Media sanción en el Senado a la nueva ley de Inteligencia

En la sesión presidida por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, para reformar el sistema de Inteligencia argentino, el oficialismo consiguió el quórum necesario para la votación gracias a la presencia de algunos integrantes de otras fuerzas políticas que no son «aliados» del kirchnerismo en la Cámara. Ese es el caso de Roxana Latorre (Alianza Santa Fe Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), Lucila Crexel (Movimiento Popular Neuquino), José Roldán (Alianza Frente para Todos Corrientes) y María Higonet (PJ-La Pampa). El resto de la oposición consideró el debate «una farsa» y no se presentó en el Congreso.

Marcelo Fuentes, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y senador por Neuquén, estuvo a cargo de la apertura de la sesión como miembro informante del debate en comisiones. En su intervención, destacó que la iniciativa «está íntimamente vinculada a la defensa nacional y la seguridad interior y a la defensa de la Nación y de los ciudadanos».

El proyecto sufrió varias modificaciones al texto original, que fueron anunciadas el miércoles por el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, tras una reunión con senadores. Algunas habían sido anticipadas en el plenario de comisiones y, en general, incorpora las críticas y sugerencias de organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y especialistas como el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Sain.

En el proyecto, que ahora deberá discutirse en la Cámara de Diputados, se incorporó la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia y mecanismos para el control y transparencia de los fondos reservados, según informó Télam.

Fuentes, en la enumeración de las modificaciones, indicó que «se refuerzan prohibiciones internas y se limitan las intervenciones en investigaciones criminales, todo se somete al control democrático». También se redujo el plazo de 25 a 15 años para la desclasificación de información reservada.

En un comunicado, el CELS analizó que el documento votado en el Senado «acota el concepto de inteligencia nacional, contribuye a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, establece pautas más claras para la clasificación y acceso a la información, y prevé aplicar a los agentes de inteligencia las mismas reglas procesales que a los otros auxiliares de justicia cuando intervengan en investigaciones criminales». El organismo destacó especialmente la prohibición para que los agentes de inteligencia «realicen tareas represivas y policiales».

«La cabeza del sistema nacional de inteligencia será la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigirá los subsistemas tanto de la Inteligencia Criminal, que sigue en el ámbito del Ministerio de Seguridad, como de lo estratégico militar», explicó Fuentes.

En ese sentido, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, destacó en la sesión uno de los puntos centrales de la ley: la transferencia de las escuchas al Ministerio Público Fiscal. Remarcó que ahora serán realizadas por «un órgano independiente con autonomía funcional y financiera».

Entre otros cambios, pasarán de cinco a tres las categorías de clasificación de archivos: ahora serán «secreto», «reservado» y «público». Parrilli había anticipado que “toda persona con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información».

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, afirmó, en relación a la muerte de Nisman como contexto para el debate sobre la Inteligencia nacional: «Esta ley no es un hecho de oportunidad como ha sido calificado por la oposición. Todos necesitamos saber lo que pasó», y agregó que «la Justicia tiene un gran desafío» porque «actúa muchas veces con lentitud».

Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Adolfo Rodríguez Saá, cuyos ocho miembros fueron los únicos opositores presentes en el debate, expresó su oposición a la reforma por considerar que «no cambia nada» y la criticó por considerarla «un trámite express».

Respecto de la ausencia del resto de la oposición en el debate, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había asegurado por la mañana que la consideraba «vergonzosa»: «Deben cumplir con su responsabilidad y si están en desacuerdo con una iniciativa del Poder Ejecutivo lo tienen que manifestar en el recinto y votar en contra».

En horas de la tarde se desarrolló también una audiencia convocada por la oposición en reclamo por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Allí participó su ex esposa quien pidió «estar a la altura de las circunstancias y no seguir politizando en un hecho en que restan muchas cosas por despejar».

El viernes comenzará a debatirse el proyecto con media sanción en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados.