La Auditoria porteña denuncia irregularidades en las concesiones de las empresas de acarreo

Algo huele a podrido en la Ciudad de Buenos Aires. Y no debido a la acumulación incesante de residuos que amenazan con tapar la ciudad, sino a las irregularidades de los contratos y concesiones de un gobierno que no parece hacer honor a la transparencia que dice representar. Contratos fantasmas, escamoteo de la información pública, empresas que la juntan en grúa, son los hilos que van tejiendo esa otra cara de Buenos Aires.

Entrevistado por Radio Sur, Eduardo Epszteyn, auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, habla sobre «uno de los negocios más irregulares» del gobierno de Macri: las empresas que controlan el negocio del acarreo de autos en la Ciudad.

– ¿Podemos hablar de una mafia respecto al negocio de las grúas?

– La palabra mafia tal vez es un poco excesiva. Lo que está claro es que son empresas que tienen una relación privilegiada con el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de un gobierno que actúa sistemáticamente a favor de las empresas.

Es insólito que a esta altura del partido, con un contrato vencido desde el año 2001, sean las mismas empresas las que continúan con ventajas no solamente desde el punto de vista desde el canon que deberían pagar, sino que son empresas que están altamente subsidiadas por el gobierno.

Recordemos que lo que va para los bolsillos de las empresas es el monto que cobran por el acarreo, que hoy por hoy es de 450 pesos por auto. A lo que le debemos sumar este año 50 millones de pesos que el gobierno porteño les ha transferido y que justifica diciendo que es un subsidio para maquinaria de las empresas.

Además de ese dinero, el gobierno porteño las financia a través de una partida de la Dirección General de Concesiones: entre 2008 y este año recibieron 122 millones de pesos. Las empresas son Dakota y BRD, quienes desde 1990, a partir de un contrato que firmaron con el intendente Carlos Grosso, se llevan íntegramente la recaudación y abonan un canon fijo al gobierno porteño que ronda los 55 mil pesos.

– Una de las denuncias que has hecho sostiene que le van a otorgar a las empresas de acarreo 150 cocheras al lado de la Facultad de Derecho ¿Cómo te enteraste de esta información?

– Con el equipo de asesores de la Auditoria venimos monitoreando y siguiendo muy de cerca lo que pasa con este “no contrato”, porque es uno de los temas más irregulares que tiene el gobierno de la ciudad. Nosotros hemos pedido vista de los expedientes. Nos han dado parte de la vista, no toda. Porque el gobierno no entrega la información.

Y como parte de ese seguimiento también es que seguimos todas las publicaciones del boletín oficial del gobierno de la ciudad. Y allí pudimos ver el decreto de Macri que modifica los pliegos para el centro de exposiciones que se está construyendo al lado de la Facultad de Derecho y que le otorga 150 cocheras a las empresas concesionarias de las grúas. Es decir, nos hemos enterado por parte del seguimiento que venimos haciendo de las políticas del macrismo.

– ¿Cuál es el justificativo para otorgar estas 150 cocheras?

– Justificativo no hay. Seguramente van a plantear que para poder llevar adelante el acarreo de los autos y ese mecanismo punitivo contra el mal estacionamiento en la Ciudad, son necesarias cocheras y playas de estacionamiento y en virtud de ello lo justificarán.

El negocio para las empresas es fenomenal. Son empresas que están subsidiadas. Las playas de estacionamiento son de la Ciudad. Las camionetas hasta cierto punto también, al igual que la guardia de transito que se transporta en las camionetas. No se entiende cual es el sentido estratégico de mantener la relación con estas empresas, cuando es un servicio que se podría prestar perfectamente desde el Estado. Y en caso de que el Estado no quisiera hacerlo podría lanzar una nueva licitación de un modo transparente.

– ¿Este servicio fue alguna vez estatal?

– Estatal no. En el año 1990, en la intendencia de Grosso lo dio en concesión y desde entonces están estas empresas.

– ¿Volver a licitar con otras empresas o que se ocupe la ciudad serían las opciones?

– Son las alternativas. Lo que está claro es que esta situación es de un altísimo nivel de irregularidad. Que no tiene justificativo. Además en el medio le han otorgado a estas empresas Puerto Madero. Puerto Madero no estaba ni siquiera en el contrato original. Y porque se le ocurrió al secretario de Tránsito, se les entrego Puerto Madero. Con todo lo que ello implica. Realizado de una manera absolutamente ilegal.

Si hay alguna duda desde el punto de vista legal respecto a la validez de todos estos acuerdos que se firman para ir prorrogando esta relación de contrato que esta vencida desde 2001, en el caso de Puerto Madero no hay ninguna. No hay ningún instrumento contractual que permita estar hoy acarreando autos en esa zona. Y sin embargo esta ventaja se la otorgó también el gobierno porteño.

Es una empresa que tiene un altísimo nivel de relación con el gobierno y que debe contribuir seguramente con la campaña electoral del ingeniero Macri.

– ¿Las empresas contribuyen con la campaña de Macri?

– Da para sospecharlo. La relación es absolutamente turbia. Como te digo, no tiene ningún nivel de fundamento. Ni ellos la pueden justificar. Más aún, una de las empresas figura en el listado de los titulares de las cuentas suizas, que se publicaron recientemente. El titular es el propietario de la empresa que acarrea autos en la zona sur, Ricardo Chiantore.

– ¿Cuál sería el camino para quitar estas empresas que están llevando adelante este servicio de un modo ilegal desde 2001?

– El que tiene que tomar la decisión es el gobierno porteño. Yo desde mi lugar estoy haciendo la denuncia pública, estoy terminando de acopiar la información que el gobierno me escamotea. Y tengo pensado presentar una denuncia penal porque me parece escandalosa esta situación.