La agricultura familiar busca su ley de reparación histórica

En Argentina, luego del 2008, comienza a tomar mayor lugar en la política pública el sector de la “agricultura familiar”. Oficialmente desde 2005 Argentina participa de espacios regionales para establecer políticas comunes para este sector, pero es luego del conflicto con la Mesa de Enlace que el mismo se institucionaliza aceleradamente. En este marco, las organizaciones que nuclean a múltiples asociaciones de base campesina, indígena y de productores familiares -tales como la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF), el Movimiento Nacional Campesino Indigena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otras- vienen dando una discusión sobre la necesidad de una Ley Nacional para la Agricultura Familiar.

Luego de que las organizaciones lograran consensuar y elaborar un texto en conjunto, semanas atrás un primer anteproyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados. Antes tuvo que pasar por la Comisión de Agricultura, donde se consensuó el proyecto de las organizaciones campesinas con otro elaborado por los diputados Carlos Rubin, Claudia Giaccone y Luis E. Basterra (todos del FPV). Del texto finalmente sancionado en Diputados se pueden extraer algunas conclusiones acerca del contenido del proyecto, mientras se espera su arribo al Senado.

En primer lugar, la ley intenta “reparar” la situación de extrema fragilidad del sector (sobre todo en lo que hace a los productores campesinos e indígenas). De ahí su nombre de «Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina».

Entre los puntos más importantes y novedosos del proyecto se pueden destacar:

• La suspensión de desalojos por el lapso de tres años.
• La definición de la tierra como un “bien social”.
• El establecimiento de mecanismos para el acceso a la tierra (Banco de Tierras).
• La prioridad para la compra estatal de los productos de la “agricultura familiar” y la creación de una “cadena nacional de comercialización”.
• El fortalecimiento y la promoción de la agroecología.

En segundo lugar, cabe aclarar que la ley es una ley de adhesión. Esto significa, como plantea uno de sus artículos, que se invita “a las provincias a adherir a la misma y/o a armonizar su legislación según sea el caso”. Este dato no es menor, ya que las provincias suelen ser más resistentes a adoptar medidas que afecten intereses hegemónicos, como ha quedado claro con leyes como la de Bosques y la de Glaciares.

En tercer lugar, el intento de avanzar hacia el establecimiento de la función social de la tierra encuentra su contraparte en el debate parlamentario sobre las reformas del Código Civil de 2013, donde sectores del bloque oficialista y de la oposición conservadora trabaron la inclusión de este punto a último momento. Desde el oficialismo sostenían que esa definición no correspondía al Congreso sino a una reforma constitucional (recordemos que la función social de la propiedad fue consagrada por la Constitución de 1949 y luego eliminada por la dictadura de 1955). En sentido contrario, algunos especialistas -entre los que se cuenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- sostienen que teniendo en cuenta la adhesión argentina a la Convención Americana de Derechos Humanos (a través de la reforma constitucional de 1994) no sería necesaria otra modificación y se hubiera podido incluir el tema en el nuevo Código Civil.

Por otro lado, las organizaciones han denunciado públicamente que el proyecto salió de la Cámara de Diputados sin el presupuesto necesario para la puesta en marcha del “Régimen de Reparación”. En ese sentido acusaron al diputado nacional Luis Basterra (el mismo que pugna por la modificación de la de Ley de semillas y la de Fitosanitarios-agroquímicos) de haber “borrado de un plumazo el financiamiento por ley largamente esperado”. Sin embargo, se hizo público en las últimas horas que el ministro de Agricultura Carlos Casamiquela y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich anunciaron que el presupuesto para el proyecto de Ley de Agricultura Familiar será de 1.500 millones de pesos y obtendrá una reglamentación inmediata luego de ser sancionada la ley.

Se prevé que el proyecto de ley pueda ser discutido este miércoles 17 en la Cámara de Senadores, antes de que termine este año 2014, declarado por la FAO “Año Internacional de la Agricultura Familiar”.

Fernando Mendes