Rosario: ¿El caso David Moreira expresa un nuevo paradigma judicial?

El nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe dice garantizar los derechos de toda la sociedad incluyendo “los sectores vulnerables”. El caso David Moreira demuestra que los resultados positivos no estuvieron a la vista en el primer año de la reforma. El abogado de la familia, Norberto Olivares, analiza el estado del poder Judicial en la provincia.

En febrero de 2014 se puso en marcha en la provincia de Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal que había sido convertido en ley en agosto de 2007 por la Cámara de Diputados provincial. El proyecto, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, tuvo un tratamiento de dos meses en la Legislatura para luego presentarse a la sociedad como el nuevo paradigma de la justicia.

Una serie de nuevas características en relación al antiguo código pusieron a esta modificación en el centro de la escena presentándola como un progreso que dejaría atrás las irregularidades del poder judicial. Por entonces, llamaba la atención uno de los avances que esta reforma decía garantizar: “La igualdad ante la ley”.

“El nuevo proceso penal es más inclusivo e igualitario porque asegura un fácil acceso a la Justicia para toda la ciudadanía. En especial, a los sectores más vulnerables, que no pueden contratar a un abogado por falta de recursos económicos, culturales o simbólicos”, aseguraba el sitio web informativo del gobierno santafesino. Pero cuando la realidad se hizo presente, la teoría se vio superada con un salpicón de causas puntuales que pusieron a prueba la veracidad del discurso.

Entre los aspectos más destacados de esta reforma se situaron los roles de los actores en el proceso judicial. Con el nuevo Código Procesal Penal, sería el fiscal quien comenzaría a tener el protagonismo en las investigaciones, diseñando y ejecutando las estrategias necesarias. El juez, por su parte, pasaría a ser quien sólo se ocupara de analizar las hipótesis de dichas investigaciones y decidir con imparcialidad, mediante la asistencia de la Oficina de Gestión Judicial creada para administrar la agenda de los jueces. Incluso el rol de la víctima cambiaría, puesto que a partir de la reforma podría involucrarse en el proceso judicial y ser parte del mismo constituyéndose como querellante e influenciando directamente el trabajo del fiscal. Todos estos puntos, a la vez, se unirían a una nueva manera de llevar a cabo el juicio: la audiencia oral y pública.

“Nuestra provincia estará dotada de herramientas que permitan enfrentar el crimen con eficacia y sin vulnerar derechos, respetando los principios establecidos por la Constitución”, señalaba públicamente el gobernador Antonio Bonfatti en épocas de la flamante implementación. Tiempo después, un hecho puntual pondría a pruebas semejante declaración.

Llevaba dos meses de ejercicio el nuevo Código cuando el 22 de marzo pasado varias decenas de personas golpearon hasta el hartazgo al joven David Moreira acusándolo de robar una cartera. El pibe, de 18 años, moriría tres días después y pasaría a formar parte de la cada vez más larga lista de asesinados en la violenta ciudad de Rosario. Los principios establecidos en la Constitución Nacional, los mismos de los que había hablado Bonfatti, fueron ignorados por aquel sector de la sociedad que amparaba su accionar en el reclamo de “justicia y seguridad”.

El lugar de la víctima y la doble vara de la justicia

David Moreira había intentado arrebatar una cartera junto con un compañero que pudo escapar de la agresión de los vecinos del barrio Azcuénaga. Mientras el pibe todavía peleaba por su vida, los medios de comunicación locales y nacionales construían sobre su imagen el reflejo fiel de la delincuencia y el fenómeno de la “inseguridad”. A los pocos días, cuando la muerte ya era inevitable, David continuaba siendo el culpable mientras la sociedad debatía la justificación del “uso de la justicia por mano propia” por tratarse de un supuesto delincuente. Se iniciaba en este escenario un proceso judicial atravesado por el estigma social que culpabiliza a las víctimas incluso cuando son asesinadas y que protege asesinos por ser “defensores del bien común”.

En diálogo con Notas, el abogado defensor de la familia Moreira, Norberto Olivares, prefirió abordar desde un punto de vista estructural al análisis de la reforma del Código Procesal Penal. Para el defensor, un cambio de esta índole no es compatible con una sociedad que continúa padeciendo desigualdades. “Una simple modificación en la forma en la que se lleva adelante un proceso judicial no va a cambiar sustancialmente la situación fuera del Tribunal”, explicó Olivares.

