La violencia hacia las mujeres 20 años despues de Belem do Pará: avances y desafios

Este año se cumplieron 20 desde la sanción de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres conocida como “Belem do Pará” por la ciudad brasileña en la que se firmó.  El ámbito que la sostiene es la Organización de los Estados Americanos, por lo que esta Convención fue firmada durante estos 20 años por los países americanos, excepto, paradójicamente, por Estados Unidos y Canadá, que no la suscribieron.

La Convención de Belem do Pará se fue convirtiendo en una referencia para el movimiento de derechos humanos y de mujeres por marcar cuestiones inéditas respecto al tratamiento de la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad.  La convención marca, por ejemplo, que factores culturales abonan a la consolidación y justificación de la violencia hacia las mujeres y pugna por revertirlos.

Este acuerdo conmina a los Estados firmantes a sancionar normativas acordes a los postulados de este instrumento internacional con el eje puesto en que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia de todo tipo. Se hace referencia a que la violencia puede ser física, psicológica o sexual y puede darse tanto en el ámbito privado como en el público, introduciendo, también como algo novedoso, al propio Estado y sus agentes como posible actor violento que debería ser denunciado y sancionado. 

Este año 2014, al cumplirse veinte años de la sanción de esta Convención, varias organizaciones de Derechos Humanos y de mujeres de toda América se reunieron en marco de la reunión anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) y firmaron una declaración conjunta en la que señalan algunas limitaciones de la aplicación de Belem do Pará en estos años:  “Estos avances han resultado insuficientes tanto a nivel de la prevención como de la investigación y la sanción de la violencia hacia las mujeres, y también se ha obstaculizado abordar de manera integral la complejidad e impacto que este tipo de violencia representa”.

Entre las organizaciones firmantes del documento se encuentran las prestigiosas a nivel internacional Amnistía Internacional y Global Rights, así como la argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

El documento remarca que «las obligaciones establecidas en la Convención de Belem do Pará exigen a los Estados que diseñen e implementen políticas públicas amplias que den cuenta de los diferentes espacios en que la violencia hacia las mujeres se expresa, ejemplo de ello es la situación de violencia así como los obstáculos que las defensoras de derechos humanos enfrentan para llevar a cabo su labor». Esto es una preocupación alta entre las organizaciones de derechos humanos, ya que ha habido casos de agresiones a mujeres militantes en toda la región.

En Argentina, la Convención de Belem do Pará se firmó en el año 1994 y fue ratificada en el 2006.  En el año 2009, se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que es la normativa de alcance nacional que refleja los postulados de la Convención americana.  Organizaciones de mujeres señalan que aún no se han aplicado plenamente los artículos de esta Ley, como por ejemplo el diseño y ejecución de un Plan Nacional Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Aunque también se valora la implementación de medidas más bien aisladas que apuntan a revertir esta problemática creciente en nuestro país como la línea telefónica gratuita en todo el país 144 o las campañas de difusión publicitarias.

En Argentina aún queda mucho por hacer para que la Convención de Belem do Pará esté reflejada tanto en leyes como en políticas públicas.  Uno de los puntos más reclamados es la construcción de índices que midan la cantidad de casos de violencia de todo tipo y de femicidios en especial, en todo el país.  Además de aumentar los presupuestos de las áreas de género o prevención de la violencia en todos los niveles del Estado.

Ivanna Rezano