La Policía de Estados Unidos, para proteger(se) y servir(se)

El año pasado los asesinatos de jóvenes negros desataron una oleada de protestas en los Estados Unidos, apuntando al racismo en la fuerza policial. Pero esta cuestión no fue la única que emergió de estos sucesos. Aquí, unas pinceladas sobre otras problemáticas emergentes: la impunidad y la militarización.

Enero empezó complicado para Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, que debió enfrentar la acusación de policías de la ciudad por juzgarlo responsable -al no criticar las manifestaciones contra la absolución del policía que mató a Eric Garner– de que a fines de diciembre un hombre (que luego se suicidó) haya fusilado a dos oficiales en su patrullero. El «problema policial» está presente en el debate público estadounidense y lo sucedido en 2014 deja varias cuestiones para analizar.

Más allá de la filmación que atestiguó a comienzos de los años 90 la brutal golpiza a Rodney King en Los Ángeles, en los últimos años las nuevas tecnologías han facilitado la observación de violencia policial injustificada.

El video de la muerte de Eric Garner muestra un hombre que repite “no puedo respirar” mientras es asfixiado; también se puede acceder a las imágenes del asesinato por parte de la policía de Tamir Rice, un chico de 12 años que estaba en un parque con un arma de juguete. Este hecho, sucedido en Cleveland, todavía se encuentra bajo investigación. En Internet, agresiones policiales de distinto calibre son observables y verificables. Pero muchas veces, también son impunes.

Desde el caso de 1989 llamado Graham vs Connor, la Corte Suprema estadounidense estableció medidas que dificultan juzgar el uso de fuerza excesiva, ya que se debe comprobar que el policía actuó así “voluntariamente”.

Pero además existe un mecanismo legal que ha permitido a muchos oficiales retomar sus puestos a pesar de haber sido sancionados o despedidos: el arbitraje vinculante. Los sindicatos policiales que apelan a esta opción tienen éxito en anular las sanciones disciplinarias en un 62% de los casos. Los procesos mediante los cuales se deciden estas cuestiones no se hacen públicos (ni siquiera el nombre del mediador) lo que dificulta la comprensión de los resultados.

Como explica el periodista Steven Rosenfeld (AlterNet), las decisiones que el árbitro toma no pueden revocarse ni por funcionarios, jefes de policía o incluso jueces federales. A veces las sanciones apeladas se deben a cuestiones no violentas, pero en muchas no es así. Como ejemplo, en agosto del año último, el Departamento de Policía de Miami debió reincorporar a un oficial que había sido despedido en 2013 por haber asesinado a un hombre (desarmado y sí, negro) en 2011. La junta revisora del departamento había determinado como “injustificado” el accionar del policía. Finalmente volvió a la fuerza, con pago retroactivo.

El otro elemento que a tener en cuenta, en especial a partir de las protestas en Ferguson, fue la militarización de la policía. Peter Kraska, investigador de la Kentucky Eastern University, define el concepto como “el proceso por el cual la policía extrae, y se diseña alrededor, de los principios del militarismo y el modelo militar”.

Este autor, que estudió durante varios años la actividad de los equipos de armas y tácticas especiales (SWAT), sostiene que, a partir de fines de los 80 y la declarada guerra contra las drogas, aumentó en gran medida la cantidad de agencias policiales que poseen una unidad de este tipo y que se las utilizan crecientemente en situaciones para las que no fueron creadas.

En este sentido, una investigación que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicó a mediados del año pasado, evidencia que la práctica policial se volvió excesivamente militarizada, careciendo de supervisión pública, empleándose mayormente en casos de narcotráfico de poco nivel y afectando mayormente a negros y latinos.

Como sugiere Kraska, esto se acompaña de una creciente cultura militar dentro de la policía, que se evidencia en el lenguaje empleado o en actitudes con la ciudadanía. Por caso, ¿cuál era el mensaje que brindaba la policía de Ferguson cuando francotiradores, cubiertos de la cabeza a los pies, apuntaban a manifestantes que recorrían la calle con las manos arriba?

En este proceso el Estado federal tiene un rol importante. El llamado Programa 1033 permite que los departamentos de policía reciban por parte del Departamento de Defensa equipamiento militar sobrante. Esto incluye vehículos blindados, helicópteros, equipos de vigilancia, rifles de asalto, etc. A su vez, también existen programas de financiamiento del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional que han contribuido a que las policías dispongan de arsenales militares.

Y también existe la ley federal de confiscación civil, que mediante el programa de Reparto Equitativo del Departamento de Justicia permite a las policías locales y estatales conservar el 80% de objetos personales que tomen en una requisa, sin necesidad de tener una orden o que se haya cometido un crimen. Y el acusado, para recuperarlos, debe demostrar que son suyos y los obtuvo mediante actividades legales.

A fines del año pasado, una investigación de los periodistas Robert O’Harrow y Steven Rich del Washington Post, revelaba que, desde 2008, las agencias policiales habían recaudado, en más de 55 mil embargos, aproximadamente tres mil millones de dólares en dinero y propiedades personales.

Originalmente pensada como un arma eficaz para recuperar las ganancias ilegales obtenidas mediante el narcotráfico, la ley se volvió una nueva fuente de financiamiento, llegando a ser, para algunas agencias, el 20% del presupuesto que reciben. El informe del diario no sólo evidencia el escaso control gubernamental sobre el uso que se le daba a los fondos, sino que verifica que se había usado para compras tales como autos de lujo, armas de alto calibre y equipamiento militar. El mecanismo favoreció la rutinización, por las agencias policiales, de las detenciones por infracciones vehiculares menores y el proceder a la confiscación sin que necesariamente se haya presentado un hecho que lo justifique.

A comienzos de este año, el fiscal General Eric Holder, quien dejará en breve el cargo, anunció la limitación de los alcances de esa ley, prohibiendo que en el procedimiento se puedan tomar dinero, autos u otros objetos. Se verá cómo continúa la cuestión, dado que la fuente de ingresos difícilmente se quiera resignar así sin más.

Lo que es indudable es que hace tiempo que la policía de Estados Unidos, con sus guerras contra las drogas, contra el terrorismo, etc., se asemeja cada vez más un “ejército interior”, convirtiéndose además en un obstáculo insalvable para quienes quieren ejercer en las calles el tan mentado derecho estadounidense de expresarse libremente.

Matías Figal