El Estado pedirá disculpas por negar el derecho a un aborto no punible

Este jueves se realizará en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata, un pedido de disculpas y una reparación simbólica por habérsele negado el acceso a un aborto legal a una joven con discapacidad que quedó embarazada producto de una violación en 2006.

El acto se da en el marco de una serie de medidas reparatorias que se dan por una resolución del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que en 2011 dictaminó que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven. Este organismo de la ONU es el responsable de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina.

La demanda contra el Estado nacional fue promovida en mayo de 2007 por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir.

En un comunicado estas organizaciones recordaron que además de las disculpas, el fallo del CDH «determinó reparaciones económicas a la joven y su familia, así como garantizar medidas, a través de políticas públicas, para que no se repitan situaciones similares».

LMR (como se dio a conocer el nombre de la jóven en su momento) tenía 19 años en 2006, cuando fue abusada sexualmente por un tío y quedó embarazada. Su mamá reclamó un aborto no punible en el Hospital San Martín de La Plata. Su hija, entendía, estaba amparada por el artículo artículo 86, inciso 2º del Código Penal, que permite realizar un aborto no punible a una persona discapacitada víctima de violación.

Sin embargo una jueza de Menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. Tras varias apelaciones se llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló la realización del aborto y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible avalado por la ley.

Pero una vez más la familia no consiguió, aun con la sentencia del máximo tribunal provincial, que el aborto fuera llevado a cabo en un hospital público. Debido a que pertenece a una familia muy humilde, fue necesario el apoyo de organizaciones de mujeres para que finalmente pudiera realizarse la intervención en una clínica privada.

Al momento de realizarse el aborto y debido a las demoras generadas por la Justicia, la gestación llevaba casi veinte semanas.

“El acto de reparación es muy importante. De hecho, es la primera vez que el Estado argentino reconoce su responsabilidad por la violación de derechos humanos al haberle negado el recurso legal al aborto a una joven con discapacidad, embarazada por una violación, y pide disculpas frente a toda la sociedad», declaró a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, directora de Insgenar.

Para Chiarotti «esto significa reconocer también que los derechos reproductivos son derechos humanos. Es reconocer que, entre otros, las mujeres tienen derecho a regular su fecundidad; a no aceptar un embarazo forzado ni una maternidad forzada”.