Desarchivan la causa contra los responsables políticos de la masacre de Avellaneda

Alberto y Leonardo Santillán -padre y hermano de Darío Santillán, respectivamente- presentaron este lunes en los Tribunales Federales de Comodoro Py, una escrito judicial donde le solicitaron al juez Ariel Lijo que desarchive la causa por la Masacre del Puente Pueyrredón, ocurrida el 26 de junio de 2002, y se declare a la misma como imprescriptible. Los familiares de uno de los militantes asesinados aquellas jornadas, se movilizaron junto a La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y el Frente Popular Darío Santillán.

En el escrito presentado se focaliza en la responsabilidad que tuvo el poder político en la perpetración de la masacre. En este sentido se vinculan al ex presidente Eduardo Duhalde, a su secretario de Seguridad, Juan José Álvarez (hoy vinculado al massismo), al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola (actual diputado del Frente Renovador), al ex canciller Carlos Rucakuf, al entonces ministro de seguridad bonaerense, Luis Genoud, al ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez y al ex ministro del Interior, Jorge Matzkin, con lo sucedido durante la movilización piquetera que terminó con los asesinatos de Maximiano Kosteki y Darío Santillán.

Mientras la causa en la que se juzgó a los autores materiales de la masacre fue caratulada como “homicidio calificado por alevosía”, el expediente en el cual se incluyen las responsabilidades políticas fue caratulado como “homicidio simple”. La diferencia dista de ser caprichosa y tiene que ver con los tiempos de imprescriptibilidad de la causa. Mientras la primera figura legal tiene un plazo de 15 años, el “homicidio simple” es de 12 años.

Si se sostiene esta última figura, la fecha límite es en mayo de 2015, considerando el tiempo que Duhalde y los demás involucrados integraron la función pública. Si ambas causas quedan catalogadas como “homicidio alevoso” la fecha se correría hasta el año 2017.

“Lo que nosotros vamos a fundamentar se basa en el principio de gravedad institucional. La masacre del puente Pueyrredón no puede quedar impune en su dimensión política porque es un reclamo de la democracia, de la sociedad argentina, del movimiento popular, no solo de las víctimas y sus familiares”, sostuvo José Schulman, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en dialogo con Con el pie izquierdo, FM Radio Sur 88.3.

Schulman por otra parte vinculó la búsqueda de justicia por la mascare de Avellaneda, con las futuras demandas y luchas que se den dentro del ámbito de los derechos humanos. “Nunca se quiso investigar las responsabilidades políticas de del crimen, que marca una época, que es la bisagra entre el neoliberalismo fundamentalista y el periodo kirchnerista. Desentrañar a fondo su origen nos va a decir mucho sobre lo que era aquello, pero también sobre lo que entraña esta nueva disputa de violencia institucional y discurso de represión sobre la protesta”.

El abogado de la Ligar Argentina por los Derechos de Hombre afirmó que “el terreno donde se va a disputar la lucha por los derechos humanos en los próximos años es este, el de la represión, el de la violencia institucional, el de la discriminación, el de las torturas que se practican en las cárceles y comisarias argentinas”.

Durante la jornada del lunes y tras la presentación judicial, se conoció que el juez Lijo, junto al fiscal subrogante Diego Iglesias, tomó la decisión de desarchivar la causa, que había sido archivada por recomendación del entonces fiscal Miguel Ángel Osorio. Para los familiares esto representa un paso adelante, pero el objetivo sigue siendo el mismo, evitar la prescripción penal y que los autores políticos e intelectuales no continúen impunes.

En ese sentido quienes impulsan el reclamo por justicia, pretenden que los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sean considerados como una grave violación a los derechos humanos, de esta manera pasaría a ser imprescriptible y permitiría realizar una investigación sin importar cuanto tiempo haya pasado del hecho.

Para Schulman con esta presentación judicial se está llevando adelante una jugada jurídica, pero también política, que consiste en un llamamiento a las organizaciones sociales y políticas para movilizarse contra la impunidad de los responsables políticos por la masacre del Puente Pueyrredón.

La movilización es “la única manera de torcerle el brazo al juez Lijo a toda la familia judicial que protege a los asesinos del Puente Pueyrredón desde hace 12 años. Como cualquier crimen de Estado, es una conducción del Estado en su conjunto: los gobiernos, la justicia, los jueces, los servicios, los medios de comunicación. A todos ellos se los puede enfrentan con una movilización popular”, apuntó el integrante de la Ligar Argentina por los Derechos de Hombre.

Perpetua para Fanchiotti y Acosta

Al día de lo hoy las únicas personas juzgadas y condenadas por los hechos ocurridos aquel 26 de junio de 2002, son el ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti, el ex cabo primero, Alejandro Acosta y el ex policía Carlos Quevedo. Tanto Fanchiotti como Acosta fueron condenados en enero de 2006 a la pena de prisión perpetua, por el Tribunal Oral Nro. 7 de Lomas de Zamora, mientras que Quevedo fue condenado a la pena de 7 años de prisión por encubrimiento agravado. La sentencia había sido confirmada por la Cámara de Casación Penal de la provincia.

El jueves 18 de diciembre de este año la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó la pena para los 3 implicados, luego de que los abogados defensores de Fanchiotti, Acosta y Quevedo hubieran pedido la inaplicabilidad de la ley, sostenido un principio de incompetencia por parte del Tribunal oral Nro. 7. Para los abogados del ex comisario todo debía pasar por la justicia federal. Finalmente el máximo tribunal bonaerense declaró que “no existe elemento alguno que permita sostener que Fanchiotti haya sido juzgado por quienes no eran sus jueces naturales” y confirmó las penas ya dictadas.