Intelectuales y juristas proponen una «Conadep» para la causa AMIA

Distintos referentes académicos, intelectuales y juristas, de diferentes posiciones políticas, firmaron un documento convocando a crear una «Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA».

De esta forma la propuesta consiste en crear un grupo de trabajo similar a lo que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el gobierno de Raúl Alfonsín para investigar el terrorismo de Estado de la última dictadura.

El texto argumenta que «a 21 años del mayor ataque terrorista padecido por el país, la Argentina se debe a sí misma el pleno esclarecimiento de la causa AMIA». A su vez sostiene que este es «el caso contemporáneo más aberrante de impunidad y encubrimiento que, a su turno, refleja debilidades institucionales que han acompañado la reciente historia democrática de nuestro país».

Quienes firman el documento puntualizan que luego del atentado existe toda una «cadena de irregularidades» que incluye «evidencias fraguadas que involucraron a actores del Poder Judicial, del Ejecutivo y de los servicios de Inteligencia». A esto se suma la reciente denuncia «del fiscal Alberto Nisman contra el Ejecutivo por encubrimiento (mediante la firma en 2013 del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán) y, hace pocos días, la muerte enigmática del propio fiscal”.

Ante este panorama plantean: «En esta hora, el sistema judicial debe funcionar con profesionalismo, celeridad, transparencia y efectividad en todo lo que hace a la investigación sobre el deceso del fiscal Alberto Nisman».

Por eso mismo plantean que la idea no es que la comisión reemplace el accionar judicial. “No se trata de sustituir a fiscales y jueces: se trata, en esencia, de evaluar en forma independiente las pistas, indicios y líneas de investigación que fue siguiendo la Justicia; de sopesar las pruebas fácticas que se han ido recogiendo». En este sentido «es fundamental establecer los objetivos, alcances y funciones de la Comisión propuesta de tal forma que sus resultados y conclusiones aseguren, entre otras, el fortalecimiento y mejoramiento del accionar judicial, de los servicios de inteligencia y del sistema político».

Finalmente, el texto manifiesta que «después de décadas de prácticas opacas, ilegales y delincuenciales, el sistema de inteligencia necesita una reformulación profunda y sustentable, basada en un fuerte consenso social y político que sólo admita como límite el de un claro compromiso democrático”.

Entre las firmas más destacadas aparece la de los juristas León Arslanian, Luis Moreno Ocampo y Roberto Gargarella. También adhieren la crítica Beatriz Sarlo, el periodista Eduardo Anguita, el ex rector del colegio Carlos Pellegrini, Abraham Gak, el abogado Víctor Abramovich, el politólogo Carlos Acuña y los sociólogos Vicente Palermo y Juan Gabriel Tokatlian.

En diálogo con el diario La Nación, Tokatlian apuntó que «la conformación y accionar de una comisión como la propuesta constituye una valiosa oportunidad tanto para avanzar en el esclarecimiento del atentado como para dar una señal sobre aquellas cuestiones que demandan miradas y compromisos que trasciendan las disputas y legítimos desacuerdos del día a día de la lucha política».