diez mil campesinos de todo el país confluyeron hace dos semanas en Asunción para exigir la renuncia del presidente Horacio Cartes y reclamar un giro en la política económica, basada en el modelo extractivista de monocultivo de soja que a fuerza de desalojos, persecuciones y muertes, pone en entredicho la continuidad del modelo societal campesino.

En un país con la mitad de su población campesina y con el índice de concentración de tierras más alto de América Latina, el conflicto por la tierra es la gran lucha sobre la que se teje su historia. De acuerdo al censo agropecuario de 2008, el 2,6% de los propietarios concentra el 85,5% de las tierras, mientras que el 91,4% de los campesinos dispone del 6% de la superficie agrícola.

El latifundismo, que surge luego de la Guerra de la Triple Alianza (1865 – 1870) y se extiende durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) -mediante la adjudicación ilegal de tierras a familiares y socios- y continúa intensificándose en los últimos años con la adopción del proyecto exportador principalmente de soja.

El alto costo de inversión inicial que requiere la siembra de semillas transgénicas margina de antemano a quienes no cuentan con gran capacidad de inversión y contribuye subsidiariamente a la acumulación de tierras.

Bastan las cifras para ilustrar la vorágine del avance sojero. La superficie de tierra destinada al cultivo de soja pasó de 1.050.000 hectáreas en 1997 a 3.254.982 en 2014. En 15 años, la expansión del área de siembra y el aumento del rendimiento convirtieron a Paraguay en la nueva meca de la soja. Hay quienes coinciden en que el “boom” responde a la demanda internacional y la apertura irrestricta a la inversión extranjera y la compra de tierras.

Pero como en el fútbol, “el fair play extractivista” necesita de reglas. En su primer año de mandato, Cartes vetó una ley que grava las exportaciones de soja y cereales que representan más del 50% del total, aduciendo que se trata de un instrumento «altamente distorsivo».

“Con el objetivo de la liberalización máxima de la economía, Cartes recrudece el modelo agroexcluyente que ya se había agudizado bajo la transición de Federico Franco [NdE: vicepresidente de Fernando Lugo que asumió el gobierno tras el golpe parlamentario en 2012], cuando se lleva a cabo una apertura mayor de las escasas fronteras que tenía el Estado frente a las inversiones multinacionales y de la concentración de la tierra en pocas manos”, explica Magdalena López, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay.

II

Si en algo ha sido claro el gobierno de Cartes es que la expansión sojera se asegura con leyes y se efectiviza con armas. “La inseguridad sobre la tenencia de la tierra en Paraguay es histórica, pero recién en este periodo se percibe un plan de acaparamiento violento. Las persecuciones son permanentes, con todos los mecanismos pensables: amenazas, hostigamientos, fumigaciones con alto contenido tóxico incluso fuera de época”, indicaron desde la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Paraguay

Solo en 2014 se llevaron a cabo diez desalojos de campesinos, según indica el analista Abel Irala en el portal E´A; en la mayoría de los casos se trata de tomas de terrenos adjudicados irregularmente a generales, empresarios y políticos durante la larga noche stronista, conocidas como “tierras mal habidas”.

En este sentido, la Masacre de Curuguaty -en la que once campesinos y seis policías murieron durante el desalojo de tierras ilegalmente apropiadas por el senador Blas N.Riquelme- resulta emblemática. No sólo por la represión virulenta y las repercusiones políticas que le sucedieron, sino porque evidencia la imbricación, no mediada, de los propios dirigentes políticos en el proceso de concentración de tierras.

Con el regreso del Partido Colorado al gobierno este proceso ha tomado un nuevo calibre a partir de la militarización creciente bajo el argumento del combate contra el Ejército Popular del Pueblo (EPP). A menos de diez días de asumir, Cartes promulgó la modificación de la Ley 1337 que permite la intervención de fuerzas militares en la seguridad interna por disposición del Ejecutivo; decisión que pone en acto dos días más tarde con la militarización de los departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción.

A partir de la instalación de los grupos militares en estos tres departamentos comenzaron a realizarse allanamientos compulsivos y detenciones de campesinos acusados de ser cómplices del EPP. “La figura del enemigo interno genera daños colaterales a la población campesina olvidada por las políticas públicas. En este sentido veo una relación con los mecanismos de la dictadura, a diferencia de que si ayer fueron comunistas, hoy se los enjuicia por apoyo logístico del EPP”, afirmó Vidal Acevedo, integrante del Servicio de Paz y Justicia de Paraguay.

Magdalena Garmendia – @MacuGarmendia