Diego Morales (CELS): “Necesitamos una nueva inteligencia para la democracia”

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal, resaltó la relevancia de los anuncios de Cristina Fernández del lunes y destacó la importancia de que el nuevo organismo a cargo de las tareas de inteligencia tenga mayor claridad en el manejo de fondos y mayores controles de su desempeño. A su vez, remarcó que no se puede pensar un nuevo sistema de inteligencia sin “depurar” el personal actual y sin formar, desde una perspectiva democrática, a los agentes.

– El CELS la semana pasada en un comunicado relacionado con la muerte del fiscal Nisman y la causa AMIA planteaba la importancia de reformar la Secretaría de Inteligencia y ligaba las demoras y los obstáculos en la causa, al entramado ilegal de funcionamiento de las agencias de inteligencia. ¿Cómo recibieron el anuncio del lunes de la presidenta de disolver la ex SIDE y crear un nuevo organismo a cargo de esas tareas?

– En principio nos parece que es una decisión más que relevante. Nosotros veníamos reclamando el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el marco de la causa AMIA, donde la necesidad de la reforma del servicio de inteligencia nacional, concretamente la ex SIDE, era un punto central. Así que para nosotros es una decisión saludable. Es algo en lo que las organizaciones de derechos humanos venimos insistiendo hace muchísimos años. Considero que está vinculado con ese acuerdo de solución amistosa, sancionado como decreto 812 del año 2005, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, donde se comprometía a esta reforma.

– Si bien todavía no está el proyecto de ley de la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) disponible, la presidenta anticipó algunos de sus puntos centrales, como el traspaso del sistema de escuchas a manos de la Procuraduría General de la Nación, la centralización de las comunicaciones de la agencia, el traslado de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad a la AFI, entre otros. ¿Qué opinión te merecen esas medidas propuestas?

– Hay varios de los puntos que nos parecen más que destacables. A nosotros nos siguen interesando otros y por eso queremos esperar el cuerpo del proyecto.

En primer lugar, el tema del manejo de fondos. Nos parece central cómo se va a gestionar el manejo de fondos de la Secretaría de Inteligencia. Si te ponés a pensar, el caso AMIA estuvo guiado por el pago de sobornos. Al señor Telleldín se le pagaron desde la Secretaría de Inteligencia 400 mil dólares para imputar a otras personas. El destino y la gestión de los fondos nos parecen cuestiones clave.

En segundo lugar, cuáles son los mecanismos de supervisión del trabajo de esta nueva Agencia Federal de Inteligencia. Nos parece saludable la intervención del Ministerio Público Fiscal, pero también nos resulta interesante que se generen mecanismos de supervisión. Hay una comisión bicameral dentro del Congreso Nacional que tendría las funciones necesarias para desarrollar ese trabajo. Habría que ver en la práctica cómo se va a consolidar esa actuación.

Y por otro lado, algo que mencionó la presidenta el lunes, que tiene que ver con la clasificación de la información vinculada a los sistemas de inteligencia. Cómo se va a ordenar la información que va recolectando esta Secretaría de Inteligencia que va a estar, de ahora en más, vinculada a causas judiciales, no a cualquier situación ni hipótesis.

– Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS dijo en una entrevista la semana pasada que existe en la Argentina una “colonización” del sistema judicial por parte de los servicios de inteligencia, ¿cómo se expresa ese vínculo en lo concreto? ¿Estas nuevas medidas aportarían a desarmar ese entramado?

– Hay que ver cómo van a funcionar estas nuevas medidas en la práctica. Nosotros venimos denunciando la connivencia entre agentes de inteligencia sin ningún tipo de control con funcionarios del sistema judicial, en particular de la Justicia Federal, hace muchos años.

Insisto con el caso AMIA, que mostró una relación bastante perversa entre servicios de inteligencia que arman una hipótesis y la Justicia Federal que la confirma. Por supuesto sobre la base de pruebas y pistas falsas. Con el transcurso de los años esto lamentablemente se fue agravando. Y estamos viendo que en muchos de los casos quienes definen las hipótesis de investigación, no son los jueces o los fiscales sino los sectores de inteligencia. Y eso es posible por esta relación promiscua que existe entre la Secretaría de Inteligencia y la Justicia Federal.

Otro ejemplo: en 2010, en la investigación del caso de Mariano Ferreyra, a partir de escuchas telefónicas se comprueba que un integrante del servicio de inteligencia estaba gestionando, a partir del pago de sobornos, algunos contactos con la Justicia Federal para liberar a las personas que estaban detenidas en el marco de la investigación.

– Uno de los grandes temas en los medios después del anuncio de la presidenta fue la pregunta sobre qué va a pasar con la “mano de obra desocupada” de la ex SIDE. ¿Cómo debería el nuevo organismo garantizar que su personal no solo respete la norma sino que esté “limpio” de actuaciones ilícitas, sea en relación a la Justicia o con los poderes políticos? ¿Creés que hay forma de regular eso?

– Eso va a tener que ver con la formación, con los mecanismos de control, con cómo se evalúa el sistema de inteligencia, cómo se clasifica la información. Y también me parece que tiene relación con el régimen del funcionario y cómo se desarrollan investigaciones administrativas para establecer determinadas responsabilidades de estos funcionarios. Además, está vinculado con cómo va a funcionar la Justicia en la investigación de estos tipos de delitos que se crean a partir de esta propuesta del Ejecutivo. Hay que ver en primer lugar el texto del proyecto de ley y cómo se va a dar en la práctica, pero me parece que son una suma de medidas para evitar estas situaciones.

Nos parece de importancia qué va a pasar con ciertas personas que deberían dejar la Secretaría de Inteligencia por sus antecedentes, pero sobre todo cómo se entrena, cómo se forma a este personal de inteligencia. Necesitamos una inteligencia para la democracia, cuestión que se viene demorando.

– ¿Se puede pensar esa “nueva inteligencia” manteniendo al mismo personal que está tan vinculado con el encubrimiento y la manipulación de causas judiciales?

– Para nosotros va a ser clave un proceso de depuración. De discusión y también formación de los funcionarios que hoy están.

Una segunda cuestión tiene que ver con el avance de la investigación del encubrimiento vinculado a la causa AMIA. Ahí hay muchísimos funcionarios de inteligencia que están siendo sometidos a juicio. Lamentablemente ese juicio se sigue demorando. Hay un ex secretario de Inteligencia (Hugo Anzorreguy) procesado así que va a ser clave cómo sigue eso.

Y en tercer lugar, es importante que esta sea una oportunidad para crear una nueva inteligencia para la democracia. Cómo se depura el sistema de inteligencia va a ser un dato central de esta nueva etapa.

Julia de Titto – @julitadt