Un alivio que no resuelve el problema de fondo

Por Matías Rey*. La decisión del gobierno de eximir del impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo de los trabajadores que cobran hasta 35 mil pesos brutos tiene dos objetivos complementarios: en primer lugar, responder al reclamo sostenido por varios gremios, incluyendo algunos oficialistas, que habían planteado la necesidad de un “gesto” del Ejecutivo que alivie el bolsillo de los trabajadores antes de las fiestas de fin de año. En segundo lugar, el anuncio pretende debilitar las medidas de fuerza anunciadas para la semana próxima, en particular el paro general convocado por Hugo Moyano y los paros de transportes y bancarios.

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno, en las últimas semanas se ha fortalecido en varios gremios la lucha por un bono adicional de fin de año que pueda contrarrestar, al menos parcialmente, la pérdida del poder adquisitivo del salario que genera el impuesto a las Ganancias, agravado por el contexto inflacionario.

En el caso del gremio bancario, los bancos privados han firmado el acuerdo por un bono de 7500 pesos, mientras que ABAPPRA, la cámara empresaria que agrupa a los bancos oficiales -encabezada por el presidente del Banco Nación, el camporista Juan Forlón- ha rechazado el acuerdo, ofreciendo a cambio una suma que no sólo no compensa ni alivia, sino que constituye una provocación para el conjunto de los trabajadores de la banca pública. La Bancaria, fiel al método burocrático tradicional de no convocar asambleas ni plenario de delegados para discutir los pasos a seguir, ha lanzado en respuesta un paro de 48 horas para el 12 y 13 de diciembre.

La lucha por el bono de fin de año no debe confundirnos acerca de la cuestión de fondo, que es y seguirá siendo el mal llamado Impuesto a las Ganancias, y la necesidad que tenemos una parte importante de los trabajadores de que las escalas sean actualizadas.

Los principales argumentos que esgrime el gobierno para justificar el modo en que se aplica actualmente este gravamen, ratificados por la presidenta en la Conferencia de la UIA, son básicamente dos: por un lado, se apela al concepto de “impuesto solidario”, planteando que los recursos generados por los trabajadores son reasignados a la movilidad jubilatoria y los salarios provinciales. Nosotros defendemos la necesidad de que los fondos públicos financien las jubilaciones y los planes sociales: la cuestión es que esos recursos provengan de un impuesto al trabajo y no, por ejemplo, de gravámenes al juego, la actividad financiera, la minería, todos rubros con un abultado margen de ganancia empresaria y escaso o nulo compromiso fiscal con el Estado Nacional.

Además de falso, el segundo argumento entra ya en el terreno del cinismo. El gobierno afirma categóricamente que sólo paga el gravamen el 13% de los trabajadores que están “en lo más alto” de la escala salarial. Pero un estudio del propio INDEC -que toma en cuenta el segundo trimestre de este año- afirma que tres de cada cuatro trabajadores no supera los 7500 pesos de ingreso mensual, con una canasta básica de alimentos calculada en 8870 pesos. ¿Alguien puede sostener seriamente que quienes reclamamos la actualización del mínimo no imponible, somos parte de una especie de aristocracia obrera perversa y egoísta?

La insistencia por hablar en términos de porcentajes -“sólo lo paga el 13%”- oculta que la devaluación de enero de este año, la inflación creciente y el cierre de la mayoría de las paritarias por debajo de los niveles de inflación han hecho retroceder notablemente nuestro poder adquisitivo. Nosotros seguiremos luchando para que, en lugar de reclamar buena voluntad y solidaridad a los trabajadores, el gobierno nacional resuelva el problema de fondo: promover urgentemente la actualización de Ganancias a través de una ley del Congreso Nacional.

* Delegado General del Banco Ciudad