Derechos Humanos

9 diciembre, 2014

¿Megaminería metalífera como proyecto de desarrollo? (Parte II)

Segunda parte de la nota destinada a analizar la megaminería en Argentina. El impacto de la actividad en las arcas de las provincias mineras, el marco regulatorio y la vulneración de derechos humanos básicos.

En la primera parte de la nota describimos la situación conflictiva existente en numerosas ciudades con relación a los proyectos megamineros. En esta segunda parte intentaremos demostrar la importancia que tienen estos ingresos para las arcas provinciales y cómo en nombre del desarrollo se vulneran derechos humanos básicos.

La importancia estratégica de la actividad minera en algunas provincias

Hasta el año ’97, la actividad minera en el país tenía un impacto económico muy reducido, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y la explotación estaba destinada principalmente a satisfacer las necesidades de la industria y de la construcción en el ámbito local. Con el descubrimiento de Bajo de la Alumbrera en Catamarca, la minería pasó a ser una de las actividades económicas más importantes, sobre todo a nivel de las economías regionales

La caracterización del «boom» minero en la argentina se completa cuantificando el crecimiento del volumen de metros perforados (+300% entre 2003 y 2008), el incremento de las empresas extranjeras en actividad (de 30 en los ’90 a 120 en 2008), la inversión extranjera directa en el sector (que superó los 20 mil millones de dólares entre 2003 y 2008) y la cantidad de proyectos (de 40 en 2003 a más de 600 en 2012).

De las provincias con producción minera, Catamarca es aquella en la que la actividad tiene más importancia. Si se evalúa su peso en el Producto Bruto Geográfico, este asciende al 61%. En esta provincia, el complejo minero aporta el 100% de la producción de cobre y litio a nivel nacional y el 20% de la producción de oro. La exportación de estos minerales concentra cerca del 95% de las exportaciones y la actividad minera genera más del 6% del empleo registrado del sector privado en la Provincia.

El marco regulatorio y los beneficios fiscales de la minería

Desde 2002 la Nación cobra en concepto de derechos de exportación un 10% para concentrados de cobre y un 5 % para el oro, en un contexto en el que los precios del oro aumentaron desde 2002 a la actualidad de 300 a 1200 dólares la onza (+300%), y del cobre de 0,75 a 3 dólares la libra (+300%). Para la Nación, la recaudación en concepto de derechos de exportación de productos minerales ascendió en 2013 a 7,7 mil millones de pesos, lo que representó el 0,8% del total recaudado.

Por la Ley 24.196, mediante declaraciones juradas realizadas por las propias empresas mineras que subvaloran las cantidades extraídas, las Provincias cobran regalías de hasta el 3% del valor «bocamina», del que se deducen los gastos operativos. A pesar de este cuadro general, en provincias de bajos recursos como Catamarca las regalías llegan a representar cerca del 55% de los ingresos provinciales, hecho que explica la centralidad estructural de la actividad en estas regiones.

¿Qué desarrollo? Beneficiados y perjudicados del esquema productivo

Como atenuante de esta situación, la actividad minera extractiva sigue gozando de deducciones y beneficios impositivos que incrementan la rentabilidad privada de las empresas transnacionales y reducen la recaudación tributaria y la captura de parte de los beneficios por parte del sector público. Con la modificación del Código minero, se les concedió a las trasnacionales garantías fiscales por 30 años, facilidades en la deducción del impuesto a las ganancias junto a otros beneficios impositivos, un régimen especial de importación sin aranceles y subsidios al consumo de electricidad y combustibles.

Como contratara de los beneficios privados, esta actividad genera perjuicios públicos que se reflejan en la vulneración de ciertos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos, la contaminación de aguas por la deficiente instalación de diques de cola en los orígenes del cauce, la generación de zonas semiáridas y zonas sísmicas, el desplazamiento forzoso de comunidades enteras, la falta de respeto por el territorio de los pueblos originarios, por las reservas naturales y por las zonas protegidas, los problemas derivados en la salud, la criminalización de la protesta social y las trabas en los procesos de judicialización, son evidencias de la emergencia y generalización del conflicto y de la vulneración de estos derechos.

El esquema de producción, circulación y distribución actual no solamente es injusto en términos económicos sino que además es antidemocrático en tanto no pondera el punto de vista de los actores locales, concentra en empresas trasnacionales la riqueza extraída y genera economías de enclave que una vez que se agotan los recursos dejan sin alternativas productivas a las economías regionales. La soberanía económica debe entenderse también como el derecho de los pueblos a elegir la forma en que producen y se reparten la riqueza, y el derecho de hacerlo sin poner en riesgo los bienes comunes, el ambiente y a la propia población.

 

Mariano Treacy. Colaborador en Núcleo de Política económica del Instituto de Política y Economía Siglo XXI (IPES21)

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