Europa ajusta sus leyes contra el terrorismo

“A una situación excepcional hay que responder con medidas excepciones”, dijo el primer ministro francés Manuel Valls días después de los atentados en París. Así inauguró una semana donde los principales países de Europa anunciaron que preparan paquetes de medidas para luchar contra la “amenaza yihadista”, que pueden suponer recortes a las libertades y los derechos democráticos. Una legislación en caliente al estilo de los “Patriotic Acts” con que los Estados Unidos respondió luego de los atentados terroristas del 11-s.

Muchos de los países de la Unión Europea ya tenían preparadas propuestas para hacer frente al fenómeno de los «combatientes extranjeros», que en realidad son ciudadanos europeos que van a combatir a Siria e Irak. Según Rob Wainwright, director de la Oficina Europea de Policía (Europol), entre tres mil y cinco mil ciudadanos europeos han viajado a reunirse con grupos radicales. Pero los atentados en la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado kosher en París aceleraron el proceso e hicieron más fácil vencer la resistencia interna a tales propuestas.

Entre esas “medidas excepcionales” de Valls, Francia estudia llevar un registro de los pasajeros de aviones, más control en Internet y las redes sociales, «utilizadas más que nunca para el alistamiento, la puesta en contacto y la adquisición de técnicas que permiten pasar a la acción», crear ficheros de persona condenadas por terrorismo que los obligue a declarar su domicilio y controles periódicos, además del aislamiento en las cárceles de los presos yihadistas.

En Alemania, el gabinete federal aprobó la semana pasada, entre otras medidas, la retirada del documento de identidad por un plazo de tres años a los sospechosos de ser parte de grupos extremistas. Dicho documento sería remplazado por otro que le impedirá no solo viajar hasta las zonas de conflicto, sino limitar su movilidad dentro de la Unión Europea.

“Hasta ahora teníamos un determinado equilibrio entre libertad y seguridad. Ahora hay un incremento de la amenaza por el terrorismo yihadista y hay que conseguir un nuevo equilibrio”. Con esta frase, el ministro de interior español Fernandez Diaz, planteó la cuestión y su país se sumó a la moda.

El gobierno de Mariano Rajoy ya tiene planeada una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, ampliará el concepto de pertenencia a una organización terrorista, penalizará el desplazamiento a las zonas de conflicto para integrarse a un grupo violento y regulará la figura de «lobo solitario». A su vez, mantiene conversaciones con la oposición para actuar sobre las webs yihadistas y promover en el Parlamento Europeo el registro de pasajeros de avión.

David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, anunció que si gana las próximas elecciones dotará a los servicios secretos de más competencias para espiar las comunicaciones privadas. Asimismo, el gobierno ya había comenzado a discutir medidas como denegar el retorno de quienes hayan combatido en las zonas de conflicto y la posibilidad de retirarles el pasaporte en los puntos de entrada al Reino Unido.

Antes de las detenciones efectuadas el jueves de la semana pasad en Bélgica, el diario Le Soir, ya informaba que el ministro de Seguridad e Interior, Jan Jambo, presentará su propuesta que incluye mayor vigilancia en las redes sociales y escuchas telefónicas. El viernes de esa misma semana, el Gobierno belga aprobó que el ejército efectúe misiones específicas de vigilancia de espacios susceptibles de ser objetivos de ataques terroristas así como la posibilidad de retirar la nacionalidad belga, el pasaporte o carnet de identidad y la congelación de activos que pudieran financiar actividades terroristas.

Esta última medida ya fue implementada por Holanda a 15 presuntos terroristas que no podrán contar con sus recursos económicos, ni ser financiados por terceros.

Luciano Coccio, desde Barcelona