Diputados convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal

Luego de un maratónico debate, con 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones, la cámara de diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal de la Nación. El nuevo Código es producto de meses de debate, donde se realizaron audiencias públicas, y donde participaron más de 35 juristas y especialistas en la materia.

Entre los cambios que introduce se destacan aquellos ligados a la celeridad de los procesos que buscan asegurar una administración de justicia que contemple la reparación de las víctimas, así como el reemplazo del sistema inquisitorio por el sistema acusatorio.

En tal sentido, el nuevo Código fija tiempo más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral. La investigación preparatoria del fiscal, que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en un año y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días una vez terminada la investigación. También se crearán 17 nuevas fiscalías y 1713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.

Con la sanción del nuevo Código se produce el pasaje de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, que delega en el fiscal toda la investigación. De este modo, se elimina la figura del juez de instrucción, quien concentraba las tareas de investigar, acusar, condenar y juzgar. Terminar con tan alta concentración de poder es uno de los fines del nuevo proyecto.

En el nuevo esquema, que supone un reordenamiento de las funciones de jueces y fiscales, el fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve.

Al mismo tiempo, se jerarquiza el lugar de las víctimas, quienes podrán participar de todo el proceso junto al fiscal.

Los cambios en el senado

Desde el anuncio, el proyecto fue eje de disputas y críticas por parte de distintos sectores, tanto opositores como del mismo espacio oficialista. Las críticas fueron desde la asignación arbitraria de fiscales por parte de la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó; pasando por la figura de la “conmoción social” para determinar la previsión preventiva, hasta los criterios que habilitaban la expulsión de extranjeros.

En respuesta a las diversas críticas, en su paso por el Senado a mediados de noviembre, el proyecto sufrió alrededor de 40 modificaciones.

Entre ellas, la figura de la “conmoción social” fue eliminada, al tiempo que se modificaron los criterios para habilitar la expulsión de extranjeros, estableciendo como requisito que se produzca de modo conjunto la flagrancia y que el delito tenga una pena mínima de tres años. Recordemos que en el texto original con una sola de esas condiciones alcanzaba.

También se disminuyó la capacidad decisoria de Gils Carbó a la hora de designar fiscales por causas determinadas, ya que ahora se deberá compensar la distribución mediante un sorteo.

El debate en diputados

La cámara de diputados volvió a convertirse en escenario de fuertes polémicas entre el oficialismo y las distintas fuerzas opositoras en relación a las novedades del nuevo Código.

La diputada Graciela Giannettasio (Fpv), presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que «el nuevo Código pone a la víctima en el centro de la escena”. Al tiempo que agregó que la iniciativa “apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”.

Desde la oposición, refiriéndose al lugar de los extranjeros y a los requisitos para su expulsión, Nicolás del Caño diputado por el (PTS-FIT), señaló que  «el Código Procesal Penal es claramente discriminatorio con los inmigrantes, a los que se les puede expulsar rápidamente del país por delitos de flagrancia. Hay un tinte racista que rechazamos profundamente”.

Desde el Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza, celebró el reemplazo del modelo inquisitivo por un modelo acusatorio. No obstante, justificó el rechazo de su bloque exigiendo mayor “independencia” judicial.

Por otra parte, Claudio Lozano, diputado por la Unidad Popular, se mostró a favor del debate y de la necesidad de la instalación del sistema acusatorio. Sin embargo, reclamó por  la elección popular de jueces y fiscales, abogando por la necesidad de «una reforma del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para que jueces y fiscales sean elegidos por la comunidad, de manera directa o indirecta».