Para el letrado, a pesar de la reforma del Código, la situación social de la familia Moreira siempre fue un factor determinante en el desarrollo de la causa. Un breve recorrido por el expediente deja ver cuáles son los aspectos con los que hoy Olivares fundamenta su postura. Cuando se acercó a la familia de David y comenzó su participación como abogado, habían pasado más de dos meses del hecho. Lorena Torres, madre de la víctima, hasta el momento había estado bajo el acompañamiento del Centro de Asistencia Judicial, otra de las oficinas creadas con la reforma a fin de garantizar el acompañamiento de quienes no pudieran pagar un abogado. En todo ese tiempo Lorena no se había constituido como querellante, por ende tampoco había tenido acceso al expediente.

Hasta la llegada de Olivares la causa judicial que investigaba el asesinato del pibe estaba unificada con la tentativa de robo. “El fiscal (Florentino Malaponte) ponía más acento en resolver el caso del robo y con lo de David tenía la justificación que era un caso complejo del que había participado mucha gente. Pero no se mostraba el mismo interés y énfasis en una causa que en la otra”, argumentaba el abogado por aquellos días. Isaías Ducca, compañero de Moreira aquel día, fue condenado a tres años de prisión en suspenso como resultado de un juicio abreviado, otra de las características del nuevo Código que se presenta como una herramienta para agilizar los procesos. “Es una negociación, casi privada. No ayuda a esclarecer nada, porque se condena en dos meses un hecho sin detenerse en qué contexto social se genera”, analizó Olivares al respecto.

El paso del tiempo continuó con la familia Moreira encabezando movilizaciones junto a organizaciones sociales y de Derechos Humanos reclamando celeridad y compromiso en la causa judicial. Los avances fueron escuetos hasta que el pasado 23 de septiembre se pudo dar con dos detenidos que resultaron sospechosos luego de que se difundiera un video que mostraba un fragmento de la golpiza a David. La jueza Roxana Bernardelli dictó prisión preventiva por cuarenta días a los dos sospechosos por el delito de homicidio calificado. Sobre esta figura, la pena que le cabía a los dos jóvenes detenidos era la prisión perpetua por tratarse de un hecho realizado con ensañamiento y con participación de más de dos personas.

Pero todo cambió rotundamente en las últimas semanas. Luego del cumplimiento de los cuarenta días y una prórroga solicitada, la jueza Bernardelli otorgó prisión domiciliaria sin plazo a los dos acusados. Mientras tanto, Malaponte solicitó que se modificara la calificación legal a homicidio en agresión. Este cambio implicaría que la pena disminuya considerablemente a una condena que va desde dos a seis años. Olivares presentó su rechazo a esta medida y en los próximos días será el fiscal regional Jorge Baclini quien tendrá que decidir con qué acusación la causa llegará a juicio. “Vamos a ir a un juicio en un año electoral, y no se va a generar una actitud de fuerza y guerra judicial contra un linchamiento que viene de la clase media en la que se disputan los votos”, pronosticó Olivares.

Para el letrado, la importancia del “cambio estructural” radica en la necesidad de enfrentar una modificación que ataque los problemas desde la raíz, es decir desde el contexto social, político y económico en el cual se generan. “Tenemos la posibilidad de un juicio oral, pero terminada esa instancia la vocación linchandora y la idea de legitimar la matanza de alguien que comete un delito va a seguir presente”, explicó. En esta línea, Olivares volvió a hacer hincapié en la idea de que las modificaciones superficiales, como en este caso la reforma del Código, no permiten ver progresos globales a nivel sociedad.

No cumple su verdadero objetivo una modificación de esta índole, que en sus supuestos busca la justicia y la igualdad, si los planos generales de la sociedad muestran una brecha de desigualdad cada vez más amplia. Estas diferencias incluso se replican puertas adentro de Tribunales a la hora de encarar el proceso judicial. “Por más modificación que haya, las relaciones de poder están presentes. Quien tenga situación de poder va a tener mejores abogados», analizó el abogado. «Hay una orientación clasista que deviene de las relaciones de debilidad y poder que se expresan ahí adentro”, agregó.

Si bien considera que no se trata de una responsabilidad del poder judicial, Olivares enfatizó en que son decisiones políticas que persiguen los intereses del grupo gobernante. La desigualdad social se traduce también en los procesos judiciales, y sobre esto remarcó: “Se establece una pauta normativa que supuestamente es igualitaria para dos partes que económica, social y culturalmente son asimétricas y eso se ve en el proceso. No se va a resolver superficialmente en un procedimiento presentado como más ágil, inmediato o participativo. Es una gran mentira”.

Martín Stoianovich, desde Rosario